La Comisión no Gubernamental que investiga la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 denunciará el jueves en el Congreso lo que no pudo la semana pasada en la Legislatura: "los manejos de la Justicia santafesina para tapar las responsabilidades políticas" en la masacre que dejó ocho muertos en Rosario. El planteo será hecho ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación que ya concedió una audiencia para el jueves, a las 13, según confirmaron dos legisladores nacionales por Santa Fe: Alicia Tate y Eduardo di Pollina. La actividad podría continuar después en la Casa Rosada porque también se gestiona una entrevista con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
El miércoles último, cuatro miembros de la Comisión no Gubernamental: Lilian Echegoy y los abogados Carmen Maidagan, Ana Claudia Oberlin y Enrique Font intentaron plantear la misma denuncia ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia, pero sólo pudieron hacerlo ante tres legisladores opositores: Raúl Lamberto (PS,'); Mónica Peralta (UCR) y Alicia Gutiérrez (ARI). Los cuatro diputados del PJ: Julia Pesaresi, Marcelo Gastaldi, Danilo Kilibarda y Jorge Lagna no concurrieron a la audiencia, aunque después aclararon que se trató de "un hecho fortuito" y "no una decisión premeditada".
Los visitantes interpretaron la actitud de los legisladores oficialistas como "una falta de respeto" a las víctimas de la masacre de diciembre trágico, por lo que ahora llevarán su planteo al Congreso. "Vamos a informar sobre el estado de las causas judiciales y pediremos un dictamen de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación", dijo Echegoy. "Insistiremos en lo que denunciamos desde hace tiempo. La burla a la que nos somete la Justicia de la provincia que inventa y prolonga procedimientos y no investiga seriamente", agregó. Maidagan subrayó la "connivencia del Poder Judicial" con la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 porque "no investiga a los autores materiales y tampoco como operó la cadena de mandos, la famosa orden de operaciones que nunca aparece. Los jueces se tiran el expediente unos a otros sin que ninguno se haga cargo de pedir la información e investigar seriamente".
La abogada recordó el último planteo judicial ante el desdoblamiento de la causa en la que están imputados el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez. "El juez Roberto Reyes (Correccional Octava) quedó con la investigación de los pertrechos y le remitió a la jueza Alicia Doldán (Correccional Primera) la investigación sobre las órdenes. Presentamos un escrito ante el fiscal de Cámara (Miguel Molinari) para que no se desdoble la causa, pero en otro hecho lamentable, éste se negó a recibirlo. Hubo que presentarlo ante el procurador de la Corte Suprema (Jorge Bof) y denunciar al fiscal de Cámara porque se negó a recibir un pedido efectuado como ciudadanos para que las causas se unifiquen, porque la cuestión de los pertrechos es uno de los tantos puntos acerca de cómo se dieron las órdenes y como se planeó todo el operativo en esos días", dijo Maidagan.
‑¿Aún no son parte en la causa?
‑Estamos discutiendo esa cuestión -contestó Maidagan-. Por eso hicimos ese pedido como ciudadanos con derecho de peticionar ante las autoridades. Pero el fiscal Molinari, sin ninguna excusa se negó a recibirlo. No rechazó el pedido, ni siquiera lo recibió -agregó la doctora Oberlin.
‑¿Cuándo ocurrió eso?
‑El 27 de mayo. Por eso denunciamos al doctor Molinari ante el procurador de la Corte, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no aceptar nuestro escrito -concluyó Oberlin.
Informe: Rosario/12.
�
