Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL

El Poder Legislativo, donde se moldea el amasijo para elaborar leyes justas y de avanzada, llenas de ponderación y sabiduría al servicio del colectivo social, no debe por ello naturalizar que los ocupantes de las bancas puedan sin pudor alguno asegurarse su bienestar personal y el de sus familias a partir de una potestad para establecer montos salariales y adicionales sin tener que rendirle cuentas a nadie. Dietas, gastos de representación, desarraigo, pasajes aéreos gratis (que si no se utilizan pueden canjearse por dinero), conforman un inaceptable cuadro de canonjías.

Los provincianos les conceden el alto honor de ingresar al Congreso Nacional –el Templo de las Leyes- donde históricamente dejaron su impronta ilustrísimas figuras sirviendo a causas superiores sin desvivirse por engordar sus bolsillos.

Pero además no resulta nada grato que el Poder Judicial, donde se vigila la legalidad de esas leyes sancionadas por legisladores y promulgadas por el Ejecutivo, armonizando derechos y sosteniendo garantías constitucionales, exhiba ante la ciudadanía marcadas prebendas que suenan groseras y antipáticas en función de su distanciamiento con los haberes de millones de servidores estatales.

Los argumentos utilizados para adjudicarse incrementos periódicos cuantas veces resulte necesario para no alterar el poder adquisitivo, son muy cuestionables y endebles en tanto colisionan con la igualdad ante la ley del artículo 16º, a lo que se añade la negativa a ser alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.

Hay legisladores de ambas cámaras que no acuerdan con el reciente incremento del 47 por ciento –aquí se impone la ponderación y reconocimiento de una crisis general-, pero hay otros que tiene una solidez facial a toda prueba. Citemos el caso de la diputada nacional mendocina Susana Balbo Elva (Cambiemos), quien no tuvo empacho en reflexionar que deberían ganar mucho más. Intentó justificarse diciendo que “si yo lo comparara con sueldos de personas que están en mi empresa y que tienen menos responsabilidades que las de un legislador de un país, deberíamos estar ganando el doble”. Y con frío cinismo remató: “Hay que ver todo lo que uno deja para estar acá, el desarraigo, el tener que alquilar un departamento, vivir en un hotel”.

Si una persona, no obstante conocer de antemano todas estas cuestiones acepta una candidatura sin reparos, no puede quejarse después. Los gastos que ella cita se cancelan con adicionales ad-hoc sobre la jugosa dieta. Un oportuno dato reveló que esta señora ve satisfecha su dura condición de servidora pública recibiendo mensualmente la suma de 147.672,26 pesos.

¿Qué peregrina tabla permite escoger con precisión los elementos a tener en cuenta para justipreciar el valor de bolsillo de un haber legislativo (que hoy alcanza un monto líquido mensual de 85.000 pesos incluyendo los períodos de receso) con relación a otros servidores del Estado?

En este sitio y el martes 1º, se publicó un valioso trabajo de seguimiento salarial de funcionarios electos que data de 2007, redactado por el colega y ex convencional Américo Schvartzman. Merece ser leído detenidamente.

Son contados los pasivos estatales que logran percibir retribuciones que los liberen de angustias, debiendo puntualizarse que los agentes en su mayoría clausuran su carrera laboral accediendo a jubilaciones con montos podados que raramente solventan todas sus necesidades. Y que se ajustan cuando el Estado-Patrón lo decide, aún mediando cifras claras sobre insatisfacciones al caer bajo las ruedas de la implacable inflación.

Dicho todo esto, resulta muy útil referirnos a una declaración del centro de estudios del litoral argentino denominado Abya Yala, (ANALISIS DIGITAL, 2/11/2016) donde con indisimulada ironía, claridad, precisión y dureza, rechaza el “dietazo” (incluyendo a los tres poderes del Estado) y descalifica a los funcionarios con términos muy fuertes.

El documento posa la lupa sobre la “abismal y obscena distancia entre los ingresos de legisladores, funcionarios y jueces y los sueldos del pueblo trabajador y honesto en la Argentina”. Y como si esto no alcanzase, advierte que “de seguir en esta tesitura, los legisladores, jueces y funcionarios no deberán ser llamados por sus cargos sino como lo que son: una banda de atorrantes y cachafaces corporativizados” (Sic).

Aporta Abya Yala como dato ilustrativo, que “si los trabajadores cobramos hoy entre 7 y 30 mil pesos, ese debe ser el rango de sus haberes, ni más ni menos. Esa debe ser la norma. Como bien dice Arturo Jauretche (lúcido pensador, escritor y político argentino (1901-1974): O es pa’ todos la cobija o es pa’ todos el invierno. Eso, en términos prácticos, se logrará atando las dietas al salario mínimo, vital y móvil. Ni poco para los muchos ni mucho para los pocos. Hoy la carga de los jefes de los tres poderes es ofensiva en la Argentina y antirrepublicana”.

En otro tramo la declaración propone que una maestra y una enfermera cobren lo mismo que un legislador o si se quiere, lo mismo un legislador que una directora o director de escuela o de hospital. Si ellos cobran 140 mil pesos, que el legislador los cobre. Entones será justicia.

En un párrafo se ataca la falta de equidad que abruma, citando que “comparando el sueldo de un obrero en un régimen presidencialista como el actual, el presidente del país podría cobrar (y lo mismo los gobernadores) un cuarto de los indecentes 173 mil pesos mensuales que recibe hoy el presidente Mauricio Macri”. Y luego se pregunta: “Será tan difícil de entender que estamos asqueados de abusos? ¿Para eso querían las estadísticas de la pobreza? ¿Para engordar sus bolsillos? ¿Es que toman a los pueblos por estúpidos?”.

El extenso pronunciamiento termina exigiendo “austeridad republicana, igualdad y respeto ante la indigencia que padecen millones de argentinos hacinados, maltratados por el sistema que estos señores defienden para enriquecerse. Esto va par los estados nacional, provincial y municipal”.

Y en el final, coherente con su ideario fundacional, este Centro de Estudios recuerda que “José Artigas encabeza una revolución y su mayor comodidad es un rancho, donde se sienta en unos huesos y duerme en un catre. Por eso decimos con José Artigas: nadie es más que nadie. Que los más infelices sean los más privilegiados”.

La demorada suspensión del aumento del 100 por ciento en los gastos de representación y la promesa de revisar el carácter transferible a terceros del uso de pasajes aéreos (añeja aberración en grado de virtual peculado) dispuestos por la presidencia de la cámara baja bajo presión, no se ocupa de la miserable práctica de canjear por plata los boletos no utilizados. Desalojar la inmoralidad metida entre los pliegues de los tres poderes del Estado, debe convertirse en una cruzada irrenunciable.