Salto Grande: no se puede consentir el atropello

Por Luis María Serroels
(Especial para ANALISIS DIGITAL)

El documento hecho público por Maya (al que titula Contra el tarifazo eléctrico), da cuenta de una carta dirigida al jefe de Gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, donde no sólo le plantea la situación que afecta a la región de Salto Grande, sino que amenaza con impulsar una denuncia por defraudación. Podríamos añadirle no exenta de saqueo.

No se puede eludir, a propósito del afecto y admiración que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, siente por Entre Ríos y su excelente relación con el gobernador Gustavo Bordet, que bien podría plasmar sus sentimientos interponiendo su jerarquía ministerial para que se consagre definitivamente el respeto por una legislación surgida de puntillosos estudios y dictámenes jurídicos incontrastables.

Obra en poder de este columnista, un extenso trabajo jurídico realizado por el estudio del doctor Alberto G. Spota, radicado en la Capital Federal, que con fecha 10 de diciembre de 1979 por pedido del gobierno provincial, brinda sus puntos de vista sobre la interpretación del artículo 43º de la Ley Nº 15.336, sobre energía eléctrica y consecuentemente la regalía que surge de Salto Grande en el Río Uruguay.

Soslayando los aspectos técnicos y detalles jurídicos asentados para definir qué tipo de situación exhibía este emprendimiento binacional, que en territorio argentino se definió como condominio público de las tres provincias mesopotámicas, sin distinguir entre provincias ubicadas aguas arriba o aguas debajo de la llamada “fuente” de la energía hidroeléctrica generada.

Los excedentes derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, se terminaron de plasmar del 22 de abril de 1998 mediante la citada ley 24.954, promulgada por Decreto 434 de dicho año. Un Acta Acuerdo posterior entre la Nación y las tres provincias, terminó por sellar tal distribución. Pero es muy importante destacar que la transferencia nacional comenzaría con un 20 por ciento de los excedentes, incrementándolos anualmente un 20 por ciento y al transcurrir el 5to. año se transferiría el 100 por ciento que resultare de la explotación hidroeléctrica.

La posterior creación de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), no tuvo un desempeño feliz habiéndose denunciado su utilización como caja política.

El empecinamiento de Maya tiene sus fundamentos, pero también la prédica de los legisladores Kunath, Ghiano, Guastavino, Ferrari, Zavallo y Solanas, con apoyo de jefes comunales, que vienen machacando en virtud de los preceptos de la Carta Magna y la nueva constitución entrerriana (2008), para que sea provincializada la parte del complejo del lado argentino, algo que enfrentará un duro debate porque en el medio aparecen los intereses misioneros y correntinos (tarea para los juristas). Es obvio que el mandatario provincial Gustavo Bordet está empeñado en asumir esta lucha que debe comprometer a toda la ciudadanía.

La rapiña de grupos financieros siempre anduvo sobrevolando la zona del Ayuí, pero no es menos cierto que el propio gobierno federal, a su turno, se ha comportado muy mal, ejerciendo operaciones rayanas en la arbitrariedad, apoderándose de recursos propios de las provincias y maltratando especialmente a Entre Ríos.

Robustece la postura del ex senador Maya un trabajo del periodista Tirso Fiorotto publicado en la revista ANALISIS el 8 de setiembre de 2005, donde denuncia una obra maestra destinada a disminuir en más de 150 millones de pesos los fondos automáticos que deberíamos recibir. Y aporta este dato: con la Resolución 406 de la Secretaría de Energía de la Nación, se redujo drásticamente de 26 a sólo 2 pesos el mhw, por lo que el margen de ganancias casi desaparece y por ende el excedente que nos correspondía, ya que lo poco que quedaba pasaba a destinarse a otros ítems.

También se quitó en forma unilateral –en los funerales del federalismo- la exigibilidad a las acreencias sobre montos adeudados desde setiembre de 2003 (ya arribado el kirchnerismo).

Maya, en su documento, advierte que “con la misma diligencia con que se promovió una ley para solucionar problemas de la provincia de Buenos Aires (más allá del origen de los fondos), en este caso se cumpla la ley y se evite la crisis de un tarifazo eléctrico que afectará a la familia y empresas-fuentes de trabajo en Entre Ríos, Corrientes y Misiones”.

En la Ley Suprema reformada en 1994, se estableció que los recursos naturales son de las provincias y ello se cumple con el petróleo, el gas y la minería. Es ilegal que no se aplique con Salto Grande, remata Maya.

El 30 de diciembre de 1946 el entonces presidente Juan Domingo Perón y su par uruguayo, Ulises Pereira Reverbel, suscribieron el Acuerdo de Salto Grande y su Protocolo. El mismo Perón durante su tercera presidencia en 1974, ordenó el comienzo de la obra que sería inaugurada en 1979 con las primeras turbinas. Entre medio hubo nada menos que 33 años espera.

En 2015 y al tratarse en el Congreso la ley del presupuesto nacional, se aprobó el artículo 152º que facultaba al gobierno de Cristina Kirchner a apropiarse de todos los excedentes de ese año derivados de Salto Grande que legalmente pertenecían a Entre Ríos, derogando la Ley 24.954 de 1998 que ratificaba acuerdos preexistentes nación-provincia. Esto fue duramente denunciado entonces por la diputada socialista María Ema Bargagna. Finalmente la ley en ciernes no prosperó y hoy sobrevive la que regla los porcentajes de distribución.

Hubo innumerables expresiones, figurando entre ellas las del ex legislador Augusto Alasino y el ex gobernador, legislador provincial y nacional Jorge Busti, también intendente de Concordia, habiéndoselo mencionado como operador político para que la ley de marras sea sancionada, cosa que lejos de molestarle lo llenó de satisfacción.

Nunca se supo qué reclamos hizo entonces el gobernador Sergio Urribarri, precisamente tan vinculado a Concordia, ciudad otrora considerada la capital financiera de la provincia y enfrentada a recurrentes crisis.

En 1999 el senador nacional Héctor Maya (PJ) y el diputado nacional Ricardo Laferriere (UCR), se entrevistaron con Urribarri, a la sazón titular del bloque de diputados provinciales justicialistas, planteándole que transcurridos 3 años los fondos de Salto Grande se extiendan a todos los jefes comunales, hallando buena disposición. Ironías del destino: ese mismo Urribari, como gobernador, avaló el manotazo que Cristina Fernández intentó darle a los recursos entrerrianos. Pero no lo consiguió.

Con la ley 25.671/2002 se logró que los Fondos de Salto Grande no formarían parte del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional. No es ocioso recordar que hubo intervenciones del presidPnte provisional Eduardo Duhalde con declaraciones desafortunadas por lo falaces, negando normas existentes (un real papelón).

En una de tantas notas abordando el recurrente atropello enfocado en la represa y sus excedentes, advertíamos que resistir cualquier intento que signifique un salto al vacío para los intereses de Entre Ríos, era una obligación ineludible. Hoy sigue más vigente que nunca.

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