Desde enero, María R. viene pidiendo que alguien la escuche por la situación de violencia psicológica y familiar que atraviesan ella y su hijo, de parte de su expareja, Nicolás Mattiauda, ex legislador provincial. La denuncia que publicó ANALISIS, hoy se replica en medios nacionales como Página/12.
Desde diciembre, María R. viene pidiendo que alguien la escuche por la situación de violencia psicológica y familiar que atraviesan ella y su hijo, de parte de su expareja, Nicolás Mattiauda, ex legislador provincial, dirigente del PRO y referente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. La denuncia que publicó ANALISIS, hoy se replica en medios nacionales como Página/12.
María atraviesa un tratamiento oncológico, un desalojo inminente y el dolor más agudo: hace tres semanas que no ve a su hijo de siete años. La Justicia de Entre Ríos le otorgó la tenencia al progenitor Nicolás Mattiauda –ex legislador provincial, dirigente del PRO y referente de la Sociedad Rural- tras una denuncia por una demora de 24 horas en la entrega del niño. Un caso donde el sistema judicial parece actuar como brazo ejecutor del castigo patriarcal.
“Mamá, hacé algo que quiero estar con vos”. El mensaje llega por WhatsApp, en un susurro, casi como un secreto de estado. Quien lo envía es S, un nene de siete años que hoy vive un desarraigo forzado. Del otro lado, M escucha la voz de su hijo mientras intenta recuperarse de una cirugía reciente, tiene cáncer, está bajo tratamiento con anticuerpos y, en medio de la pelea por su salud, se encontró con una emboscada judicial: le sacaron a su hijo y la están por desalojar.
El responsable, denuncia M, es su ex pareja, Nicolás Mattiauda. El nombre no es cualquiera en Entre Ríos: es el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, ex legislador provincial del PRO y mano derecha de Alfredo De Angeli. Un hombre que, cuando habitó la banca pública, votó en contra de la Ley de Paridad de Género. Hoy, ese poder político y económico parece ser el escudo invisible que lo protege mientras la Justicia ignora los gritos de auxilio de un niño.
M contó que todo empeoró después de la separación en abril de 2023: “Primero me amenazaba con que si lo dejaba me iba a quitar a mi hijo, después con lo económico. Recibí el pedido de desalojo de la casa en la que vivo con mi hijo mientras enfrentaba un tratamiento médico por un cáncer de mama que se detectó en medio de toda esta situación. Se quedó con mis ahorros cuando estábamos juntos, me violentó psicológicamente durante todo el embarazo y cuando el niño nació la situación empeoró. Mi hija mayor, que en el momento en que empezó mi calvario era menor de edad, cuando pudo también lo denunció en sede policial porque la situación era imposible”.
El castigo como sentencia
La “falta” de M fue llegar un día tarde. Tras un año de denuncias por violencia psicológica y económica, y con un botón antipánico en la cartera, M presentó una exposición explicando por qué no podía entregar al niño en la fecha pactada. La respuesta de la jueza fue drástica: le quitó la tenencia de S y se la entregó al padre, un hombre que nunca pagó la cuota alimentaria.
“Él siempre lo que quiso hacer es sacarme al nene como lo hizo ahora. La violencia que siempre ejerció conmigo fue psicológica, pero no solamente la sufrí yo, sino también mi hija de 25 años. Lo que hay es violencia psicológica, económica y familiar. Tengo informes de psiquiatras, pero en la justicia penal me decían que era un ‘conflicto familiar’ porque estábamos separados, cuando la violencia la venía sosteniendo desde que estábamos en pareja", cuenta M.
Este es el manual de la violencia vicaria: el uso de lxs hijxs como objeto para destruir a la mujer. Si no pudo quebrarla con el maltrato psicológico, lo hace a través de lo que ella más ama.
“Yo me presenté en enero ante tribunales, ante la Policía, ante el Copnaf, (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) aclarando que no es que yo retenía a mi hijo, sino que era él quien no quería ir, empezó con sintomatología física, con dolores de panza, con miedo. Lo llevé al pediatra y de ahí a Tribunales esperando que lo escuchara un equipo interdisciplinario. Estaba contenta porque pensé que al fin hablaría. Pero el juez me trató de ‘incumplidora’, me dijo que yo negaba la vinculación con el padre. La jueza que está ahora se niega rotundamente a escucharlo. Tengo audios, tengo videos de mi hijo temblando de miedo porque el padre le vive diciendo que la culpa de que se tenga que ir de la casa es mía".
La salud y el “plan canje”
El ensañamiento es quirúrgico. Mientras M viajaba a Buenos Aires para tratar su cáncer, la presión aumentó. Al despojo del hijo se le sumó el de la vivienda. Mattiauda inició un proceso de desalojo de la casa donde M vive con S.
“La misma abogada de él le dijo a la mía que hiciéramos tipo un ‘plan canje’: nosotros te damos al niño, vos nos devolvés la casa. Como si mi hijo fuese un objeto de intercambio. Yo la casa se la voy a dar por dignidad, pero hay una criatura de por medio que me pide ayuda”.
La desprotección es total. M cuenta que S pidió ayuda a su psicólogo y que manifestó dolor físico (somatización) antes de las visitas con el padre, pero el sistema prefirió tildar a la madre de “incumplidora”.
El mito de la “locura”
Como en tantos otros casos que llegan a las páginas de Las12, el agresor utiliza la desacreditación de la salud mental de la víctima como estrategia de defensa. Mattiauda, quien llegó a publicar un posteo victimizándose y comparando su situación con el caso Lucio Dupuy, intenta instalar que M “no está bien”.
"Me quiere hacer pasar por loca para obtenerlo, para sacarme todo. En la audiencia, el abogado de él preguntaba cosas para que conste en acta que yo estaba ‘angustiada’ o ‘depresiva’. No es que esté loca, es que el maltrato era continuo. Yo soy una mina que laburó desde los 14 años, soy peluquera, vivo para mis hijos", cuenta M.
Mientras tanto, S fue retirado de sus actividades habituales, incluido el club de básquet que era su espacio de pertenencia. M, con los puntos de la cirugía todavía frescos, sigue golpeando puertas en una ciudad donde el apellido de su ex parece cerrar todas las cerraduras.
“Esto es 2 más 2. Esperaron un incumplimiento mínimo, no les importó el derecho de S a ser escuchado, y me sacaron al nene justo cuando sale el desalojo para que yo no tenga de dónde agarrarme. Es aterrador”, relata M. La justicia de Entre Ríos tiene una deuda pendiente: escuchar a S, quien a sus siete años ya sabe que el poder de su padre pesa más que sus propios deseos de volver a casa.
Fuente: Página/12
