El agrimensor Fernando Alba Posse denunció que fue despedido de la CTM y amenazado de muerte luego de acusar a funcionarios del organismo estatal de ocupaciones indebidas de terrenos. Además, señaló el excesivo pago de indemnizaciones a propietarios ribereños que sufrieron inundaciones. El monto malversado ascendería a unos cinco millones de dólares.

En febrero, cuando debía definirse si Alba Posse quedaba como efectivo de la CTM -decisión que debía ser unánime-, el presidente de la delegación argentina Juan Carlos Cresto comunicó a su par uruguayo Gabriel Rodríguez que no lo quería como funcionario, por lo que fue cesado. En este contexto, Ana María Huergo, envió la primera carta en la que relataba lo sucedido a los presidentes Cristina Fernández y José Mujica, y exigió el esclarecimiento del caso.

Las fuertes declaraciones y el tenor de las denuncias entronaron el caso en las tapas de los medios provinciales y hasta tuvo repercusión en los nacionales. El presidente de la CTM salió repetidas veces a explicar el hecho, y dijo entre otras cosas que el agrimensor faltaba a su trabajo y por eso fue apartado del cargo. Además, tal como lo indicó Huergo en la carta, tildó la denuncia que salpicaba a toda la Comisión como una cuestión en la que jugaban intereses políticos vinculados a la interna del Partido Justicialista. Dijo que las irregularidades que se le adjudicaban eran “un disparate”. También afirmó que los medios periodísticos lo acusaban porque él no es “zurdo como son ellos”.

Después de la primera misiva, la mandataria nacional envió una solicitud de explicación a los funcionarios responsables de la CTM, pero la respuesta nunca se conoció.

En tanto, cinco organismos se dispusieron a investigar el caso: la Justicia Federal, el Tribunal Arbitral de Salto Grande, la Secretaría de Energía, la Cámara de Diputados de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación.

Alba Posse fue citado a una reunión a principios de junio con el secretario de Energía, Daniel Cameron, y la misma se concretó en buenos términos. “Fui recibido por Cameron, donde fui muy bien atendido y escuchado aproximadamente por dos horas. Esto no es muy usual, la impresión que me dio fue muy buena y positiva, se que el pedido de informe de presidencia fue contestado por la Delegación Argentina y elevada a Cameron, pero no tengo ni idea del tenor”, contó el agrimensor.

La segunda carta

Ante la falta de respuestas, el 3 de junio, Huergo volvió a escribir a la Presidenta.

“En virtud de lo expresado en la carta que oportunamente le envié, solicitándole la investigación de las irregularidades producidas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y que fueran motivo del despido encubierto de mi esposo el agrimensor Fernando Alba Posse, quisiera expresarle mi más profundo agradecimiento no solo por el interés y preocupación puesto en este caso, sino también por las acciones concretas derivadas de ello”, manifestó la mujer.

“Sabemos que la CTM de Salto Grande recibió su pedido de explicación de las actuaciones de los funcionarios responsables del despido de mi esposo, como así también de los procedimientos técnico-administrativos que habrían dado lugar a los hechos investigados. Lamentablemente, a partir de ese momento, he recibido como mujer y esposa descalificatorias respuestas oficiales por parte del Presidente Juan Carlos Cresto y del Delegado Argentino Néstor Berterame. Las declaraciones periodísticas del Sr. Cresto (adjuntadas aparte) son una clara prueba de las presiones que denuncié en la primer carta que a usted le dirigí”, alegó.

“Vemos con preocupación la respuesta de los funcionarios de la CTM ante estas presiones generadas por la judicialización de la causa, los medios de comunicación y demás factores que reclaman el esclarecimiento de estos hechos; esas respuestas faltan a la verdad e intentan desviar el nudo del problema apelando a estrategias deshonestas como por ejemplo politizar un caso que carece en absoluto de intencionalidad política o justificar un despido encubierto mediante argumentos falsos y contradictorios”, sostuvo.

“Nada de ello, de mas esta explicar sobre cómo son las cosas realmente, quien podría creer que mi esposo se ha negado a trabajar cuando lo que le está tocando atravesar responde a su compromiso con el trabajo el cual tanto teme nos falte, sería una injusta retribución a su honestidad”, explicó.

“Que funcionarios de tan alta representación del Estado se refieran de esa manera es realmente alarmante, siguen negando la realidad de los hechos, agreden de sobremanera a quienes denunciaron ilícitos, a quienes han prestado colaboración en el esclarecimiento de la causa, difaman a nuestro abogado, se refieren a los periodistas peyorativamente, y en particular el Presidente no tiene prurito en hacer afirmaciones discriminatorias de origen ideológicas o religiosas”, cuestionó.

“Mi esposo se encuentra en estos momentos recuperándose física y psíquicamente de todas estas situaciones de acoso, hostigamiento, persecución y amenazas que sufrió durante los últimos años de trabajo en la CTM, al dejar en evidencia todos los ilícitos relatados y que fueron motivo de la denuncia penal realizada por la superioridad. Los informes de su médico particular y el realizado por la Junta médica psiquiátrica así lo avalan (adjunto copia)”, contó.

“Solo deseo que esta nefasta situación se solucione y el buen nombre y honor de mi esposo se restablezcan con todo lo que ello conlleva. También nos sentiremos todos mucho mejor si la Justicia se expide a la brevedad sobre los hechos denunciados y si el Presidente Cresto y el delegado Berterame dejan de descalificarnos e injuriarnos", solicitó.

"Todo esto, Sra Presidenta, nos mantiene en un estado de alerta que deseamos transmitirle, para que su propia investidura Presidencial no se vea manchada por funcionarios inescrupulosos, que valiéndose del poder que Ud. les ha delegado, lo utilicen en forma arbitraria y mezquina para ocultar y/o tergiversar la realidad a favor de su propio beneficio y/o de terceros”, finalizó.