Incluso acusó que en la primera gestión del actual jefe comunal Gustavo Bordet, desde la comuna “persiguieron a CETRU y se tuvieron que ir”. Posteriormente a la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, la jueza León invitó a que el resto de los imputados abandonara la sala y que solo quedará el ex intendente para prestar declaración.

Luego de las respuestas de rigor con respecto a su identidad, la magistrada reiteró al actual presidente de la delegación argentina de la CTM Salto Grande cuales eran los delitos que se le imputaban, tras lo cual comenzó el uso de la palabra por parte de Cresto. Acto seguido, precisó que siente “bronca, indignación y vergüenza”.

Por otro lado, si bien no lo mencionó explícitamente, se refirió al Dr. Oscar Rovira, por ser “el denunciante de este proceso, que era juez del proceso militar y es un hombre cargado de odio y resentimiento, que nos ha llevado a esta situación”.

Según detalló Diario Río Uruguay, recordó que “desde (el ex intendente de facto) Tiscornia hasta ahora, ningún intendente se hizo cargo del problema de la basura”, ya que “no es un tema que le preocupe a la ciudadanía”, porque “de la única manera que puede preocupar es cuando no se le levante la basura, después lo que se hace (con los residuos) a la gente no le interesa”.

Volviendo al problema encontrado en su primera gestión, Cresto recordó que “cuando uno iba al Abasto se encontraba con carros con caballos donde abajo había bebes durmiendo”, aunque aclaró que esa postal se repite en la actualidad, ironizando con que “y si no es así yo acepto a que me condenen a lo que sea”. Pidiendo a las autoridades judiciales que “tengan en cuenta que hoy somos una ciudad con el 6 por ciento de desocupación. Imagínense eso (el Abasto) con un 20 por ciento de desocupación”.

Quien ocupara durante dos gestiones el sillón de intendente de Concordia, se refirió a las críticas que en el expediente obran por parte de funcionarios de carrera del área de Medio Ambiente de la municipalidad.

Asimismo, expresó que al cierre de su primer intendencia fue seguida de “la crisis nacional, provincia y local y no había para pagar sueldos, menos para el campo del abasto”, por lo que en el año 2003 “cuando asumo la segunda gestión, el campo de abasto había vuelto a ser tierra de nadie y de noticias en los medios nacionales”.

Fue en ese contexto donde apareció el entonces Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Gabriel Moguilner, solicitando a la municipalidad de Concordia “entre 70.000 y 80.000 para una consultora”, ya que el funcionario anunciaba “su proyecto de provincia dividida en cuatro regiones”. Pero Cresto señaló que “si ustedes ahora le preguntan en donde colocó una planta de tratamientos no hay ninguna”. Pero que en aquel momento viajó junto a otros intendentes de la provincia para informarse sobre los créditos para financiar “la instalación de plantas de tratamiento, entregadas llave en mano. Entonces fuimos y firmamos en un edificio de Perú (en Buenos Aires). Pero nunca nada apareció”.

Es allí, donde según el imputado aparece la firma Compañía Entrerriana de Tratamiento de Residuos Urbanos (CETRU) que llega a través “de un contacto que hace un amigo de apellido Schneider”.

Tras las primeras charlas, los directivos de la firma invitan al intendente y otros funcionarios a visitar una planta modelo en la provincia de Buenos Aires, que termina convenciendo al ex jefe comunal de las bondades del proyecto y se avanza “en el acuerdo para contratar con esta empresa”.

En un momento, Cresto entiende que “quizás mi error fue no decirle a Otogalli (por entonces titular del Área Jurídica de la municipalidad”, mire doctor, hágame un dictamen por escrito diciéndome que (el reciclado) no es un servicio público”.

Aunque, sostuvo que “eso no hubiera cambiado la cosa, porque quizá estaría procesado también Otogalli, o tal vez solo él y nosotros no”, reiterando que “ese fue mi error, porque todos estábamos convencidos que estábamos resolviendo un grave problema ambiental y social”.

Cresto aseveró que de acuerdo a su óptica, “CETRU firmó y cumplió con instalar la planta” y que el resultado hubiera sido otro si se escuchaba su pedido a la gestión que lo sucedió y se respaldaba el emprendimiento. En esa línea, indicó que llevó “al intendente Bordet para que vea como se trabajaba en el campo del Abasto (cuando aún estaba CETRU) y le digo, Gustavo a esta gente hay que darle una mano, porque esta es la solución del campo del Abasto”.

Pero “lamentablemente hay funcionarios que a veces no acompañan, yo se lo dije a (Gustavo) Bordet y a (Néstor) Loggio (actual Secretario de Trabajo y Medio Ambiente) cuando los encontré, les dije que a CETRU lo persiguieron porque querían que se quede una cooperativa con todo eso, total toda la inversión ya estaba hecha”.

Cresto esgrimió ante la jueza que “además de político soy empresario y conozco que los empresarios están para ganar plata. Por eso entendía que había que acompañarlos en este proceso hasta que la firma se afianzara”. Lamentando que luego la iniciativa fue entregada a una cooperativa de trabajadores “que no anduvo, tampoco anduvo un privado que vino después”, mientras que “a la cooperativa que esta ahora les paga la municipalidad, pero no reciclan la basura de Concordia, sino de los pueblos de alrededores. Es una lastima pero es lo que hay”.

Sobre el cierre hubo una serie de preguntas por parte de la fiscal María José Fonseca, quien tal como se señalara en otro artículo debió soportar un incomodo momento cuando desde la defensa -ejercida por los abogados José María Giorgio y Oscar Bagigaluppe- le pidieron precisiones sobre la requisitoria de elevación a juicio, evidenciando la funcionaria judicial que su contacto con la causa era reciente.