Por su parte, De la Rosa sostuvo que “acorde a lo aconsejado por el área de asesoría legal” se le iniciarán "sumarios administrativos" a las dos empleadas que se sospecha, trabajaban en la administración de una remisería desde el organismo y con computadoras de la repartición.

Con todos los elementos de juicio que reunió la abogada del Instituto, Analía Coria, produjo un dictamen que fue elevado a los miembros del directorio. En su dictamen, Coria recomendó llevar el caso ante los tribunales, aunque sin una denuncia penal concreta. Sólo se pondrá a disposición del Ministerio Público Fiscal todo el material colectado, con las pruebas respectivas, para que en esa instancia se tipifique si el caso estaría encuadrado en alguna figura delictual.

En ese sentido, De la Rosa expresó, en diálogo con APF: “Estamos evaluando las pruebas con los técnicos legales para entablar una denuncia en la justicia ordinaria”. El trámite avanzará con la comunicación correspondiente de lo recabado a Fiscalía de Estado.