Tres decretos del 12 de diciembre introdujeron las modificaciones en la planta de personal del la Cámara Baja provincial.

“Considerando que se ha dado inicio a un nuevo período constitucional de gobierno, que la nueva conformación de la Cámara determina la necesidad de organizarla acorde a los requerimientos para un normal y adecuado funcionamiento institucional; que en este honorable cuerpo se venía desempeñando personal político fuera de escalafón que había sido designado por las autoridades salientes, correspondiente al período constitucional que finalizó”; entre otros argumentos se resolvió “prescindir de todo personal político no escalafonado de la Cámara de Diputados que fuera designado por las autoridades salientes”.

Los puestos fueron dados de baja a partir del , y corresponden a “todas las designaciones del personal no escalafonado, efectuadas en esta Cámara de parte de las autoridades salientes correspondientes al período 2007-2011, conforme los considerandos del presente”.

Por otro lado, y alegando el mismo contexto de situación -el inicio a un nuevo período constitucional-, se indicó que “las nuevas autoridades estiman como necesaria y pertinente realizar determinadas modificaciones y adecuaciones a la organización administrativa del cuerpo”; y que “se verifica la celebración de numerosos contratos de locación de obra cuyos objetos no encuadran de ningún modo en la naturaleza jurídica de esa figura, o bien se trata de contrataciones que afectan futuros ejercicios presupuestarios y que debieron haber sido decididas por las actuales autoridades de la Cámara; o bien se trata de verdaderos contratos temporarios, como tales encuadrados en el Estatuto del Empleado Legislativo y que por lo tanto fenecen el día en que culminan los mandatos de los legisladores que interesaron dichas contrataciones; que se hace necesario un replanteo de la organización administrativa y presupuestaria de parte de las actuales autoridades”, argumentaron.

En la misma línea, expusieron “que asimismo corresponde a la actual gestión legislativa ordenar su personal para posibilitar el cumplimiento del programa político elegido democráticamente; que asimismo corresponde advertir que los contratos nominados como “locaciones de obra” además de no revestir tal carácter, comprometen seriamente los recursos presupuestarios correspondientes al mandato de la actual composición legislativa; que en esta nueva gestión que se inicia se impone el ejercicio de la función conferida, en total consonancia con el interés y beneficio público sin dejar al margen la razón, prudencia, discernimiento y buen juicio, de donde la aplicación de la fundamental regla de la razonabilidad sirve para una mejor definición de todo objetivo de la actual gestión; que las autoridades legislativas en función administrativa tienen facultades de rescisión de los denominados contratos de “locación de obra” y que ello se hace necesario en razón del interés público”.

Por lo que se decretó la revocación “a partir del día 10 de diciembre del año 2011 en el ámbito de esta Cámara todos los contratos nominados como locaciones de obra celebrados por parte de las autoridades cuyos mandatos vencieron este año en los casos en que las ejecuciones, términos o plazos excedan la fecha de la finalización del anterior mandato legislativo, conforme los considerandos del presente”.

Por último, se dieron por finalizadas las adscripciones y afectaciones: “Considerando que por otra parte y como casos de excepción, personal perteneciente a la planta permanente de la Cámara de Diputados se encuentra afectado a otros organismos fuera de la misma; que atento a ello corresponde fijar pautas con respecto a la situación de dicho personal; que conforme a lo enunciado se hace necesario que todo el personal no perteneciente a la planta permanente de la Cámara de Diputados, regrese sin excepción a su lugar de origen, asimismo todo personal de la planta permanente del cuerpo que preste servicios en otras reparticiones u organismos del Estado, deberá regresar a la Cámara de Diputados”.

Motivos por los que se decretó. “dar por finalizadas a partir del día 10 de diciembre del año 2011 todas las adscripciones y afectaciones existentes en esta Cámara, como también la de sus empleados que estén prestando servicios fuera de la misma, conforme los considerandos del presente”.