De ANALISIS DIGITAL

Las redes sociales son el centro de la atención cuando de irregularidades en el servicio Etacer-Fluviales se trata. En Facebook el grupo “Conflicto Etacer-Fluviales” se agrupan las reiteradas críticas a las empresas y a otros sectores por la situación actual. En la actualidad no sólo las habituales demoras del servicio que generan largas filas en ambas terminales forman parte de la odisea diaria de trasladarse de una ciudad a otra. La escasez de tarjetas SUBE y el cercenamiento del derecho a una tarifa diferenciada para los estudiantes hacen que los mismos deban pagar un pasaje de 16,25 pesos, lo que genera un costo de 32,50 pesos para ir y volver a la facultad o el trabajo si no posee o consigue la tarjeta SUBE.

Las empresas que se aprovechan de la situación, reciben grandes caudales de dinero en materia de subsidios gubernamentales sin control. El gobierno provincial, que sólo reaccionó ante la presencia del movimiento estudiantil en la calle reclamando por sus derechos, logró un aumento inferior a principios del año pasado y luego el tema pasó al olvido. Además, Etacer-Fluviales nunca regularizaron la cantidad de los servicios y las demoras en horarios pico son cada vez más intensas. Hay franjas horarias en las cuales los usuarios deben esperar hasta dos horas desde que se compra el pasaje hasta que se pueden subir al micro.

La misión de adormecer la lucha

La ciudadanía encontró en estado asambleario la forma efectiva de canalizar sus reclamos y dar forma organizativa a los mismos para satisfacer las necesidades que generan las empresas privadas en complicidad con los gobiernos de turno. El seis de enero del 2014 un centenar de estudiantes se reunieron en la primera de las asambleas por el conflicto Etacer-Fluviales en la plaza Alberdi de la ciudad de Paraná. Las reuniones fueron varias y no faltó mucho tiempo para que se presenten los militantes oficialistas a cumplir con el mandato de apaciguar el conflicto.

Ante la efervescencia de los usuarios independientes y los argumentos de los sectores opositores al gobierno de Urribarri, el rol que cumplió la militancia K al principio fue el de desviar la atención del reclamo sólo hacia las empresas, cuidando al gobierno provincial. Cuando el desarrollo propio del reclamo y la formación en la materia de los integrantes de la asamblea hizo que sea imposible dicho recorte de la realidad, fue cuando la militancia obsecuente al gobierno dio el paso letal para la asamblea, que comenzó siendo “un espacio democrático” y finalizó siendo un estorbo para el poder y sus defensores de base.

Hasta ese momento la asamblea reclamaba la apertura de los libros contables de las empresas y una audiencia pública para que se sepa como se conformaba la tarifa y saber a donde iba a parar el caudal de subsidios ante la ausencia de control público. Dicha orientación pareció molestar al conglomerado de militantes que reunía a agrupaciones estudiantiles ligadas a espacios kircheristas como lo son el Partido Comunista Congreso Extraordinario (PCCE), el Partido Comunista (PC), la JP Descamisados y el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE) Camilo Cienfuegos, entre otros.

Algo similar se pudo observar con el rol que ocuparon los militantes del Movimiento Nacional Reformista (MNR), brazo universitario del Partido Socialista y la Franja Morada, de la Unión Cívica Radical. El conflicto que unía a dos provincias, también unía la voluntad de militantes oficialistas de ambos distritos. Aunque cabe aclarar un matiz: la asamblea resolvió no marchar a casa de gobierno de la provincia de Entre Ríos por la votación en conjunto del kirchnerismo, el radicalismo y el socialismo; mientras que en la provincia de Santa Fe, la misma asamblea resolvió marchar a casa de gobierno a pesar de la negativa de Franja Morada y el MNR. El kirchnerismo votó a favor de marchar en Santa Fe, mientras que la ingenuidad de los espacios oficialistas santafesinos quedó en evidencia.

La última asamblea, ya en la Terminal de Ómnibus de Paraná, fue el punto cúlmine de la voluntad del aparato kirchnerista. Con funcionarios importantes del gobierno de Urribarri presentes por primera vez en la asamblea, como Nicolás Mathieu, actual presidente de la Federación Universitaria de Entre Ríos y de alta jerarquía en Instituto Autárquico Becario Provincial (InAuBePro), los kirchneristas propusieron la disolución de la asamblea para el paso a la conformación de una Comisión Seguidora del Conflicto que sea la que tenga la facultad de convocar a un estado asambleario si la realidad así lo requería. La propuesta fue aprobada por el conjunto de militantes kirchneristas y empleados de distintos ámbitos del gobierno provincial, en contra el voto de los estudiantes independientes, militantes de agrupaciones de centro y de izquierda, como así también trabajadores usuarios del servicio.

Una vez aprobada, dicha comisión se reunió un par de veces en la sede de la Casa de la Juventud, otro espacio oficialista, y nunca más se supo noticia alguna de su accionar. En la actualidad y ante la emergencia de un reclamo por irregularidades en el servicio que garantiza el derecho a la libre circulación, al trabajo y a la educación, los militantes kirchneristas y la Comisión Seguidora del Conflicto, nada han dicho, por haber cumplido con el mandato superior: la disolución del punto de conflicto.

Foto: Paraná Hacia el Mundo.