En tanto, sólo se podría abortar fuera de este plazo si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves.

Pero además, la Campaña promueve una fuerte intervención del Estado que va más allá de su propuesta legislativa y que se resume en el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

El primer debate sobre el aborto en el Congreso de la Nación se produjo el 1 de noviembre de 2011 en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, en el marco de una importante movilización ciudadana donde no faltaron incidentes entre “pro” y “anti-abortistas”, separados por una gran valla que dividía la avenida Rivadavia frente al Palacio Legislativo.

En esa oportunidad, las firmas no alcanzaron para emitir dictamen y desde entonces, no hubo más que trabas y el debate sigue esperando. Hay quienes aseguran que el tema “no está en agenda del Poder Ejecutivo”, aunque el propio jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, mostró voluntad para abrir el debate.

El tema quedó afuera del nuevo Código Civil, aún pendiente de sanción, ya que éste regula “las consecuencias” del nacimiento de una persona. “Si nace vivo, uno tiene que regular la filiación, la sucesión, las relaciones familiares y patrimoniales”, había explicado el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

El nuevo Código Penal, otro de los debates fuertes de este año, tampoco contempla cambios en cuanto a los abortos no punibles, que se permiten sólo en caso de violación.

En la Argentina se calcula que abortan clandestinamente más de 500 mil mujeres al año, “lo que demuestra que la penalización de esta práctica resulta inútil”, sostienen los legisladores en los fundamentos.

Agregan que “el aborto clandestino es un problema de salud pública por ser la primer causa de muertes maternas, es un reclamo de justicia social ya que las principales víctimas son las mujeres pobres y de respeto”.

Además, los diputados aseguran que el proyecto “se inscribe en el reconocimiento de pactos y convenciones de derechos humanos y sus protocolos facultativos, que nuestro país adhiere, para garantizar el derecho a la vida”.

El proyecto encabezado por Segarra lleva las firmas de Manuel Garrido, Juan Carlos Zabalza, Laura Alonso, Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Claudio Lozano, Alcira Argumedo, Carlos Heller, Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Ramona Pucheta, Carla Carrizo, Gladys Soto, Juliana Di Tullio, Diana Conti, Adriana Puiggrós, Araceli Ferreyra, Andrea García, Virginia Linares, Alicia Ciciliani, Mara Brawer, Miguel Bazze, Víctor De Gennaro, Carlos Raimundi, Ricardo Cuccovillo, Horacio Pietragalla Corti, Mónica Gutiérrez y Fabián Peralta.

También adhirieron Héctor Recalde, Roy Cortina, Jorge Rivas, Elida Rasino, Eduardo Santín, Gloria Bidegain, María del Carmen Bianchi, Edgardo Depetri, Omar Barchetta, Antonio Riestra, Gabriela Troiano, Silvia Scotto, Fabián Rogel, Leonardo Grosso, Mario Oporto, Gastón Harispe, Remo Carlotto, Enrique Vaquié, Herman Avoscán, Juan Carlos Junio, Pablo López, Liliana Ríos, Verónica Magario, Ana Carolina Gaillard, María Eugenia Zamarreño, Josué Gagliardi, Jorge Barreto y Liliana Mazure, consignó Parlamentario.