La Cámara de Senadores de la provincia, aprobó anoche el proyecto de Resolución 30.182, según el número que se le asignó en mesa de entradas, que busca condicionar la conducta de los integrantes del cuerpo y quienes son objeto del pedido de la ONG Entre Ríos sin corrupción. El objetivo es detener la aplicación de la resolución unánime del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que la Legislatura dé a conocer la integración de las plantas permanentes, todos los contratados y los subsidios otorgados.

Durante la sesión, el senador por el departamento Uruguay, Martín Oliva (PJ) pidió el ingreso del texto que no estaba previsto. Fue votado por unanimidad. De inmediato, Oliva solicitó su tratamiento sobre tablas. También fue aprobado por unanimidad. Y, posteriormente, requirió la aprobación del proyecto de resolución, sin decir una sola palabra acerca de su contenido. Todos los senadores presentes levantaron la mano. La cuestión se resolvió en no más de un minuto.

El proyecto de resolución es una determinación del cuerpo legislativo que condiciona la conducta de quienes son parte del cuerpo y de quienes son objeto de esa determinación. Fue aprobado por unanimidad, sin lectura en el recinto, y tampoco se puso a disposición.

La aprobación rápidamente tensionó los canales con el Ejecutivo. En danza de la Legislatura hay proyectos políticos gravitantes para la gestión como el Presupuesto 2025, la reforma a la Caja de Jubilaciones y la reforma política.

Acceso a información pública:la Legislatura entrerriana deberá publicar datos de contratos

No es la primera vez que se plantea un conflicto de poderes. Si la Legislatura no brinda la información requerida por la ONG, la vicegobernadora estaría ante una desobediencia judicial. Hay antecedentes de situaciones comparables en Entre Ríos.

Cabe recordar que el pedido de la ONG tiene que ver con reconstruir un mecanismo desde los últimos años hasta la actualidad, aplicado de manera constante en las dos cámaras legislativas, busca desnudar una forma o el mecanismo desarrollado por la Legislatura provincial que empaña el manejo de recursos públicos.