Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

Leyendo algunos trabajos sobre una especie de nuevo feudalismo nacional –que algunos consideran reciclado por la era Kirchner-, intentamos hurgar en este tema situado en las antípodas del ejercicio democrático y anclado en prácticas reprochables como el nepotismo exacerbado y el afán obsesivo por la riqueza, donde el poder sirve de inmejorable paraguas protector. No se debe soslayar que el plan K de perpetuación consistía en una alternancia indefinida entre ambos cónyuges, proyecto frustrado por el imprevisto fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010 (pero en Santa Cruz ya se había desarrollado un buen modelo).

En estos bolsones reñidos con la asepsia política, donde existe una gimnasia de corruptela, una búsqueda de control del poder total –que hace trizas el sistema republicano y la posibilidad de contrapesos- y una descarada impunidad, germinan los feudalismos. Esta caracterización ha expuesto a varias provincias -en especial del noroeste- atribuyéndoseles historias nada edificantes.

Se alude particularmente a la emblemática Catamarca de los Saadi, dinastía que vio sacudidos sus cimientos tras el crimen de la joven estudiante María Soledad Morales, asesinada el 8 de septiembre de 1990 por “hijos del Poder”, quienes gozaron de encubrimiento político y judicial hasta que largas movilizaciones populares encabezadas por la Hermana Martha Pelloni forzaron sendas condenas.

Si bien se entiende que la dinastía Saadi perdió cierta hegemonía directa, Lucía Corpacci, quien gobernó entre 2011 y 2015 y logró su reelección hasta 2019, es prima hermana de Ramón Saadi (éste fue dos veces gobernador). Fiel a su ADN político, Corpacci designó en resortes del poder a 106 familiares (marido, hermanos, cuñadas, primos, sobrinos, familiares políticos y parientes más lejanos), succionándole al Tesoro provincial más de 1.200.000 pesos mensuales. El tío político de Lucía, Armando “Bombón” Mercado (fallecido hace un par de años), era esposo de Alicia Kirchner y padre de Romina y Natalia Mercado Kirchner, nombres que salen a la luz por su intervención en la causa Hotesur y en la vinculada con la compra y venta irregular de tierras fiscales en la provincia patagónica que involucró a sus progenitores.

Han existido prototipos de feudalismo histórico sin frenos. Pero sobreviven formas de esta práctica tan seductora que ni siquiera atinan a disimularse porque se exhiben frontalmente. Y ello es así porque la impunidad pareciera estar garantizada. Hay datos concretos de esta nueva “generación de feudales” que no pueden pasarse por alto. El orden utilizado es arbitrario y por lo tanto no supone categorizaciones ni grados de mayor o menor gravedad. Apelamos sólo a algunos más, donde se desnudan los negociados más execrables y actitudes de nulo ejercicio de la ética.

En Santiago del Estero el gobernador “radikal” Gerardo Zamora, impedido de un tercer mandato consecutivo por decisión de la Corte Suprema, solucionó el problema poniendo como candidata a sucederlo a su propia esposa, Claudia Ledesma Abdala e instalándose él en la línea sucesoria de la presidente Cristina Fernández. En Chaco los enjuagues de Jorge Capitanich matizados por enroques de poca envidiable habilidad, nuevos cargos con retención de los anteriores y naturalización del peculado en beneficio de familiares, dan cuenta de una continuidad imprescindible para encubrir graves desvíos.

En San Juan, el mandatario José Luis Gioja (2001-2015), fue denunciado por sus buenas relaciones con la multinacional minera Barrick Gold, rechazando todo intento de resistencia de los sectores ambientalistas. Este gobernante y los directivos de la empresa, han sido denunciados por entregar los recursos naturales en desmedro de la salud de los argentinos. ¿Ejemplo? El derrame de cianuro que no pareció preocupar lo suficiente al poder.

Las prácticas feudales tienen como molde facilista, cuando la ley impide la reelección, hacerse de un candidato marioneta controlable sin dificultades. Es una especie de autoridad delegada temporalmente. Este tipo de administraciones tienen en común varios condimentos: control de resortes económicos y políticos, acceso expedito a grandes extensiones de tierra, emprendimientos inmobiliarios, negocios diversos y manejo de cuentas bancarias ocultas en ignotos paraísos fiscales. El sistema feudal modernizado e inteligentemente lubricado, ha llegado inclusive a compartir por izquierda el manejo de casinos, mineras y petroleras.

Sería un olvido imperdonable no citar como ejemplo de feudalismo irritante sin límites ni frenos, al régimen “juarista” que gobernó Santiago del Estero durante más de medio siglo, encabezado por el matrimonio de Carlos Juárez y Nina Aragonés, siendo calificado como el medioevo argentino. Pobreza social y miseria política se aliaron, sostenidas sobre la base de un autoritario modo de gobernar y a la vez enriquecerse ilícitamente. Un levantamiento del pueblo empobrecido terminó en diciembre de 1993 con el gobierno títere del juarista Carlos Mujica, haciendo caer los tres poderes del Estado e incendiando edificios públicos y viviendas de políticos corruptos. La provincia fue intervenida por el gobierno nacional.

En las últimas semanas arreciaron denuncias periodísticas muy fuertes que ponen el acento en los tres poderes del Estado entrerriano, mencionando a ex y actuales funcionarios públicos e imputándoseles graves hechos que podrían quedar comprendidos en el Código Penal. Ha habido presentaciones en tribunales y ciertos medios se encargaron de añadir elementos que inéditamente rozarían al propio Poder Judicial.

Semejante situación merecería ser aclarada y en esto no tiene cabida la archi conocida respuesta de “no pierdo el tiempo en responder pavadas o falacias”. Existen preceptos muy claros de nuestra Constitución provincial que ordenan acusar para vindicarse a todo funcionario, sin excepciones. Teniendo en cuenta que se han divulgado públicamente datos precisos que enlazan a altas autoridades y generan natural desconfianza en la sociedad sobre sus conductas, sería impostergable poner en marcha la maquinaria judicial cuya respuesta deberá ser rápida y contundente.

De ningún modo nos atrevemos a asegurar que nuestra provincia integre la triste nómina de dinastías feudales, pero la preocupación colectiva deviene de advertir atisbos peligrosos que avanzarían en esa dirección.

El gobernador Gustavo Bordet debería acentuar sus esfuerzos en procurar respuestas inmediatas, desprenderse de cualquier tipo de indulgencia y darle a los gobernados la certeza de que estamos muy lejos de esas prácticas repudiables.

Nuestra confianza permanece intacta, tanto como nuestra fe en las instituciones fundamentales y en la limpieza de la política concebida como un camino seguro hacia el bien común. La mujer del César no sólo debe ser sino parecerlo. Cuando la política se mete por la puerta de los tribunales, la justicia se termina escapando por sus ventanas.

Si todo lo publicado por la prensa resultase cierto ¿en qué categoría de moldura política se terminaría encuadrando? Los fiscales deberían asumir la enorme responsabilidad de buscar la verdad y “hacer lío” como diría el Papa Francisco.

La valoración debe hacerse desde lo cualitativo y no de lo cuantitativo. Un régimen no es más o menos feudal. Una mujer no está más o menos embarazada. Poco interesa si se trata de pequeños, medianos o grandes feudalismos. Siempre serán feudalismos. Hay que remarcar que nadie puede ser declarado culpable en tanto no se lo pruebe. Pero cuando cabe aplicar la reversión de la carga de la prueba, tal precepto se modifica.

A riesgo de parecer tremendistas, exponemos nuestro honesto pensamiento. En todo caso la última palabra la tendrán los resultados cuando se haya investigado a fondo y sin privilegios ni contemplaciones para nadie.

Detrás de todo clan feudal se esconde una obsesiva ambición de poder y riqueza. Muy bien nos viene esta frase de José de San Martín: “Sacrificaría mi existencia antes de echar una mancha sobre mi vida pública por ambición”.