Por JCB de ANÁLISIS DIGITAL

El 19 de junio, ocho entidades ligadas a la construcción entrerriana realizaron una conferencia de prensa donde reclamaban mayor seguridad jurídica. Lo hicieron sin referirse a ningún hecho en particular, pero en realidad tenía un objetivo claro: oponerse a un fallo judicial de la Cámara en lo Contecioso Administrativo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Los jueces Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo González Elías resolvieron, en fallo dividido, instar al municipio de Paraná a que haga valer su poder de policía y frene la obra de calle Catamarca al 600. Allí, los empresarios pretenden levantar el edificio más alto de la región, en una obra polémica que ha sido frenada por irregularidades.

La Justicia comprobó que la habilitación de dicha obra fue realizada sin cumplir con la reglamentación vigente. El fallo aseguró que la aprobación de la obra fue ilegítima puesto que la Comisión Asesora de concejales que debía disponer de la habilitación municipal, sesionó con menos de la cantidad mínima dispuesta por la norma. "Yo formaba parte de esa comisión y nunca se me notificó de nada", había dicho el ex concejal Miguel Rettore a la revista ANÁLISIS. La comisión que aprobó la polémica obra sesionó con menos de la mitad de miembros, a pesar de que la norma básica legislativa indica que el quórum mínimo es la mitad más uno.

A raíz de esto, los empresarios convocaron a dicha conferencia de prensa y además emitieron una solicitada que salió publicada en distintos medios de la provincia. Lo que no se conoció en su momento y causó malestar en sede judicial fue que dicha solicitada estuvo dirigida a los jueces que fallaron contra los constructores del edificio de calle Catamarca. El presidente de la Asociación de Desarrolladores Urbanos (Aduver) Enrique Gini, firmó el texto que se refería a la falta de seguridad jurídica en todo el ámbito provincial, pero estaba redactada exclusivamente pensando en el futuro de la obra de la torre más alta de la región. De hecho, Gini es propietario de la empresa Chiave SRL, constructora que tiene a cargo la obra.

"Las entidades firmantes de la presente, representadas por suficientes apoderados, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a la totalidad de los integrantes del Máximo Tribunal de Justicia de esta provincia, a fin de hacerles entrega, y ponerles en cabal conocimiento, del contenido de la solicitada publicada en diferentes medios, cuyos términos damos por reproducido. Sin otro particular, y estando a vuestra disposición para cualquier aclaración sobre lo expuesto en la misma, saludamos a Ud. con nuestra máxima consideración", señaló la nota que acompañó a la solicitada dirigida a los jueces que fallaron contra la obra. Curioso es que se pongan a "vuestra disposición" a través de una solicitada pública y no constituyéndose como parte en el proceso judicial, que son los mecanismos constitucionales adecuados para hacer los reclamos que crean necesario.

En realidad, esto significó un intento de presión a los jueces que fallaron contra de la obra. Gini, uno de los empresarios ligados a la obra, firma la solicitada en representación de una entidad con fines personales. Además, el pasado fin de semana realizó declaraciones al programa X-Más TV, donde describió las bondades de su emprendimiento privado y la inversión tecnología de alto costo, a pesar de que el edificio de calle Catamarca es la única obra donde están ejecutando dicha inversión. Antes había salido a defender la obra el arquitecto y uno de los fiduciantes, Marcelo Cassano.

Las entidades que firmaron la solicitada son: Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codepa), Colegio de Arquitectos de Entre Ríos (CAPER), Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER), Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (CPISER), Asociación de Desarrolladores Urbanos y Viviendas de Entre Ríos (Aduver), la Cámara Argentina de la Construcción (Cac-ER), Asociación de Desarrolladores Urbanos y Viviendas de Entre Ríos (Mmoytec) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

La palabra de los vecinos

Unas diez vecinales acompañadas por la Asamblea Vecinalista Ciudadana, emitieron un documento donde respondieron a los dichos de Gini: "En la situación de la obra más cuestionda, usted está incluido dentro de la comisión revisora que necesariamente una obra de esta envergadura debió pasar sin excepciones. A la vez, usted señor Gini, forma parte de dicha comisión del Código Urbano lo que lo convierte en arte y parte y lo deja en total dominio de la situación. No sabemos cómo es su conciencia, pero ¿usted puede dormir tranquilo?", se preguntaron los vecinos en el texto que fue enviado a ANÁLISIS DIGITAL.

"Usted aduce que los inversores privados no vendrán por tanta queja. Pues sepa que un inversor honesto sí vendrá, sí hablará con sus vecinos, sí atenderá sus reclamos, no expondrá los puestos de trabajo y le dará seguridad en todos los sentidos. ¿Usted que ha hecho? Por casualidad, la primera vez que le vemos la cara es a través de un programa televisivo", lamentaron los vecinos.

Para finalizar, reclamaron por mayor calidad democrática en Paraná: "La democracia es el poder del pueblo delegado, actualmente convertida en un patchwork, logrando políticos y personas como ustedes, que esta democracia sea una parchecracia", lamentaron.

La polémica obra

Como ha quedado demostrado, aquella conferencia de prensa liderada por el reconocido empresario ligado a la obra pública Miguel Marizza y la correspondiente solicitada firmada por las ocho entidades -dentro de las cuales está la rúbrica de Gini- no se dirigía a los términos generales que hicieron referencia ante los medios. La tinta y palabra derramada iba contra los jueces que fallaron contra de los intereses de los constructores. Como es habitual, los dueños del capital echan mano a la "falta de seguridad jurídica" cuando se le afectan sus propios intereses.

La obra que lleva varios años de conflicto sigue su curso, a pesar del fallo judicial, porque el municipio a cargo de Sergio Fausto Varisco así lo ha permitido. El Poder Ejecutivo Municipal no desoyó el fallo, sino que utilizó maniobras dilatorias dentro de sede judicial para garantizar la continuidad de la obra. "Si no hay nada ilegal, nosotros no vamos a prohibir ninguna obra", había dicho Varisco en una de las oportunidades que se le preguntó por el edificio de calle Catamarca. Las irregularidades en la habilitación, descriptas por el propio fallo de la Cámara en lo Contecioso Administrativo, no forman parte de la "ilegalidad" a la cual Varisco se refirió. O al menos esto parece, porque la obra sigue su curso a pesar de que la Justicia instó al municipio para que se frene la obra hasta tanto no se habilite como corresponde.

Cabe recordar, como denunció este medio, que la obra está a cargo de un grupo fiduciario que tiene un titular: Hugo Alberto Mardón. La construcción supera en costos los 100 millones de pesos y, mientras que Mardón tributa ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como Monotributista clase C. Los números, como la habilitación, tampoco cierran en lo que respecta a la construcción del edificio más alto de la región.