El abogado integrante de la Liga por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, aseguró que “hay un enorme malestar en la Unidad Penal N° 1 de Paraná” debido a las restricciones de las salidas laborales, familiares, la libertad condicional y asistida de los internos. Según precisó, esta situación, genera un “efecto contraproducente” que termina en situaciones similares a las ocurridas durante el motín de Córdoba o en Victoria. Al respecto, destacó que “falta una política de Estado en serio en materia de seguridad”.

Iparraguirre afirmó que “en Argentina, el Estado hace caso omiso a las señales de alerta y poco importa la pérdida de vidas humanas”, y recordó que en Entre Ríos estas señales las dio el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) cuando planteó en acordada la situación de hacinamiento y violación a los derechos humanos que sufren los internos en las cárceles entrerrianas. “No estamos acostumbrados a hacer caso a las señales de alarma”, añadió en diálogo con el programa A quien corresponda, emitido por Radio Del Plata Paraná.

Sin embargo, pidió no “reducir” la temática relacionada con la Justicia al sistema carcelario. “Lo que falta es una política de Estado en materia de seguridad y una política en serio desde el Poder Ejecutivo entrerriano donde podamos discutir, entre los distintos actores involucrados, las formas de paliar esta situación”, sostuvo.

En relación con la situación del sistema carcelario entrerriano, dijo que la posibilidad de un cambio “no alcanza con la refacción o construcción de nuevas cárceles” y calificó como “un apriete que genera una situación contraria a lo esperado”, al pedido de jury realizado por el gobernador Jorge Busti, para el juez de ejecución de sentencias Miguel Ángel Retamoso, quien autorizara la salida socio–familiar de Miguel Ángel Lencina.

“Hoy lo jueces están siendo poco generosos y cortando la posibilidad de salidas familiares y laborales a internos que deberían gozar de ellas, lo que genera resquemor en la población carcelaria que ve cercenados sus derechos sin posibilidad de defenderse”, explicó Iparraguirre. “Hay un enorme malestar en la Unidad Penal N° 1 de Paraná porque se cortan las salidas laborales, familiares, la libertad condicional y asistida”, lo cual tendrá “un efecto contraproducente porque generan malestares que, en el corto o mediano plazo, terminan con situaciones como las sucedidas en Córdoba o en Victoria”, afirmó.

“No hay un proyecto en serio ni un programa para abordar la situación penitenciaria. Seguimos teniendo edificios vetustos; no funcionan los talleres dentro de la Unidad Penal como pasaba hace 20 ó 30 años atrás y ni siquiera existe el patronato de liberados como institución real que permita apoyar a los internos una vez salidos de la cárcel”, se quejó. Y añadió: “Hoy la cárcel no resocializa absolutamente a nadie y parece que nos estamos acostumbrando a que las cárceles sean verdaderos depósitos de personas y que su única función sea mantener a los sectores más pobres”.

En cuanto al aumento de la población carcelaria, dijo que no se debe “sólo al estado vegetativo” sino que también “cambió la situación social del país”. “La situación de desamparo en que viven millones de argentinos ha hecho que muchos jóvenes se vuelquen a la delincuencia casi como última salida de supervivencia y el alto índice de delito tiene que ver casi linealmente con el enorme deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares”, explicó.