Un Indec con estilo hitleriano. Condena: político falsificador. Regresa un viejo amigo. Boliches: rebelión civil

Luis María Serroels para ANALISIS DIGITAL

Esta semana el susodicho Moreno no se sintió satisfecho con aplicarle 500.000 pesos de multa a cada empresa medidora cuyos estudios no coinciden con las torpes mentiras oficiales (monto aún no depositado por hallarse en apelación), sino que redobló su agresión anticipando que el castigo por utilizar la libertad -que no es una concesión graciable del gobierno-, podría llegar al encarcelamiento de sus responsables. Esta actitud es de una gravedad institucional inusitada y a todas luces avasalladora de facultades elementales.

Cualquier regulación restrictiva o negadora del derecho a elaborar, producir y proveer información, conspira contra la libertad de empresa y de expresión, ataca el pluralismo y coarta la creatividad individual y colectiva que es esencial para el progreso humano.

Puede el gobierno desmentir determinados datos –valiéndose obviamente de elementos seguros, rigurosos, válidos y comprobables-, pero no puede adueñarse de la verdad ni negar a la iniciativa privada su libertad para acometer tareas profesionales que, como viene ocurriendo, resultan mucho más creíbles para la sociedad que las mentiras seriales del oficialismo. Más allá de los índices proporcionados por las medidoras particulares, es la visita cotidiana a las góndolas y los mostradores lo que echa por tierra la información del gobierno. No existe ley alguna que impida y ni siquiera limite esa libertad. Esto que estamos viviendo no sucede en ningún país civilizado del mundo.

Toda restricción está viciada y atenta contra pactos internacionales que la Argentina ha suscripto pero que ciertos funcionarios ignoran groseramente. La posibilidad de ejercer labores profesionales sin interferencia, no puede conculcarse porque obstaculiza la difusión libre del material resultante de los estudios e investigaciones acometidos por grupos especializados. El principio segundo del Tratado de Chapultepec es aplicable en este caso, porque garantiza no solamente la libertad de generar información, sino también el derecho ciudadano de recibirla sin recortes ni distorsiones. Y ello no se circunscribe exclusivamente a los órganos de prensa, sino que comprende a todo aquel material surgido de estudios, análisis, investigaciones y proyecciones basados en la realidad y el comportamiento de los factores concurrentes, situaciones de riesgo y posibilidades concretas de desarrollo. Si hubiese que conformarse únicamente con lo que proporciona el devaluado Indec, donde sus mejores técnicos han sido perseguidos y separados, el empresariado nacional no sabría qué hacer y los capitales de inversión ni se acercarían a nuestras costas.

Cabe recordar que una de las maniobras más pueriles diseñadas por la Casa Rosada para reducir los intereses de la deuda externa, es el dibujo grotesco de los indicadores de la evolución del costo de vida, intentando engañar a los bonistas. Es que por cada punto de inflación registrado en nuestro país, esos intereses crecen muchos millones de dólares. Si Guillermo Moreno pretende que se revelen las fuentes de información, está poniéndose en una postura totalitaria y en todo caso debería dar a conocer de qué extraña alquimia se vale el poder para arribar a índices ridículos de precios que no rigen en ningún rincón del país.

Parece que junto a la sombra de Adolfo Hitler, se trata de remedar en versión vernácula a su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, quien sostenía: “calumnia, calumnia que algo queda”. Sería muy útil que el oficialismo informe adecuadamente, por ejemplo, lo que está sucediendo con la fuga de capitales. En 2008 se fueron 23.000 millones de dólares; en 2009, 14.000 y en 2.010, 11.400 que, sumándole el monto esfumado en los primeros cinco meses de este año (5.400), totalizan hoy 53. 800 millones de dólares. Adviértase que esta cifra resulta similar a las actuales reservas del Banco Central, Pero hay un dato más inquietante: el total de capitales que se fugarán en 2011 se previsiona entre 11.000 y 15.000 millones de dólares. Esto significa que este año esa disparada de dólares hacia el exterior, alcanzarán un nivel más alto que el superávit comercial que estima el Palacio de Hacienda para 2011.

Guillermo Moreno en otro orden, tiene que ver con la comercialización cerealera, donde desgrana una política impresentable y destructiva de los productores a los que se sigue odiando tanto como en aquellas jornadas de la Resolución 125. Mientras se acerca la nueva campaña triguera, el 45 % de producción de la campaña anterior se halla en manos de los productores carentes de precio y de demanda, pese a reiterados reclamos.

Si existiese una verdadera política cerealera, no ocurriría por ejemplo que bajo falsas premisas de defensa de la mesa de todos los argentinos, el pan se llegue a vender hasta 8 y 10 pesos por kilogramo en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, cuando mediante medidas inteligentes sugeridas por la dirigencia agraria, este precio no debería pasar de $ 2,50. Mientras tanto, malas maniobras en el comercio bilateral con Brasil, colocan a nuestra industria automotriz en grave encrucijada

De estas cosas debería ocuparse con responsabilidad este funcionario, el mismo que un día concurrió a una reunión del Directorio de Papel Prensa calzando en sus manos guantes de boxeo. Ese es el símbolo del diálogo que se impulsa, mientras la inflación real –que casi triplica los índices del Indec- hace estragos en los hogares. La inflación sigue siendo el más injusto de los impuestos.

Estas cosas de las que no se habla, son las que deberían revelarse al contexto social y los operadores económicos en particular, pero se está demasiado ocupado en perseguir agencias de medición. En tanto el sociólogo Artemio López, una especie de edecán encuestador del kirchnerismo, acude a programas por TV para defender al gobierno (¿qué tan confiable pueden llegar a ser sus trabajos?).

Volviendo al secretario de Comercio Interior: en cualquier nación seria, donde los derechos son respetados, un funcionario que amenace con meter preso al directorio de cada encuestadora no domesticada, debería irse a la calle. Salvo que un clima similar al de la Alemania nazi de la primera mitad del siglo 20, esté resultando atractivo para ciertos gobernantes. La verdad no tiene dueños, pero el atropello parece que sí.

Condena: político falsificador

Debemos ser sinceros: no creíamos que finalmente la justicia provincial, tan sometida a fuertes críticas desde la sociedad (criá fama y echate a dormir), terminaría condenando a un ex senador y a su esposa, por graves delitos. El hombre (político y senador sempiterno entre 1987-2003) es Abelardo Félix Pacayut. Ella, Ruth Klein. El primero fue procesado y condenado a tres años y cuatro meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, por ser coautor material y responsable de los delitos de “falsificación ideológica de instrumento público, uso de instrumento público falsificado, todos consumados y en concurso ideal contra la Administración Pública”, debiendo abonar una multa de 45.000 pesos. Su cónyuge, recibió una condena de dos años de prisión en forma condicional por el mismo delito, teniendo que pagar una multa de 20.000 pesos, amén de la realización de servicios comunitarios durante diez meses.

El Fiscal, Leandro Ríos, luego de refutar los 17 argumentos defensivos que consideró no admisibles, hasta se tomó tiempo para reflexionar que la defensa en sus argumentos confundió patrocinio con dominio, es decir, derecho penal con derecho civil. El fallo, del cual se ocupó este sitio digital, analiza el hecho juzgado que se vinculó con la ocupación indebida de un inmueble perteneciente a un establecimiento forestal de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), desactivado a mediados de 1990 y ubicado en la Isla Mazaruca, a 25 kilómetros de Ibicuy, para lo cual se valió de una maniobra irregular que terminó configurando el ilícito penal imputado.

Pese a los esfuerzos de la defensa, se consideró probado que al momento de ocupar una de las viviendas deshabitadas destinadas a familias necesitadas, la señor Klein no era indigente sino propietaria de un inmueble en Paraná. La investigación del caso fue iniciada por la hoy desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Pero la situación de Pacayut podría agravarse en tanto tiene pendiente junto a su hermano Carlos y un grupo de empresarios y funcionarios, el juicio oral donde será juzgada su conducta y responsabilidad en la desaparición de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por unos 50 millones de dólares, que habían sido concedidos para destinarlos a realizar obras en el Puerto de Ibicuy (este asunto fue abordado puntillosamente por el Semanario ANALISIS en varias oportunidades). ¡Por fin un político va a la cárcel!

No podemos soslayar una breve reflexión: Domingo Daniel Rossi, acusado por graves delitos de enriquecimiento ilícito y condenado a prisión condicional e inhabilitación por ocho años para desempeñar cargos públicos, nunca conoció una celda por dentro. Peor aún: hoy se postula para volver a la intendencia de Santa Elena donde se aprovechó de su posición dominante para cometer sus ilícitos. Por eso esta flamante sentencia suena sorprendente porque demuestra la dualidad en que se cae en la justicia provincial. Una golondrina no hace verano.

Regresa un viejo amigo

No pocos recordamos la antígua ronda, donde policías apostados en distintos lugares de la ciudad y coordinados por superiores que oficiaban como “rondín”, haciendo largas recorridas nocturnas mientras sus subalternos se comunicaban accionando un silbato que despedía un sonido muy particular. Era una señal que como virtual lenguaje, trasmitía a su camarada más cercano distintas situaciones y así en una cadena de postas, el agudo silbido surcaba el aire con su extraño pero efectivo idioma.

Pero existía el llamado “policía de facción” que permanecía durante el día y en cada barrio conocía quién era quién. Cara nueva que rondaba con insistencia, era sospechada y observada con mayor atención. No disponía de equipo inalámbrico, no contaba con sistema de Walkie Talkie ni Handy, ni se soñaba con algo tan revolucionario como el celular. Los equipos de VHF y UHF, empezaban a instalarse en los móviles como gran adelanto. Pero ese policía amigo del vecindario brindaba tranquilidad, porque su presencia era algo ciertamente desalentador para los malandras. De hecho en esas épocas y en muchas casas se dejaba la puerta del frente sin llave para que el lechero madrugador ingresara y llenara con su ofrenda láctea los recipientes más variados.

El paso del tiempo trajo aparejado el avance del delito en nuevas modalidades con protagonistas muy bien adiestrados y con metodologías inimaginables. Y las instituciones policiales debieron agiornarse, adoptar adelantos tecnológicos y preparar recursos humanos a la altura de las nuevas exigencias (el laboratorio de criminalística de la Jefatura Central de la provincia, ha incorporado una moderna aparatología de origen extranjero, convirtiéndose en el único en su tipo dentro de las policías del país).

En este contexto, donde la carrera contra el delito no permite la menor pausa, esta semana la noticia nos dijo que el “policía de la esquina” retornará. Y es una muy buena noticia. Esta medida se agregaría en un contexto general, al patrullaje ya advertido de bicipolicías y las recientemente instaladas cabinas con un efectivo de seguridad y los elementos imprescindibles (de movilidad y comunicación) prestos para acciones inmediatas debidamente coordinadas para una mayor eficiencia (ya se observan en distintos niveles del Parque Urquiza, una zona crítica de por sí).

Las casillas estarán en las esquinas de la capital entrerriana (una cada cuatro manzanas) y seguramente responderá a estadísticas donde aparecen más nítidamente las zonas rojas cuyos habitantes deben padecer un estado de intranquilidad y zozobra que no se merecen. Es que como en la salud, también en materia de seguridad la prevención es siempre el mejor negocio. Todo esto integra un plan global que incluye una convocatoria para reincorporar suboficiales retirados (previa selección) cuya asignación consistirá en agregarle un plus al sueldo. Es lógico que estos efectivos no tendrán que ser preparados porque llevan en su historia muchos años de revista en la institución. Vuelve el “policía de facción”. Los modernos rudimentos de ahora distan mucho de aquellas épocas de la ronda y por fortuna están disponibles. Cambia la tecnología pero los objetivos continúan siendo los mismos.

Rebelión civil

Hace apenas dos meses –y ya son varias las ocasiones- nos referimos a los desbordes que bajo propósitos de diversión y esparcimiento, vulneran legítimos derechos de dignos ciudadanos que ven entorpecido su merecido descanso. Hemos dicho hasta el cansancio que las horas destinadas al sueño no son un capricho. El empleo de la noche para la recuperación física y psíquica, constituye una necesidad y donde hay una necesidad hay un derecho. Hemos fundamentado esto aferrándonos a conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, que tras analizar el tema alude a los perjuicios ocasionados por el exceso de ruídos generados por diversos factores. Los denominados boliches bailables, que superan todo nivel razonable de decibeles, conforman un buen caso testigo.

El artículo 41º de nuestra Carta Magna –vale reiterar- garantiza el mantenimiento de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. La carencia de descanso en las horas apropiadas, lleva a las personas a mermar el rendimiento en sus tareas cotidianas, dejando en su espíritu un sentimiento de desazón con síntomas de depresión y alteración de los nervios, frente a la impunidad con que se mueven los energúmenos –no todos desde luego-, que terminan haciendo partícipes de sus excesos a habitantes que nada tienen que ver con estas raras formas de entretenimiento. Mientras sus padres descansan tranquilos, ellos se encargan de que otros no puedan pegar los ojos. Esto es arbitrario y abusivo, por lo tanto ilegítimo y repudiable.

En marzo último la concejal Cristina Sosa abrió el debate para promover una audiencia pública, mecanismo participativo previsto en la Ordenanza 8.276/01 y en la cual exponen funcionarios, invitados y ciudadanos en general, respecto de cuestiones que atañen a la comunidad. Esto ofrece la posibilidad de discutir y consensuar aspectos importantes que gravitan en la vida ciudadana, adquiriendo mayor trascendencia cuando, como en este caso, atentan contra la salud de la población.

El funcionamiento de ciertos boliches exhibe un cuadro de inaceptable, cuyo origen tiene mucha relación con la ingesta descontrolada de alcohol, que conduce a actos muy reprochables como bafles a todo trapo, griterío irrespetuoso, peleas violentas, utilización de viviendas aledañas como baño público y hasta para la práctica de actos sexuales. Todo ello con total impudicia, más grave aún cuando goza de la indiferencia de las autoridades pertinentes, lo cual le otorga una carta de impunidad.

Esta semana se produjeron movimientos muy interesantes desde un grupo de vecinos autoconvocados residentes en los aledaños de boliches ubicados en un área comprendida por las calles Colón, Corrientes, Nogoyá, Victoria y San Martín. Pretenden buscarle una solución drástica y definitiva al problema. Llega un momento en que se acaban las contemplaciones, porque cuando no se aplican las normas que protegen a los habitantes, deben utilizarse las que sancionan a los funcionarios distraídos. La anomia desde el punto de vista legal es la ausencia de normas; filosóficamente es la falta de cumplimiento de las que existen. Y ello es triste.

Se anuncian presentaciones judiciales para obtener remedio. Por enésima vez el Poder Judicial tendrá que verse obligado a dirimir lo que el poder político no atina a superar, salvo que se dé intervención a la Defensoría del Pueblo y a los capacitados mediadores cuya tarea sería muy útil y oportuna. Pero no se agotan las medidas en discusión, porque los hastiados vecinos podría resolver no abonar sus tributos municipales hasta tanto no se termine con esta inícua situación, depositando esas obligaciones en sede judicial.

Hace muchos años en California (EE.UU.), cuando era gobernador Ronald Reagan, el pueblo se sublevó contra medidas injustas y logró torcerle el brazo a quien llegaría luego a ser presidente del país del norte. Este episodio se llamó la Rebelión Californiana, un hecho pacífico protagonizado por los contribuyentes que decidieron suspender el pago de sus impuestos. ¿Habrá que implementar la Rebelión Paranaense para que se apliquen normas que salvaguardan legítimos derechos colectivos? Creemos que primará el sentido común y tendrá cauce la obligación que como poder de policía tienen las autoridades municipales.

Colofón

El 29 de mayo de 1969 –este domingo se cumplen 42 años-, se produjo un hecho espontáneo de protesta popular que se dio en llamar el Cordobazo. Fue un movimiento principalmente liderado por sectores sindicales que se alzaron contra una política económica perversa, caracterizada por medidas autoritarias, antiobreras, desindustrializantes y entreguistas de los mercados internos a los monopolios internacionales. Una conocida fórmula que fueron repitiendo los sucesivos golpes de Estado en nuestra historia y que terminaron con el repudio de la ciudadanía que los obligó a retirarse con pena y sin gloria. Fue un punto de inflexión.

Gobernaba en aquél entonces el general Juan Carlos Onganía, quien desactivó la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (creada por Arturo Illia, a quien destituyó en junio de 1966), congeló la mayoría de las remuneraciones, impuso el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales y firmó un Decreto Ley de represión automática ante huelgas y movilizaciones. Cuando se acaba la paciencia, los tiranos –cobardes en el fondo- comienzan a temblar. Hasta la semana que viene.

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