Inesperadamente, Horacio Losito, uno de los militares imputados, se levantó, habló algo con los abogados defensores, y de inmediato, otros seis compañeros de armas lo siguieron hasta un cuarto contiguo a la sala de audiencias, donde se desarrolla el juicio oral y público.

Acababan de escuchar de boca del testigo Aníbal Ponti: “Ustedes coronel, no sirven para la guerra solo para torturar”. El testimonio rememoró una chicana que el ex preso político le tiró a un militar que no pudo recordar el nombre, que le hizo “seguimiento ideológico” durante todo el momento que duró su detención durante la última dictadura militar.

Ocurrió en 1982, luego de la guerra de Malvinas y justo antes de recuperar su libertad, estando detenido en Rawson. Fue este mismo coronel quien le informó su libertad, una semana antes de que el juez librara la orden judicial. Sólo continuaron escuchando el testimonio el ex policía Alfredo Luis Chas y el militar Alfredo Petetta, publicó Chacodiapordia.

Ponti fue delegado provincial del general Perón y miembro de Montoneros: “No tengo problemas en decirlo, se los juzga a ellos (señalando a los imputados) no a mí”. Ni bien salió de prisión, estuvo en el armado local de Intransigencia y Movilización, militando con Nilda Garré, ministra de Defensa.

El hombre estuvo detenido en Gendarmería, fue liberado y vuelto a encarcelar en la U7, La Plata y Rawson. “Nunca pudo ocurrir un motín ni tratar de realizar un rescate en un traslado, porque las condiciones eran de máxima seguridad”, recordó.

En medio de chisporroteos legales, propios del proceso hubo un llamado de atención de la jueza Gladys Yunes al defensor Carlos Pujol; y un cruce con el fiscal General de la Nación Jorge Auat con el querellante Mario Bosch, repitiendo el encontronazo de la jornada anterior.

El recuerdo de Ponti está relacionado con que la masacre fue un fraguado intento de rescate de 22 presos políticos que eran trasladados de Resistencia a Formosa: “La U7 era una cárcel de máxima seguridad, no iban a llevar presos de acá hacia allá, en todo caso al revés”, aseveró.

Ponti estaba en el Pabellón 1: el de los irrecuperables, entre otros con Néstor Sala, Manuel Parodi Ocampo, dos de las víctimas de la masacre, Juan Carlos Dante Gullo, Horacio Domínguez y Raúl Coppello. También declaró que había “gran número de menores” en el penal.

“Sabíamos que iba a ocurrir, estábamos preparados. Habíamos acordado que al que le toque, salía. Lo decidimos para evitar que entren y todo sea incontrolable. Me acuerdo de Sala, saliendo y dando su discurso de despedida. Lo que no entendimos es por qué no llevaron a los que tenían mayor exposición pública”, manifestó ante el Tribunal.

El fatídico día del traslado, “la U7 se vistió de verde”, narró Ponti para describir una situación atípica. La guardia externa del traslado eran todos militares, ni uno del Servicio Penitenciario Federal.

Para ese entonces, los presos políticos estaban incomunicados extramuros e intramuros. Abundaba el lenguaje de señas, clave Morse y una radio clandestina onda corta y onda larga, “que todavía debe estar guardada entre los muros de la U7”, aseguró Ponti, quien era el encargado de esconderla.

Por esa radio, un pedazo del diario El Territorio facilitado por un SPF que militaba en la JP, más los aportes de los presos políticos traídos desde la alcaidía -que estuvieron el día de la tortura masiva en el comedor-, los presos políticos fueron armando el rompecabezas de lo que sucedió aquella madrugada del 13 de diciembre de 1976. Más, alguna información que le aportó su hermana Sara casi sobre fin de año.

La visita excepcional fue tramitada por un militar al que Sara, miembro del equipo del doctor Favaloro, le salvó la vida. Igual, después, la mujer terminó desapareciendo en las fauces de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Otra documentación a la que accedió Ponti es un sobre anónimo, con sello del Ejército, entregado en el hotel donde pasaba la primera noche de bodas antes de partir de viaje, el 13 ó 14 de diciembre de 1983.

Luego declaró Víctor Fermín Giménez, que estuvo preso más de siete meses. Durante ese derrotero en prisión y después en libertad, se dedicó a recopilar datos con otros ex presos políticos y participó de investigaciones que lo llevaron a aseverar que “son 29” los muertos durante la masacre de Margarita Belén, cifra cercana al número indicado por el entrerriano Gustavo Piérola, citando a un ex conscripto: 30 víctimas.

Su periplo como detenido político comenzó en la Brigada de Investigaciones, cuando funcionaba por Marcelo T. de Alvear. De inmediato, lo llevaron a uno de los sótanos, donde permaneció colgado de un caño cloacal durante seis o siete días. A veces, lo bajaban para colgar a otro preso, como el caso del paranaense Fernando Piérola, víctima de la masacre.

También reveló que escuchó cómo torturaron a un tal Ginebrol: “Tu documento es falopa, vos no te llamás Peloso o Veloso, vos sos Machetti”, repetía Gabino Manader, imputado en la causa Caballero. El fiscal Germán Wiens Pinto dio una pista sobre la posible identidad: Nadalich, nombrado durante el juicio del ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. También indicó que pasó por el caño Lucho Díaz, otra de las víctimas de la masacre. “Se ensañaban porque no decía nada”, confió el testigo.

Colgado del caño también estuvo Raúl Méndez y justamente su hermano escuchó por primera vez algún dato sobre su paradero. Se especula que este correntino de Santa Lucía podría ser otra víctima de los fusilamientos del 13 de diciembre. “Muy testarudo, le reventaron los testículos”, relató.

Sobre el sótano en el que estaba Giménez también se podía escuchar cómo se torturaba en la oficina ubicada sobre ese piso subterráneo. Escuchó el operativo que terminaría con la detención de Méndez, otro operativo que terminó en la muerte del jefe montonero Colombo, en Corrientes.

Otras víctimas de la masacre que Giménez vio en la Brigada fueron Carlos Zamudio y una mujer apodada La hedionda, alias que se ganó luego de fingir una enfermedad venérea para no ser violada por los torturadores. Y en la alcaidía, el ex preso fue mudo testigo de la golpiza masiva en el comedor, previo al traslado a Formosa.

Giménez paso de alcaidía a la U7, de allí a La Plata, con “15 días de vacaciones” en 1979. Lo volvieron a detener y, tras un Consejo de Guerra, lo condenaron a 15 años de prisión que cumplió en Devoto y Rawson, donde salió libre finalmente.

Con esa experiencia a cuesta, este ex presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura (UNNE) aseveró: “Es imposible escaparse o intentar una fuga o rescate, además, la organización ya estaba diezmada”, completó.