Investigan a un psiquiatra por otorgar certificados “truchos”

Cada mes, entre 2005 y 2006, el psiquiatra Alberto Francisco Raiteri extendió certificados médicos a un empleado de Rentas de Diamante, en los que consignaba un diagnóstico parecido: “trastorno depresivo”. Y acto seguido establecía la necesidad de que debía “permanecer alejado de su actividad laboral por un lapso de 30 días”.

La Dirección de Sumarios comenzó a desentrañar el asunto, y descubrió que durante el tiempo en el que supuestamente el empleado había concurrido periódicamente al consultorio de su psiquiatra, estaba en realidad de viaje por Europa y México.

Según registros oficiales, salió por el Aeropuerto de Ezeiza el 23 de diciembre de 2005 e ingresó de vuelta el 5 de enero de 2009.
“Sin embargo, pretende el sumariado justificar sus inasistencias laborales con los certificados médicos extendidos por el doctor Alberto F. Raiteri avalados por el Dr. Mario C. Camaño”, se puede leer en el expediente abierto en Sumarios.

La abogada Jorgelina Quiroz, instructora de la Dirección de Sumarios, llevó adelante una investigación que pudo poner al descubierto el ardid: “De acuerdo al detalle de los movimientos migratorios de la Dirección Nacional (de Migraciones) –escribe en un informe que podría dar lugar a una denuncia penal—el doctor Raiteri ha procedido a entregar certificados médicos a un agente del Estado Provincial que no se encontraba en el país, lo que no coincide con lo declarado ante esta Instrucción”.

La documentación llega a la conclusión de que se estaría frente a dos irregularidades:
a) el psiquiatra Raiteri “ha incurrido presuntamente en delito de falso testimonio previsto en el Artículo 275º del Código Penal”; y
b) el hecho de que el empleado haya presentado, o haya hecho presentar, ante la Administración Pública certificados médicos “que dan cuenta de una constatación por parte de un profesional cuando por su ausencia del país ello no fue real”.

Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que depende del Ministerio del Interior de la Nación, permitió comprobar en qué fechas el empleado de Rentas salió y entró al país. Salió del país el 23 de diciembre de 2005, a las 13,57, en un vuelo de Air Madrid, y volvió el 7 de diciembre de 2009, a las 10,46, desde España, en vuelo de Air Comet.

Testimonios

El psiquiatra, de 54 años, residente en Paraná, jubilado de la provincia, prestó declaración testimonial el 15 de junio último en la Dirección de Sumarios, y aceptó haber extendido certificados médicos entre 2005 y 2006 a un empleado de la delegación Diamante de Rentas.

Cuando se le preguntó “cuál es el procedimiento que tiene para atender a sus pacientes, y entregarle certificados médicos para que no concurran a su lugar de trabajo”, el profesional respondió que “su mecanismo es ver el paciente, interrogarlo y verificar las condiciones en que se encuentra para ratificar o rectificar su licencia laboral”.

La investigación sobre el empleado trotamundos y el psiquiatra que diagnosticaba a la distancia comenzó a raíz de un hecho casual. El 7 de marzo de 2007, luego de dos años de viajes por Europa que fueron encubiertos por diagnósticos por “depresión” que justificaron sus ausencias al trabajo, el dependiente de Rentas decidió presentar su renuncia. Aunque el trámite no lo hizo personalmente, sino a través de tercero.

El Decreto 2.980, del 5 de agosto de 2009, por el que se le abrió un sumario administrativo, señala que ese día se presentó ante la delegación Diamante de Rentas la señora “Elina Lucila Garay, adjuntando poder especial para trámites y actos de administración, mediante la que comunica la aparente decisión” del empleado de “renunciar al cargo” que ocupaba en la DGR.

El modo cómo se tramitó la renuncia permitió al área jurídica de Rentas empezar una investigación, más aún cuando se habían acumulado, entre diciembre de 2006 y abril de 2007, casi cinco meses de inasistencias injustificadas.

Pero más allá de la situación de ese empleado, en el gobierno pusieron la atención en la actuación del médico psiquiatra, por dos motivos: es altísimo el número de inasistencias de empleados del Estado aduciendo enfermedad, hecho que se agudiza entre los docentes. Precisamente, en este último sector las afecciones psiquiátricas son moneda corriente, y obligan a contratar frecuentemente suplentes. Pero además, se estaría frente a la seria posibilidad de abrir un proceso penal al haber extendido certificados médicos sin siquiera tener enfrente al paciente.

(Fuente y foto: El Diario)

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