La Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná absolvió de culpa y cargo este mediodía al ex funcionario bustista Raúl Armando Rico, en la causa por defraudación al Estado provincial. La misma decisión adoptó la justicia para con la ex gerente de administración y finanzas, Alejandra Bría y el proveedor publicitario César Protti. Rico no estuvo presente en la sala de audiencias, pero fue notificado inmediatamente de conocido el fallo por su abogado defensor.
Raúl Rico se enteró que había sido absuelto por el llamado de su defensor, Ignacio Díaz desde su celular. Debió haber estado eufórico ya que su abogado, lo felicitaba tratando de tranquilizarlo, mientras acordaban reunirse por la tarde.
La otra imputada Alejandra Bría tampoco se acercó hasta Tribunales, mientras que el defensor del tercer imputado, César Protti, Raúl Barrandeguy, llegó cuando el Tribunal ya había leído la sentencia:
“El tribunal resuelve absolver de culpa y cargo a los acusados Rico, Bría, Protti. Se deberán levantarse las medidas cautelares que pesan los sobre los imputados, a cuyo fin se oficiar y no corresponde regular honorarios profesionales a los Dres. Ignacio Díaz y Raúl Barrandeguy por su intervención en el proceso por no haberlo peticionado”, fue la sentencia.
Según el argumento del vocal Felipe Celli, al que adhirieron Ascua y Sobrero “las remeras y gorritos se repartieron en toda la provincia y fueron vistos cuando se inauguraron obras de redes de gas en cada Municipio, también se colocaron carteles al ingreso de los municipios. Protti presentó facturas con todos los requisitos necesarios”.
Cabe recordar que la fiscal de Cámara, Susana Lacorazza había entendido que los trabajos no se habían realizado. “Cuando el Tribunal de Cuentas detectó algunas anomalías fueron subsanadas y presentadas en forma”, sostuvieron los vocales.
Además, entendieron que “no se afectaron fondos públicos porque los utilizados eran provenientes de la empresa contratista de la obra del gasoducto, lo cual estaba previsto en el pliego de licitación y por lo tanto no puede haber perjuicio para el Estado, y los precios pagados eran los vigentes en plaza. No hubo apropiación de dinero, pues se abonaron los trabajos y servicios realizados”.
Tanto Rico, Bría y Protti estaban acusados de defraudación a la Administración Pública por una suma algo mayor a los 18.000 pesos, por la contratación a una empresa publicitaria para la realización de productos de promoción del Gasoducto Entrerriano, consistente en remeras, gorros y carteles.
Díaz fue el único que se acercó a escuchar el fallo. De lentes a la moda, que decidió sacárselos ante el pedido de los periodistas televisivos, sostuvo que la denuncia se debía más a una razón política: “Esto está dentro de una persecución política, no sólo a Rico sino a Busti a través de organismo como la Fiscalía de Asuntos Administrativos (FIA) que no han sido muy constitucional”, dijo finalmente.