La baja selectiva de impuestos al poder económico más concentrado han sido una marca registrada del modelo e incluye, antes de la reforma laboral y el presupuesto
Hernán Letcher
En la última semana el gobierno impulsó el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, dos proyectos que ilustran acabadamente el perfil del país imaginado por Milei y el poder económico. Spoiler: sin exagerar, configuran una sucesión de políticas de un país con beneficios a los ricos y nada para los trabajadores.
Cuando todo indicaba que se lograría la aprobación de ambos proyectos, Diputados rechazó un capítulo clave y el Senado decidió tratar la reforma recién en febrero ¿Qué significa y por qué constituye un golpe duro en las expectativas oficiales de construcción del país binario mencionado en el primer párrafo? Las trasferencias fiscales ponen en jaque el recorrido.
Presupuesto regresivo. El presupuesto aprobado recorta a casi todos. En educación y ciencia, deroga el 6% del PIB en inversión para educación, la inversión progresiva en ciencia (hasta llegar al 1% del PBI), el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, y la inversión en defensa nacional (FONDEF). El caso de las escuelas técnicas es paradigmático. A la par de la destrucción del entramado industrial, se elimina, también, la formación de técnicos industriales: el presupuesto 2026 incluye sólo un valor equivalente al 7% del presupuesto 2023. Para completar los ajustes, en la comparación del proyectado 2026 respecto de lo ejecutado en 2023, aparecen las partidas Educación y Cultura, con un recorte de 47,3% de su presupuesto, Desarrollo de la Educación Superior, con un rectore de 33,8%, Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, que prácticamente dejan de existir, con un recorte de 76,6%, Función Ciencia, Tecnología e Innovación, con un recorte de 48,8%, Agencia Nacional de Discapacidad, con un recorte de 27,0% y el CONICET, con un ajuste de 39,0%. Aunque todo parece motosierra, la excepción la constituye la partida destinada a la Ex SIDE, que vuelve a crecer en interanualmente en términos reales (3,2%), consolidando un incremento desde 2023 de 19,0%.
El gobierno decidió, además, “meter por la ventana” la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos leyes que fueron vetadas por Milei e insistidas desde las dos Cámaras pero que nunca se ejecutaron porque el gobierno alegó que “no tenían fuente de financiamiento”. La inclusión era abiertamente un incumplimiento de la ley de administración financiera que indica que las leyes de presupuesto “no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”. Esta modificación fue incluida en el capítulo que incluía otro tema trascendente: la eliminación de la actualización automática por inflación de asignaciones familiares y AUH, lo que permitía al gobierno aumentar (o congelar) a gusto y piacere las partidas vinculadas a lo social. Si bien durante la gestión Milei, la AUH le ganó a la inflación, el salario familiar perdió más de 30% y las jubilaciones con bono (otro segmento librado al arbitrio de la gestión) se redujo sensiblemente: el bono sigue congelado en $70.000 desde marzo de 2024 (debería sumar $177.000 con el mecanismo de actualización de las jubilaciones).
Para lograr la votación de esta controvertida decisión, el oficialismo logró que se votara por capítulo, es decir, buscó evitar la aprobación por artículo para no darle oportunidad a los legisladores a oponerse sólo en la cuestión Universidades y Discapacitados. Y agregó, minutos antes de la votación, un artículo en el que se comprometía a transferir a CABA lo adeudado por Coparticipación determinado por la Corte para intentar sumar votos porteños.
Pero los diputados decidieron mayoritariamente votar contra el capítulo entero, por lo que, al final, el oficialismo no pudo no sólo no derogar la emergencia en discapacidad ni la ley de financiamiento universitario, sino que tampoco pudo eliminar el ajuste por movilidad en AUH y Asignaciones Familiares, ni el subsidio por zona fría en el gas, ni el fin del régimen de Pensiones No Contributivas.
Luego de que Milei amenazara con vetar su propio proyecto de presupuesto, el gobierno decidió la aprobación en el Senado del Presupuesto tal como se aprobó en Diputados y evaluar qué hacer con el resto de las normas. En este contexto, el problema fiscal persiste porque las decisiones de ajuste son la contracara necesaria que compensa la reducción de impuestos impulsada en la reforma laboral ¿Cómo sostener ahora el superávit?
Beneficios fiscales en la reforma laboral. A la par de los condicionantes a los derechos laborales y a los sindicatos, la reforma laboral incluye una serie de propuestas de reducción de impuestos con una característica muy marcada: benefician sólo a unos pocos. A la reducción de contribuciones patronales, con un costo fiscal que se detrae de jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares y que asciende a USD 2.070 millones anuales, se suma la reducción de un punto en contribuciones a obra social, que representa unos USD 679 millones. Además, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), equivalente al 3% de la masa salarial bruta destinada a financiar despidos, afecta nuevamente los recursos previsionales en otros USD 2.000 millones, ya que se puede detraer de contribuciones patronales. Si el objetivo es compensar la merma de ingresos del Sistema Previsional con la incorporación de nuevas contrataciones, la realidad se choca con la historia (con reformas de este tipo sólo redujeron el empleo), con la historia inmediata (el blanqueo 2024 sólo incorporó 12.000 casos) y con la realidad económica (por las nuevas contrataciones se aporta sólo 8% incluyendo 3 puntos del FAL, por lo que se requeriría de entre 3 y 4 trabajadores nuevos para compensar lo que hoy se percibe en seguridad social por una nueva contratación).
Pero, además, el gobierno incluyó una reforma impositiva dentro de la laboral que implica la reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias para Sociedades, con un costo fiscal de USD 2.279 millones (USD 2.100 millones se lo ahorran sólo 15.474 grandes empresas), el ajuste por inflación de los quebrantos impositivos, que podría significar otros USD 2.500 millones de beneficios para esas mismas empresas y la eliminación de Impuestos Internos a los autos de alta gama, embarcaciones y aeronaves (lo que se llamaba impuesto al lujo) y a objetos suntuarios (piedras preciosas u oro amonedado), con un costo fiscal de casi USD 350 millones.
La baja selectiva de impuestos al poder económico más concentrado han sido una marca registrada del modelo e incluye, antes de la reforma laboral y el presupuesto: reducción alícuota de Bienes Personales para las categorías más altas, RIGI con amplios beneficios fiscales, reducción temporaria de alícuotas derechos de exportación al agro hasta 30/6, eliminación de retenciones para 10 agroexportadores en septiembre/octubre, reducción de Derechos de Exportación a la minería, reducción permanente de Derechos de Exportación al agro en diciembre y los regímenes de regularización de activos y de empleados y extinción de multas.
¿Y el ancla fiscal? En esta misma semana, el oficialismo decidió actualizar las bandas cambiarias por inflación. Dicho de manera sencilla, abandonó el ancla cambiaria. Como el ancla monetaria ya estaba puesta en duda (¿hay control de agregados monetarios pero se controla la tasa?), el ajuste fiscal era más importante que nunca: las jubilaciones, el PAMI, las asignaciones familiares, los discapacitados y las universidades constituían el botín que permitiera compensan los USD 10.000 millones de beneficios perdonados a los grandes empresarios ¿Cómo mantener ahora el superávit?
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