Cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) golpea al Poder Ejecutivo lo hace siempre en el mismo lugar: el Consejo de la Magistratura, órgano asesor que evalúa a futuros funcionarios judiciales. La crítica que se repite es el tiempo que se toma el organismo para llevar adelante el proceso que se divide en tres etapas: Antecedentes, Oposición y Entrevista Personal.

La nueva reglamentación del Consejo estableció que el puntaje de los antecedentes y la prueba de oposición sean entregados al concursante en forma conjunta, para, de esta manera, acortar el tiempo de impugnación de los resultados de ambas etapas a uno y no dos actos administrativos. Esa reforma se hizo pensando precisamente en recortar los tiempos del proceso de evaluación que se dilataban en buena medida por las permanentes apelaciones.

La presidente del alto cuerpo, Claudia Mizawak, insistió en una entrevista radial con lo que había dicho unos días antes en el discurso inaugural del “año judicial”: que los largos interinatos en la Justicia obedecían a dilaciones en el Consejo de la Magistratura.

“Se demoran mucho los procedimientos de selección. Dónde está la demora. Visto desde afuera lo que veo es que desde que nosotros comunicamos la vacante al Consejo hasta que se cubre cuántos años pasan”, se preguntó, irónica, la doctora, quien confesó que no tiene “un estudio riguroso” al respecto. Enseguida puso un ejemplo: “El juez penal de menores, único juzgado penal de menores de Paraná, hace cuatro años que se comunicó la vacante y recién el viernes pasado (no este sino el otro) llamaron a concurso. Ahí no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo ni el Senado”, salvó.

Mizawak saludó la “amplia composición” del organismo que calificó de “saludable”. Pero apuntó: “Desde otro punto de vista es muy amplia en cuanto al número de integrantes. Más personas más dificultades para convocarlas y tomar decisiones, por ejemplo”.

El organismo lo integran: uno por el Poder Ejecutivo; un titular y un suplente por la Asociación de Magistrados; un titular y un suplente por el Colegio de Abogados; un titular y un suplente de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER); un miembro de una ONG; un miembro por la UCA; otro por la UNL; y el último por la UCU.

Cuestionamientos

Las designaciones de las vacantes en la nueva Cámara de Casación de Penal generaron polémica. Uno de los nombres propuestos, en rigor el de la relatora Paola Firpo, fue cuestionado porque la elegida por los vocales de la Sala Penal del Superior no tendría la experiencia suficiente.

El año pasado, la seccional Concordia del Colegio de Abogados, cuestionó al alto cuerpo al acusarlo de aplicar un “favoritismo arbitrario en las designaciones para cubrir puestos vacantes en los tribunales” de ese distrito.

Por Constitución, ante una vacante en el Poder Judicial, es el STJ quien debe cubrirla para garantizar el servicio ante la comunidad. La misma se extenderá lo necesario hasta tanto el Consejo de la Magistratura convoque a un concurso, eleve una terna al Poder Ejecutivo y, previo acuerdo del Senado, se designe al magistrado.

Una solución concreta para democratizar las designaciones en la Justicia y darle al magistrado suplente un mayor respaldo institucional fue plasmada en un proyecto de ley que se encontró con la negativa permanente del Superior Tribunal.

Se trata de una iniciativa que data de 2009 que tiene media sanción del Senado y establece: a) El Consejo de la Magistratura remitirá al Poder Ejecutivo listados de candidatos a cubrir transitoriamente según la competencia territorial; b) El órgano asesor podrá incluir en las nóminas candidatos ternados en un concurso para magistrado titular y candidatos que hayan obtenido una calificación superior a 30 puntos en la prueba de oposición; c) El número de postulantes por listado será establecido por el Consejo según las características de fuero, instancia y competencia territorial.

Una vez confeccionada las listas con los ternados, el Ejecutivo solicitará al Senado que preste acuerdo para que finalmente se encuentren habilitados los postulantes a cubrir las vacantes transitorias.

El abogado Julio Federik, como convencional constituyente, presentó, sin suerte, un proyecto en ese sentido. Las veces que fueron consultados los integrantes del Superior Tribunal, este procedimiento para cubrir suplencias se encontró con una respuesta negativa.

Fuente Página Judicial