Blanca Osuna
Las condiciones para la atención de la discapacidad atraviesan uno de los momentos más críticos que se recuerden. Esto es consecuencia del quiebre del sistema de salud pública, del desfinanciamiento del PAMI, del uso de la ANDIS como fuente de negocios ilegales con laboratorios medicinales, de la realización de auditorías maliciosas con médicos que transgredieron reglas, de despidos y cierres de delegaciones del ANSES que afectan directamente su función operativa y del incumplimiento de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aprobada en 2025 por el Congreso y ratificada con el rechazo al veto de Milei.
A todo ello, como si fuera poco, el gobierno impulsa un proyecto para modificar la Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad (24.901), con el engañoso pretexto de combatir lo que denominan “fraude”, pero que en la práctica busca ajustar presupuesto y agravar la situación de las personas con discapacidad y sus familias.
Esta última iniciativa presentada al Congreso para su tratamiento vulnera la dignidad en el acceso al trabajo, al establecer como impedimento para el desempeño laboral percibir una pensión no contributiva, cuyo aporte económico es mínimo. A su vez, reduce incentivos fiscales para los empleadores, por lo cual desincentiva la contratación de personas con discapacidad, impone reempadronamientos obligatorios, elimina actualizaciones automáticas de aranceles, amplía la discrecionalidad en la asignación de recursos y habilita la posibilidad de recortes y bajas arbitrarias.
Queda evidente que no se trata de transparencia ni mucho menos de ordenamiento del sistema. El proyecto de ley de LLA es un contundente retroceso, en el que se estigmatiza y discrimina a las personas con discapacidad.
En Entre Ríos se suman centros de atención, educación y tratamiento que cierran sus puertas, limitan sus servicios por falta de recursos y financiamiento estatal. Las derivaciones y consecuencias de estas decisiones políticas del oficialismo gobernante impactan de lleno en la vida de niños, jóvenes y adultos que padecen diversas discapacidades y son parte de nuestra comunidad. La pérdida de un día de tratamiento o medicamentos deja huellas en todo proceso de recuperación y es un tiempo que no se recupera más.
En nuestra provincia la situación es especialmente crítica. Las negativas permanentes de OSER, junto con el desfinanciamiento de los organismos nacionales pertinentes que, tal como expresa ACLER, quitan prestaciones y niegan internaciones y tratamientos, provocan que miles de personas con discapacidad y sus familiares enfrenten tremendas e injustas dificultades en el día a día y en la continuidad de atenciones de padecimientos crónicos y emergentes.
Esta palpable y dolorosa situación que vamos conociendo en los barrios, escuelas, hospitales y clínicas requiere, de modo urgente, que Frigerio y las autoridades competentes adopten las medidas conducentes para garantizar respuestas que no pueden esperar más, a riesgo de la salud y la vida.
¿Cuál es la razón por la cual el gobierno provincial se mantiene indiferente frente a semejante emergencia social?
La realidad de las familias es angustiante. No solo enfrentan la imposibilidad de sostener tratamientos, sino que el contexto económico agrava aún más las condiciones de vida, con salarios deprimidos, trabajos que se pierden y el costo de vida por las nubes.
En muchos casos, los familiares de personas con discapacidad han tenido que recurrir a la justicia para acceder a lo que la ley considera como derecho.
El presidente Milei se encuentra denunciado penalmente por abandono de persona, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a partir del incumplimiento de normas y de la falta de respuestas.
Frente a ello, seguimos muy de cerca el accionar de la Justicia. Porque cuando uno de los Poderes del Estado no cumple con las normas, y quienes están afectados recurren a su intervención, es el Poder Judicial quien debe actuar.
Corresponde que lo haga.
Este miércoles se llevó a cabo una movilización frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos en el marco de una jornada de protesta a nivel nacional. Se hace para rechazar el proyecto de ley impulsado por Milei; pedir al gobernador Frigerio que detenga el daño y apoye estas posturas, y también para exigir al presidente de la Nación respuestas urgentes y el cumplimiento de las normas vigentes.
Ahí estuvimos.
(*) Diputada nacional PJ Entre Ríos
