Fue anulada una sentencia de absolución en un caso de estafa procesal

El recurso de casación fue presentado por Liliana Mujica, representante del Ministerio Público Fiscal, contra la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2016 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado en la oportunidad por Alicia Vivian, Guillermo Biré y Mario Figueroa, que resolvió absolver al imputado Sergio José Berra por el beneficio de la duda, como autor, por el delito de estafa procesal consumada en concurso ideal con falsedad de instrumento privado.

De la audiencia de casación, realizada el 20 de febrero, participaron por la defensa técnica, Matías Farías; y por el Ministerio Público Fiscal, la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, según se informó desde la oficina de prensa del Poder Judicial.

A Berra se le había imputado el siguiente hecho “… haber iniciado el día 30 de septiembre del año 2009 a las 08, -valiéndose de un mandatario al efecto el proceso ejecutivo que fuera caratulado ‘Berra Sergio José C/Abelleyra Rosalía Rosa (Expte. nº 2083), en trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Gualeguaychú, a cargo de Víctor Arakaki, secretaría a cargo de Ricardo Mudrovici, utilizando para ello el pagaré que en fotocopia se agrega a fs. 392, que ha sido completado en distintos momentos, variando el implemento escritor y la autoría del mismo, al cual se le adicionara previamente una cifra monetaria desproporcionada en relación a la supuestamente pactada y cuya firma atribuida a la demandada Rosalía Delia Abelleyra, resulta visiblemente apócrifa -con características de falsificación por imitación-, según prueba pericial cuyas conclusiones lucen agregadas a fs. 436/444 de estos autos, pretendiendo con su accionar, inducir a error al Magistrado Civil y causar a la demandada un perjuicio económico”.

En su voto, al que adhirieron Pimentel y Davite, Badano resaltó: “Analizada la sentencia recurrida, advierto graves vicios en su motivación que hacen a su validez. La fundamentación es aparente, pues no desarrolla premisas de las que se derivará una conclusión, sino que resulta errática y remata con un razonamiento totalmente sorpresivo e incorrecto. La solución, por lo mismo, resulta absolutamente arbitraria”.

“En efecto, en la sentencia, la vocal del primer voto, –al que adhieren los otros dos vocales- después de preguntarse si está acreditado el hecho en su materialidad y autoría, y responder afirmativamente, pasa a tratar su encuadre típico. Allí, luego de un derrotero de consideraciones equivocadas sobre la norma a aplicar -sobre lo que es la estafa, el perjuicio, la conceptualización misma de la tentativa, el modo del cómputo de la prescripción, e indicando en el paso que la acusación no probó el perjuicio ocasionado (uno de los elementos típicos)-, pasa a afirmar que no está probado el dolo del autor y que por ello la conducta es atípica”, añadió la magistrada.

“No se acata siquiera entonces, una regla básica del proceso: la decisión que se tome debe ser racional, siguiendo reglas lógicas preestablecidas y con institutos del Derecho que se reputan en rasgos generales, por todos conocidos”, continuó.

Posteriormente, en sus considerandos, Badano realizó un pormenorizado análisis recorriendo cada uno de los fundamentos de la sentencia recurrida, señalando que el mismo se hace con el fin de “indicar la gravedad de las circunstancias que no se tuvieron en cuenta”.

“Debe disponerse entonces la nulidad de la sentencia, no sin antes dejar de hacer una consideración general y necesaria: el caso es muy grave, no sólo por la historia de sus actores, implicados y damnificados, sino porque atenta contra la misma administración de justicia, incluye mucho dinero en juego, y debió entonces haber merecido muchísima atención en el examen de la prueba y en su resolución, sea cual fuera el resultado al que se llegaba, fuera condena o absolución”, siguió.

“No es una estafa menor a un particular: se trata de utilizar a un juzgado civil para ejecutar un pagaré falso, por una cuantiosa suma, e insistir con su prosecución -a pesar de haberse descubierto la falsía del pagaré-, defraudando además a personas cuya capacidad estaba discutida en la misma jurisdicción de Gualeguaychú, en el fuero civil. La víctima era una persona de edad avanzada, declarada por momentos incapaz por la Justicia, junto con su marido entonces desahuciado -respecto de quienes se había dispuesto su inhibición-, y en un corto período, en el que muere el esposo, Carlos Washington Fernández Guezamburu, y se levanta la inhibición de Abelleyra, se presentó el pagaré motivo de esta causa por estafa procesal, por una importante suma -350.000 pesos, a valores del año 2009-, por los que se embargan sus derechos sucesorios y se dicta sentencia de ejecución”, añadió Badano.

En su voto, la magistrada indicó: “Las relaciones de la familia Abelleyra-Fernández se judicializan a tal punto que intervienen en ella distintos juzgados y numerosos letrados. Además, sabemos por constancias de esta Cámara, de autos “Atum, Alejandra María- Estafa” -sent. del 16/06/2016- (en los que esta Casación revisó una sentencia condenatoria por una estafa cometida contra la hija de Abelleyra, María Gabriela Fernández) que Abelleyra murió a causa de los golpes recibidos en su casa, donde fue maniatada y golpeada, el 1/10/14, tratándose el delito de Atum en estafas y extorsiones que ésta le realizara a la hija, María Gabriela, en las que manipulara la circunstancias en las que murió su madre y sus supuestos conocimientos como “vidente”, para decirle quién lo había hecho o quien los vigilaba, en orden de hacerse pagar dinero por las hijas del malaventurado matrimonio Abelleyra-Fernández Guezamburu”.

“Las constancias de la causa indican que se promovió la incapacidad de ambos ancianos, por los hijos -fs. 40 y ss., testimonios de la promoción de incapacidad de la damnificada aquí en diciembre de 2007-; que el 17 de ese mes se decretó la inhibición general de bienes de la damnificada, Rosalía Delia Abelleyra y de Carlos Washington Fernández Guezamburu, por la jueza civil Beatriz Aranguren, como medida de protección de persona (fs. 110) medida que fue apelada por sus apoderados, Olivera e Irungaray; que luego, en junio de 2008, un mes después de la muerte de Carlos Fernández Guezamburu, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral por resolución del 17/06/2008, hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por los abogados (Olivera/Irungaray), y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares dictadas sobre Rosalía Delia Abelleyra, declarando abstracta la cuestión respecto de Fernández Guezamburu por fallecimiento -fs. 166 -; que en ese ínterin -entre la incapacidad y el levantamiento-, estando internado Fernández Guezamburu en el Hospital Centenario, legó el 20% de sus bienes a su esposa, por escritura pública, y que entre los testigos civiles de ese acto estaba el señalado por Abelleyra como marido de la abogada Olivera, Diego García Sobral, quien es hoy fiador de Berra y dueño de la casa donde cumplió la prisión preventiva domiciliaria hasta que se celebró el juicio -Testimonio de escritura Nº124 (10/04/2008), en la que obra el testamento de Carlos Washington Fernández, en el Hospital Centenario, en la sala de traumatología, en presencia de los testigos Rosa Mercedes Migueles, Diego José García Sobral y Raúl Guillermo García Sobral-fs. 168 y ss.-; que Fernández falleció el 20/05/2008, un mes y diez días después del testamento, y seis días después de su muerte, según testimonios de promoción de juicio sucesorio, Rosalía Delia Abelleyra, con el patrocinio de Norberto Irungaray y María Claudia Olivera, promovió el sucesorio; que Rosalía Delia Abelleyra, tenía al menos, ciertas dificultades con su comportamiento -cfr. informe del médico forense- y que un año después, el desconocido para ella Sergio Berra, le ejecuta un pagaré por una cuantiosa suma, a través de su apoderado, Raúl Jurado, el 30/09/09, en el juzgado del doctor Arakaki”, señaló luego.

Finalmente, Badano dictaminó que “corresponde anular la presente sentencia y ante la gravedad de las circunstancias, conforme lo explicado en los considerandos, recomendar la mayor celeridad posible al Tribunal para que, debidamente constituido, lleve adelante el nuevo juicio”.

De esta manera la Cámara de Casación Penal de Paraná, por unanimidad, resolvió hacer lugar al recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, la que en consecuencia quedó anulada.

Deportes

Kartódromo

El kartódromo de La Paz abrirá las puertas al público en general este sábado, será de 18 a 20.

Hinchas Patronato

Para el estreno de Patronato la venta de entradas será presencia y con prioridad para los socios.

Bielsa

El DT Marcelo Bielsa se reunirá con los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol.

Laura Ríos

Laura Ríos dejó Arenas FC y a partir de ahora jugará en Newell's de Rosario.

La Unión

La Unión de Colón no pudo en su visita a Deportivo Viedma por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la LAB.

Gemi

Lautaro Geminiani espera con confianza el debut de Patronato en la Primera Nacional.

WB

El concordiense Walter Bou marcó dos de los tres goles de Vélez en la victoria ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

David Biaggini.

El coach David Biaggini habló de los objetivos de la Línea Roja del CAT para la temporada 2023.

Tomba

Godoy Cruz venció a Barracas Central en el arranque de ambos en la Liga Profesional de Fútbol.

Cultura

Los encuentros serán el jueves 2, 9, 16 y 23 de febrero de 20 a 23.

LA ESCENA EN ESCENA se lleva adelante en el Centro Cultural La Hendija.

El primer Encuentro de Arte Emergente será este miércoles en Paraná.

Nacionales