Tras las declaraciones del ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Oscar Rovira, quien aseguró que el terreno de Los Arenales en el que el empresario Sergio Lifschitz planea construir un barrio privado “ha sido robado al pueblo de Paraná”, la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, sostuvo que él “acostumbra a realizar acusaciones genéricas sembrando un manto de sospechas sobre todos y utilizando falacias que confunden” dado que “no se puede hablar de robo”. Además, afirmó que “parecería no tener conocimiento del proceso judicial que se lleva adelante”. Al respecto, aseveró que no está “en condiciones de afirmar que sea un juicio ganado por la provincia y tiene un resultado muy incierto” ya que “hoy el empresario es el titular dominial de esta fracción de terreno y mediante la acción judicial se pretende demostrar que le corresponde el dominio a la provincia”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda emitido por Radio del Plata Paraná Mizawak sostuvo que Rovira “acostumbra a realizar este tipo de acusaciones genéricas sembrando un manto de sospechas sobre todos y utilizando falacias que confunden” y por sus declaraciones, sostuvo que “parecería no tener conocimiento del proceso judicial que se lleva adelante”. Al respecto, indicó que se trata de “un proceso de reivindicación y nulidad donde la provincia discute la propiedad del terreno con la Municipalidad de Paraná y el ex Banco Municipal”, por lo cual “no se puede hablar de robo y en todo caso podríamos decir que desde 1965 el balneario Los Arenales es municipal, dado que así se concesionó y explotó durante años”.

Asimismo, detalló que “en 1994, cuando Julio Solanas era intendente de Paraná y Mario Moine era gobernador de la provincia, el Banco Municipal adquirió el terreno por capitalización de la Municipalidad y lo vendió a un empresario de Buenos Aires, de apellido Bunge. El comprador no pagó ni una sola cuota del crédito del banco, que ejecutó la hipoteca y en esa ejecución es donde Lifschitz compró el terreno en 1997”.

Además, contó que “en el año 2000 el empresario presentó ante la Municipalidad, que tenía el poder de policía sobre el terreno, una solicitud para llevar adelante un emprendimiento, que se autorizó mediante decreto en junio de 2000” y apuntó que “ahí es donde comienzan las acusaciones de Rovira y las contradicciones del Estado provincial, como el dictamen de (el ex fiscal de Estado, Sergio) Avero donde aconsejó al entonces gobernador de la provincia, Sergio Montiel, la expropiación de ese terreno, lo que significa que está reconociendo que no es de la provincia”.

“A su vez, Montiel decidió elevar el proyecto de ley de expropiación, y a eso le continúa, no se entiende por qué motivo, una acción de reivindicación de nulidad sin que en el medio haya ningún dictamen rectificatorio de la Fiscalía de Estado”, agregó Mizawak, al tiempo que entendió que “no se debió actuar entre una administración provincial y una municipal porque se habla de dos gobiernos que están discutiendo la propiedad de un lote de terreno, que ya en actos anteriores, la provincia había reconocido que era municipal”.

En ese marco, afirmó que desde que asumió su cargo al frente de la Fiscalía “se continuaron todas las instancias procesales” en torno al tema y aclaró que, en su opinión el mismo “no merecía judicializarse sino que exigía un gran esfuerzo de ambas administraciones para arribar a una solución consensuada, porque sin dudas la población de Paraná deberá responder a cuantiosas costas, además de que seguramente todo terminará en un juicio por daños y perjuicios por parte del inversor privado”. A su vez, se preguntó “por qué en aquel momento no declararon la lesividad o pidieron la nulidad del decreto municipal” y remarcó que “en este proceso judicial se está discutiendo el dominio” sobre el terreno.

Por último, manifestó que no está “en condiciones de afirmar que sea un juicio ganado por la provincia y tiene un resultado muy incierto” ya que “hoy el empresario es el titular dominial de esta fracción de terreno y mediante la acción judicial se pretende demostrar que le corresponde el dominio a la provincia”.