En un comunicado enviado a ANALISIS DIGITAL, las organizaciones de la sociedad civil mencionaron las acciones realizadas desde principios de año:

-Impugnación al pliego de Tomaselli propuesto como juez Titular Nº 1 de Familia, Civil y Penal de Menores de Concordia. Llevada a cabo el 30 de enero pasado.

-Carta a cada senador provincial integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, solicitando desista de su aprobación, con fecha del 13 de febrero.

-Carta a cada integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ), solicitando no avale la designación (15 de febrero) y deje sin efecto la designación interina de Tomaselli, “atento a la consideración de que un juez que no sigue la orientación jurisprudencial del Superior Tribunal de Entre Ríos, es un magistrado que no merece ser sostenido por ese Excelentísimo Órgano Superior de Justicia” (23 de febrero).

-Carta al gobernador Sergio Urribarri solicitándole desista del nombramiento, con fecha del 28 de febrero.

“Hoy 13 de marzo, reiteramos nuestra posición inicial con el mayor respaldo legal que la sociedad puede presentar como lo es el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja en claro que cualquier mujer, independientemente de su estado mental y de su edad, tiene derecho a interrumpir su embarazo cuando es producto de una violación y que no se requiere la autorización de ningún juez”, asentaron.

En esa línea, retomaron el fallo, que versa: “El cumplimiento de las normas jurídicas es un deber del profesional, y su incumplimiento es susceptible de sanción legal cuando se nieguen en forma no justificable a la constatación de alguna de las causales previstas en el artículo 86 del Código Penal y/o la consecuente prestación del servicio. Los casos de abortos no punibles son uno de los tantos componentes que integran el servicio de salud, por lo que se deben respetar los estándares de calidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.

Por ello, entendieron que se trata de un “claro mensaje para los profesionales médicos que a menudo se niegan a practicar abortos no punibles sin un expreso aval judicial, como así también para los abogados y jueces, que suman escollos con resoluciones que ponen en duda las excepciones legales que permiten abortar”.

“Hoy más que nunca decimos: negar un derecho es delito e insistimos con nuestro pedido al gobernador, quien tiene en sus manos una oportunidad histórica al desistir del nombramiento de Tomaselli, quien ha hecho caso omiso a las leyes vigentes en su actuación como interino en el juzgado que hoy pretende titularizar vulnerando los derechos humanos de una niña de 11 años, y sentar así precedente para que en adelante el pleno respeto por los derechos de las mujeres y las niñas sea un tema prioritario cuando se trata del nombramiento de quienes integraran el Poder Judicial, quien debe ser el último garante de la plena vigencia de los derechos que nos prometen las Constituciones Nacional y Provincial”, remataron.

El documento lleva las firmas de la Fundación Mujeres Tramando, Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Paraná, Asociación Civil Red de Alerta contra el Abuso Sexual Infantil y la Trata de Personas, CoNDeRS Entre Ríos, Agrupación Todas con Cristina y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.