Se trata de una causa tramitada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, a cargo de María Andrea Morales. La audiencia preliminar se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2017 y, desde entonces, transcurrieron sólo 43 días hábiles hasta el este lunes, en que en una sola audiencia se concentró la realización de la prueba.

Esta audiencia, presidida y dirigida en forma personal por la jueza, insumió tan solo 50 minutos. En ella se recibieron en forma verbal las explicaciones de dos peritos, las declaraciones de un testigo y de una de las partes. En el mismo acto, los abogados de las partes alegaron en forma oral, luego de lo cual, la magistrada llamó los autos a sentencia, quedando la causa en estado para emitir pronunciamiento definitivo, según se informó a través de un parte de prensa.

“La experiencia fue exitosa, si se tiene en consideración que la totalidad de los actos procesales que se concentraron en la audiencia del día de la fecha insumen habitualmente en un proceso escrito, más de un año de trámite”, se resaltó.

El proyecto, que busca la implementación de la oralidad en forma simultánea en los 38 juzgados en lo Civil y Comercial de la provincia, se enmarca de modo general dentro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil y de modo particular dentro de los objetivos de Programa “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El mismo es dirigido por Castrillón y está a cargo de un equipo de trabajo designado por el STJ, bajo la coordinación de las magistradas Valentina Ramirez Amable, Ana Clara Pauletti y María Andrea Morales.

“La nueva modalidad repercutirá en una mayor celeridad procesal, ya que la videograbación de las audiencias preliminar y de vista de causa permite la realización inmediata de las mismas, además de facilitar la incorporación de la oralización en todos los procesos de conocimiento, con mayor fidelidad de lo sucedido y su consecuente disponibilidad para instancias superiores; mayor concentración, publicidad y transparencia, y fundamentalmente, reducción de los plazos de los procesos civiles y comerciales, y satisfacción de los usuarios del servicio de justicia”, se indicó.