La “cosetrucha” y un final que puede costarle la candidatura a Urribarri

Por Américo Schvartzman

Si la Argentina conserva aun rasgos de una sociedad razonable, el final de la estafa consumada con la “cosetrucha” debería obligar, al menos, a que Urribarri y sus funcionarios expliquen a la Justicia en base a qué criterios inyectaron semejante flujo monetario a una empresa que evidenciaba tantos aspectos sospechosos. En esta nota explicamos por qué.

La síntesis

Entre 2009 y 2012, el Estado entrerriano con la firma de Sergio Daniel Urribarri concedió 5,5 millones de pesos a un grupo empresario de dudosos antecedentes, para que construyera una cosechadora de última generación, destinada a ser exportada a Venezuela y otros países. Ese mismo año el periodismo denunció la escasa seriedad del proyecto (Martín Barral, en El Miércoles Digital). El único prototipo construido fue presentado en la Casa Rosada, con la Presidenta en la cabina y una corte de funcionarios y “empresarios” celebrando. Se anunció la exportación a Angola, pero la prueba a campo fue un fracaso. A los proveedores de las piezas con las que se construyó el engendro se les pagó con cheques sin fondo. La “fábrica” resultó ser un galpón vacío. La “empresa” se declaró en quiebra. Solo se fabricó el fallido “prototipo”. Se supo luego que el mismo “cuento del tío” había funcionado poco antes en Formosa (2007). Pese a las causas judiciales, las denuncias periodísticas de medios locales y los pedidos de informes de legisladores provinciales, el hecho recién cobró relevancia nacional cuando volvió a denunciarlo Jorge Lanata en Canal 13, en abril de 2012. Se dilapidaron no menos de 6 millones de pesos, además de las facilidades otorgadas para la instalación y los gastos pagados por el gobierno nacional para “concretar las exportaciones”. Ni el gobernador Urribarri ni los restantes funcionarios involucrados han emitido declaraciones públicas sobre todo esto en los últimos dos años.

La responsabilidad de Urribarri

El responsable indiscutido de esta estafa es el presidenciable Urribarri. Él, como gobernador, firma los tres decretos por los que la empresa recibió un total de 5.5 millones de pesos, a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver): en 2009, por Decreto Número 4.432, un préstamo por 574.500 pesos; en febrero de 2011, Decreto Número 96, otro crédito por 4 millones de pesos; y en 2012 otro millón de pesos mediante el Decreto Número 529. El abogado paranaense Guillermo Mulet, sobre la base de las notas periodísticas, presentó en agosto de 2012, una denuncia ante el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, para que investigue si hubo fraude contra la administración pública. También pide que se averigüe si hubo complicidad en la “posible defraudación” entre los funcionarios políticos y el Grupo Senor por los millonarios créditos otorgados. Hasta el momento, ningún funcionario ha sido imputado en relación con estos hechos.

Sin mirar a quién

Es inconsistente que los funcionarios encargados de evaluar las condiciones del grupo no hubieran realizado una mínima investigación antes de otorgarle cifras millonarias. Señalo algunas de las cosas que llamaron la atención de los periodistas de El Miércoles (y que se publicaron hace más de dos años):

- El denominado “Grupo Senor” no existía más que como marca, sin antecedentes productivos: la firma que se instaló en la ciudad entrerriana nació a fines de 2010. Según su propia información institucional, Senor era “un grupo de empresas vinculadas fundamentalmente a los agronegocios”, “para favorecer la creación de valor”, en “el desarrollo de maquinaria agrícola y mantenimiento urbano, consultoras para el desarrollo de negocios agropecuarios, industriales y de servicios, consultoras en finanzas y asesoramiento contable y empresas desarrolladoras de fideicomisos de servicios agrícolas”. Pero lo cierto es que la única firma pretendidamente productiva era... ¡la recién creada Grandes Máquinas Concepción del Uruguay! Las demás (S Consulting, UPS Management y Business Hub), como sus propios nombres lo indican, eran consultoras en inversiones, es decir: asesores acerca de cómo utilizar el dinero… de otros.

- En el sitio institucional del Grupo se vanagloriaban de ser “la compañía argentina que cuenta con la mayor historia en la fabricación de máquinas agrícolas, siendo la Primer Fábrica Sudamericana de Cosechadoras Agrícolas, con 100 años en el mercado argentino y latinoamericano” (sic). Pero este dato era mentiroso. Los Senor que en 1920 (Juan y Emilio) fabricaban carros y luego crearon la primera cosechadora nacional de remolque para tiro animal, no tienen más relación con estos Senor que el apellido en común. La rama directa de los Senor (que siguen fabricando pequeñas máquinas agrícolas en Santa Fe) desmentía públicamente cualquier relación. Pese a eso, estos se presentaban como si fueran la continuidad de aquella empresa (que cerró en agosto de 1987 luego de 63 años de trabajo).

- El carrocero que había fabricado la carcaza plástica, Daniel Osvaldo Huarte, denunciaba públicamente que le pagaron con cheques sin fondos.

- Desde 2009 venían recibiendo dinero y anunciando que “a mediados de 2010 ya se exportaría a Venezuela”. También decían que fabricarían una trilladora por mes destinada a la cosecha de arroz, que tomarían 50 empleados en el primer año y que en cinco años llegarían a 200. En 2012, nada de eso había sucedido. Y pese a eso, la gestión Urribarri seguía entregándoles fondos del Estado.

- El sitio web de la empresa no incluía ningún dato institucional relevante: no aparecía el nombre de ningún responsable, no figuraba teléfono alguno ni tampoco cualquier otro aspecto que pueda corresponder a una firma que pretende colocar sus productos en América Latina o el mundo: nada de imágenes del proceso de producción, nombres de responsables por área, ni servicio de atención al cliente.

- El sitio web oficial de la máquina se ufanaba de ser “la cosechadora que no se puede comprar”. Su sistema de comercialización no tenia concesionarios, ni canales directos de venta, ni vendedores. “La única manera de acceder a ella es mediante la compra de servicios de siembra a nuestra empresa de servicios UPS Management. El solo hecho de comprar el servicio tiene beneficios económicos importantes e incluso el sistema permite la participación en un negocio altamente rentable. El concepto del negocio es que la empresa que tiene capacidad crediticia o el dinero para comprar, invierta en un negocio y no gaste en la compra de una cosechadora”.

- Pese a tratarse de una empresa privada, aparecía al pie del sitio el logo del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) junto a la leyenda “Miembro Fundador de la Comisión de Transferencia de Conocimiento productivo a la Sociedad Latinoamericana” (sic). El INTI, consultado electrónicamente por El Miércoles, desconoció cualquier vínculo. En realidad, esa “Comisión” no era Comisión sino Centro de Transferencia del Conocimiento Productivo. Y Senor figuraba entre las empresas fundadoras de esa iniciativa del INTI que se proponía atender a la demanda generada por los acuerdos firmados por el gobierno con países como Venezuela, Ecuador y Perú. Entre las empresas fundadoras de ese Centro estaban Molino Cañuelas, SanCor, Zanella, Czerweny y el Banco Credicoop entre otros. Senor aparece allí como “BSV-Grupo Senor”, sin que se sepa bien qué es eso de BSV. Aunque cueste creerlo, el sitio oficial de Senor no menciona esa firma, que no obstante es la que en 2009 recibió el primer préstamo de 574.500 pesos del Finver (“Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA” aun no había sido creada).

- Al momento de hacer la nota que titulamos “Grandes Máquinas”: un globo a punto de explotar (marzo de 2012), según el Banco Central ambas sociedades habían acumulado más de 100 cheques rechazados por falta de fondos por un total de 2.557.307,35 pesos.

Es inverosímil que todos estos datos -obtenidos tras averiguaciones, algunas llamadas, rastreos en Google y cruces de correos electrónicos- hayan sido soslayados por los encargados de autorizar los préstamos. ¿Qué evaluaron antes del otorgamiento? ¿A quién pidieron referencias?

Caso paradigmático de la “década ganada”

La frutilla del postre es el galpón en el que supuestamente “fabricaban” la cosechadora. En marzo de 2012, en la nota que motivó los pedidos de informes y denuncias en Entre Ríos (y que poco después generaron el interés del programa de Lanata) decíamos: “La empresa que se supone fabrica cosechadoras en Concepción del Uruguay ocupa un galpón de mediano tamaño, al fondo de la avenida Paysandú, en el que nadie que conozca algo de producción industrial puede creer que funcione una planta productora de grandes maquinarias. El galpón es el mismo en el cual, pocos años atrás, tocó Pappo en la que fue su última actuación en la ciudad histórica. Para quienes pasan por allí, es casi evidente que la firma “Grandes Máquinas Concepción del Uruguay S.A.”, a lo sumo, se dedicará a ensamblar piezas pero no a fabricar aparatos como la cosechadora en la que se sentó la Presidenta de la Nación el 12 de marzo en la Casa Rosada, posando ante los medios nacionales y congratulándose de ese modo del resultado de la enorme inyección de fondos canalizados hacia una firma que cada vez aparece como más sospechosa y que anunciaba 200 puestos de trabajo en cinco años”.

El caso es una muestra de la incompetencia y corrupción con las que el kirchnerismo, en este caso en versión Urribarri, ha administrado los dineros públicos. Nada menos que el aspirante a sucesor de Cristina. La forma en que impactará este final torpe (y anunciado) del episodio, es aun materia de especulación. Pero si Urribarri aspira a ser el candidato a la Presidencia, deberá dar alguna explicación acerca de la “cosetrucha”. De otro modo, su imagen se verá seguramente afectada. Claro, eso si la Argentina fuera aún una sociedad con algún criterio de razonabilidad en pie. Quizás sea otra oportunidad para comenzar a demostrar qué queremos ser.

Por Luis María Serroels (*)
(Imagen: Alfredo Sábat-La Nación)

(Imagen: Alfredo Sábat-La Nación)