“La preocupación es porque en nuestro país no hay terrorismo. Hubo un atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y a la Embajada de Israel, producto de injerencias externas, no de argentinos”, enfatizó Carlotto, en declaraciones a radio La Red.
En esa línea, subrayó que “hay delitos comunes, hay muchas razones para pensar que hay que modificar las normas para la seguridad, pero nada más”.
El proyecto
La ley impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo (el 41 quinquies) y establecer que "cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo".
No obstante, aclara que la aplicación del artículo -así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal- "en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales", publicó Parlamentario.