(De ANÁLISIS)

El Gobierno provincial anunció la inversión de 12 millones de dólares de una empresa en Puerto Ibicuy que se hará cargo de las obras que han quedado truncas en los últimos años. La firma del acuerdo fue con PTP Warrant, del holding de capitales nacionales PTP Group, que maneja puertos en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y España. Un crecimiento en el rubro que ha llamado la atención en los últimos años ya que ha pasado a tener un importante dominio en la operación de puertos y en la importación y exportación de mercaderías a través de la Hidrovía. Hace una década viene afrontando denuncias por contrabando, que no prosperaron en la Justicia, pero que hicieron ruido hacia adentro y fuera del país.

Según informó la gacetilla oficial, “en esta primera etapa de relación con el gobierno provincial, la empresa se compromete a invertir 12 millones de dólares en obras de infraestructura. PTP ocupará un espacio en el puerto, el muelle Isla, a fin de concluirlo y ponerlo operativo”. El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto a funcionarios del Instituto Portuario Provincial y el Ente Portuario de Ibicuy, entre otros.

PTP ha obtenido la concesión por 30 años de la zona franca de Villa Constitución; realiza operaciones en San Martín y San Nicolás, y opera una dársena en Buenos Aires; también tiene terminal en Villeta, Paraguay, cerca de Asunción, con una concesión que el gobierno le otorgó por 20 años; tiene un “puerto multipropósito” en la localidad de Murtinho, en el límite de Paraguay con Brasil; en Uruguay, operan en Montevideo y Nueva Palmira, y en el Departamento Soriano adquirió un predio de 266 hectáreas en Punta Arenal.

Es decir, tienen operatividad en todas las vías claves para el comercio exterior de la región, manejan de punta a punta la Hidrovía Paraná-Paraguay y sumarán un nuevo enclave en Ibicuy.

A inicios de este año, aterrizaron en el Puerto de la Bahía de Cádiz, al sur de España, donde están construyendo una planta refrigerada. Y también preparan una gran inversión con enormes depósitos en el puerto de Rotterdam, Países Bajos.

El hombre que aparece en cada una de las firmas de acuerdos y presentaciones de obras e inversiones al lado de los gobernantes de cada lugar es el presidente de PTP Warrants, Guillermo Misiano. Este lunes, en el Centro de Convenciones de Paraná, dijo: “Entre Ríos, en materia portuaria, tiene todo para crecer. La provincia en general, pero Ibicuy en particular, es un gigante dormido”. “Convertiremos al puerto de Cádiz en la puerta de entrada a Europa”, dijo en esta localidad española. Lo que se dice, un tipo con ambiciones.

El lugar preponderante de Misiano en la actualidad quedó más claro en la foto junto a la canciller Diana Mondino y al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en enero de este año. Junto a Tomas Novak, vicepresidente de la empresa estadounidense Nitron, “un trader global de químicos y fertilizantes”, el CEO de PTP Group anunció la inversión de 50 millones de dólares en la zona franca de Villa Constitución.

Las denuncias

En 2016, Elisa Carrió radicó una de sus tantas denuncias por complicidades con el narcotráfico y el lavado de activos, y apuntó contra Misiano y otro empresario muy vinculado a la política, en particular al peronismo, Lucas Gainceraín. Este último es uno de los hombres de máxima confianza del exjefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández.

La exlegisladora nacional los acusó por los delitos de contrabando y evasión al señalar que cuando Fernández dejó el Gobierno, Gainceraín apareció como empleado de en PTP Warrant SA, empresa que operó “las terminales y controló las actividades portuarias en la Hidrovía y desplegó su actividad sin control alguno” hasta Asunción del Paraguay.

En Paraguay, PTP quedó bajo sospecha en la investigación de la Fiscalía Antilavado sobre la firma Gregser, por tener un origen “desconocido”. Esta empresa tenía como única actividad ser proveedora de logística de PTP Warrant.

A su vez, aparecía una tercera empresa, Ponal Terminales Portuarias, de la cual Misiano aparecía como empleado. Carrió había denunciado que esta última y PTP tienen las mismas siglas y funciones complementarias, pero diferentes CUIT.

“Las tres empresas lograron el control del corredor hídrico Paraná-Paraguay y traficaban nitrato de amonio y soja, por ejemplo; la denuncia es por contrabando, lavado de activos y evasión. Ganceraín se deshizo de las acciones hace un año”, sostenía la denuncia de Carrió.

Esta denuncia y la investigación en Paraguay se archivaron sin imputación alguna. “No se encontró nada. En su mayoría PTP Group traslada fertilizantes hacia Paraguay, por lo que hacemos el tráfico inverso”, argumentaron desde la empresa.

Algo que más recientemente llamó la atención fue la designación de Gainceraín por parte del entonces ministro Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a cargo del accionar de las fuerzas federales en Rosario. Un comodín de un personaje turbio de la política nacional en los últimos 20 años que aparecía como un especialista en materia de combate al narcotráfico, en la región más sensible del país por esta problemática, cuando se conocían casos de contrabando de grandes cargamentos de cocaína en la zona portuaria del Gran Rosario.

En medio de la expectativa por la inversión en el sur entrerriano, también surgen los interrogantes sobre quién y cómo se controlará la actividad para que no se conviertan en un lugar de operación de los carteles narcos del país y de la región (más allá de que actualmente es una zona de tránsito regular de cargamentos de droga). En las ciudades portuarias de Sudamérica, esta realidad se viene plasmando de las formas más sangrientas.