La Federación Agraria se opone a que los extranjeros tomen nuestras tierras únicamente como renta, no a que se establezcan en el país

El integrante de la Federación Agraria, Alfredo Bel informó que el proyecto que se analizará en el Congreso de la Nación presentado por el diputado nacional Carlos Daud (PJ-Entre Ríos) y que prevé poner límites a la venta de tierras masivas en el país y elevar las restricciones para particulares y empresas, fue elaborado a partir de un proyecto elaborado por la entidad en 2002. Si bien adelantó que los diferentes bloques de diputados nacionales acompañarían la iniciativa, destacó que es importante discutir a partir de esto un modelo agropecuario. En ese orden, aclaró: “No estamos en contra de que sigan radicándose extranjeros en la Argentina, pero sí estamos en contra de que haya sociedades de especulación que tomen la tierra únicamente como renta”.

Bel hizo referencia al proyecto de Daud e indicó: “el proyecto que presentó el legislador es el que elaboró la Federación Agraria en el 2002, porque viendo cómo se venía desarrollando el proceso de transferencia de tierras, se hizo un estudio en base a legislación comparada, y se elaboró un proyecto que establece límites a la transferencia de dominio, y queremos aclarar que no estamos en contra de que vengan extranjeros a la tierra entrerriana”.

En cuanto al consenso que tendrá este proyecto en el Congreso de la Nación, entendió que “al estar José María Díaz Bancalari como presidente del bloque del PJ auspiciándolo, creemos que van a estar de acuerdo” y añadió que el ARI y el Radicalismo seguramente también acompañarán esta iniciativa.

“No estamos en contra de que sigan radicándose extranjeros en la Argentina, pero sí estamos en contra de que haya sociedades de especulación que tomen la tierra únicamente como renta, porque hay información que determina que entre 16 y 20 millones de hectáreas están en manos de extranjeros”, aclaró en declaraciones realizadas a Radio Uno.

En ese orden, especificó que el proyecto plantea “que cada sociedad puede comprarse hasta cuatro unidades económicas y cada provincia es la que tiene el rol de determinación de la unidad económica, porque no es lo mismo en un lugar que en otro”, al tiempo que agregó que una unidad económica en Entre Ríos “si es una actividad citrícola son 50 hectáreas, si es una actividad mixta son 200 o 300 hectáreas”.

Al ser consultado sobre la realidad entrerriana en cuanto a las tierras que están en manos de extranjeros, reconoció que “tenemos en todos los departamentos actores que han adquirido campos”, aunque detalló que este fenómeno se da más en La Paz, Paraná, Gualeguay y Feliciano. “Vamos viendo en distintos lugares que hay compra de campos por extranjeros”.

Al respecto, explicó que la metodología implementada por los extranjeros para adquirir tierras provinciales es “que compran un campo grande y después, ese nuevo dueño, va comprándole a los vecinos”.

Bel, también destacó: “No nos sorprende que la Sociedad Rural se oponga a ponerle un límite a la venta de tierras a extranjeros”, precisó Bel, aunque aclaró: “Pero a partir de esto queremos discutir el modelo agropecuario que queremos, porque necesitamos muchos productores, gente arraigada, caminos y gente joven involucrada”, porque en la provincia hay 27 actividades productivas.

“El proceso de concentración de la tierra de los últimos años, hizo que de 40 mil productores hoy existan 20 mil, y si bien no está en riesgo la producción, sí están en riesgo los productores”.

Por último, sobre el pedido de informe que presentó el diputado provincial Raúl Solanas (PJ-Paraná), en cuanto a las consecuencias del uso de agro tóxicos en Entre Ríos, dijo que “hay medidas en las que se debe avanzar, como hacer una estricta aplicación de la ley de plaguicida y no modificarla; controlar las plantaciones en ámbitos urbanos y aspectos que tienen que ver con reciclaje de envases”, aunque subrayó: “Descreemos de algunos planteos tremendistas, porque ahora los agroquímicos son más amigables para las personas, pero no dudamos de que hay que ejercer un poder de policía y aplicar las normas existentes”.

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