Los jueces de la Cámara Primera en lo Penal tendrá a su cargo resolver sobre los recursos de apelación planteado por la defensa de los imputados, luego del procesamiento resuelto por Barbagelata.

La medida fue tomada por la magistrada el 30 de abril, cuando resolvió dictar el Procesamiento de Héctor Alberto Alanís, Humberto Carlos Re, José Maximiliano Cretton Pereyra y Maximiliano Alanís por la comisión del delito de peculado. Notificadas las partes, las defensas de todos los imputados presentaron sendos recursos de apelación, informaron desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La causa fue elevada el 31 de mayo a la Cámara Primera en lo Penal de Paraná, quien tendrá a su cargo la resolución de los recursos de apelación planteados.

En un principio, la investigación iniciada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), también apuntaba al ex legislador Elcio Viollaz (UCR-Colón), pero Viollaz nunca pudo declarar por un problema de salud que lo aqueja hace un buen tiempo.

Los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, que defienden al ex vicegobernador y a su sobrino -que cumplía funciones administrativas-, como así también el letrado Rubén Efraín Cabrera, quien asiste Crettón Pereyra, solicitaron a Barbagelata el “sobreseimiento” de sus clientes. Pero la jueza rechazó cada uno de los planteos, al hacer lugar a la contundencia del planteo del procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García y de la fiscal Laura Cattáneo, en el sentido de avanzar en la causa, después del parate que duró varios años, como consecuencia del cajoneo que adoptó el entonces juez de Instrucción, Héctor Toloy, quien nunca se apartó del expediente, pese a haber sido asesor de la Cámara Alta provincial.

Tal como revelara la revista ANALISIS el año pasado, el escrito del procurador General, en el cual se basó la fiscal Laura Cattáneo al hacer la acusación, criticó duramente a la etapa de instrucción por su “ligereza y falta de rigor analítico” respecto de “un hecho institucional gravísimo”, como lo es que “un vicegobernador y altos funcionarios de uno de los máximos poderes del Estado provincial, el Senado, sustraigan fondos públicos mediante una cuenta fantasma”. García también le apuntó duramente al Tribunal de Cuentas, por mirar para otro lado ante la maniobra fraudulenta. “El yerro silogístico consistió en remplazar la premisa mayor por una conclusión anticipada que es falsa: los acusados auditores dicen que controlaron, sin dar ninguna razón de ello. Ergo: si lo dicen ellos -premisa menor- no pudo existir peculado. Esto es una falacia; es decir, un argumento de apariencia pero falso, que sustituye el análisis riguroso de la prueba pericial, que desde la denuncia se agregara y que coincide con lo afirmado por los peritos oficiales Escales y sobre todo el contador Cozzi, por una afirmación absurda de los acusados, los sobreseídos Cristian Treppo (actual intendente de Seguí) y Pérez”, dijo García.

Según el procurador, “aún cuando los acusados principales Alanis o Crettón Pereyra hubiesen hecho desaparecer todo atisbo de papel, es imposible que ante semejantes montos a auditar, como dice Cozzi, los funcionarios encargados del control in situ no recordasen nombres, cargos, ni guardasen siquiera papeles de trabajo, copias o anotaciones sobre los movimientos y transferencias hacia la irregular cuenta corriente, en el Programa 18. Como se verá, en el cruzamiento contable de los restos o huellas de los delitos cometidos, nunca los auditores (del Tribunal de Cuentas) hicieron un control debido, sino que se limitaron a esperar la mera rendición tardía, dibujada, que les remitieron los acusados”, acotó García.