Urribarri: “Atrás quedó el país manejado por los intereses de las clases dominantes”

En la disertación estuvieron presentes también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, y el diputado nacional Remo Carlotto.

El gran compromiso del Garzón con el enjuiciamiento de militares latinoamericanos, responsables del franquismo en España, las redes del narcotráfico en su país, entre otras causas, lo convirtieron en una figura intelectual y política de referencia en esta época.

Durante el panel, Garzón dejó en claro su respaldo a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que impulsa la Presidenta Cristina Fernández, además de considerar que los jueces deben pagar impuesto a las Ganancias. También dijo que “los jueces son funcionarios públicos y deben mostrar transparencia porque se nutren de ella y esto es lo que les da credibilidad”.

“La justicia tiene que ser del y para el pueblo. Cuando una institución funciona mal no solamente son los titulares de la misma los responsables. Tienen parte de responsabilidad, pero también la tiene el colectivo. El poder y los ciudadanos tienen responsabilidades a la hora de actuar y de demandar justicia”, señaló el ex magistrado. En ese sentido, aclaró que “en la justicia, si no hay una coparticipación y una corresponsabilidad de todos los estamentos implicados, no puede funcionar bien”.

“Para tener una justicia independiente lo primero es la propia convicción de los que integran ese poder. Deben estar dispuestos a perderlo todo antes que infringir el sagrado principio de la parcialidad y la independencia”, detalló, y agregó que “tiene que haber normas adecuadas que los proteja y la convicción por parte de todos los ciudadanos de que el Poder Judicial forma parte del Estado y por lo tanto debe participar también de la política integral del Estado, siempre en defensa de los ciudadanos”.

La actividad fue realizada en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, dependiente de la Secretaría General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación y de la que participaron funcionarios provinciales y nacionales y numerosos jóvenes.

Urribarri presentó el panel

Al presentar el panel, el mandatario entrerriano destacó la figura del juez al expresar que “cuando llegue la hora de escribir la historia que nos ha tocado vivir no tengo dudas que hay un lugar enorme para este hombre que hoy nos acompaña”.

Destacó que “seguramente Baltasar Garzón no lo sepa, o no le pueda dar la importancia que ha tenido, pero cada una de sus acciones desde la magistratura que ocupó en España han servido enormemente a la construcción de un proyecto de país digno y justo que abrazamos la inmensa mayoría de los argentinos”, y subrayó que “atrás ha quedado el país avergonzado y manejado por los intereses de las clases dominantes. Hoy es el pueblo argentino el que decide su destino”.

Urribarri reafirmó que “es tanto lo que hemos logrado en estos años en el país, gracias a Néstor y Cristina, que nadie puede decirnos que los derechos humanos están circunscriptos a las violaciones horrendas de la dictadura que recordamos una vez más el domingo 24 de marzo en todas las plazas del país”.

“Siempre tendremos mucho por hacer, siempre habrá deudas pendientes, pero en la Argentina, desde hace una década, nos reencontramos con la historia y nuestro destino de grandeza”, sostuvo finalmente el jefe del Ejecutivo entrerriano.

En Entre Ríos

Después de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner, en 2004 se retomaron las causas judiciales abiertas hasta el año 87. En Entre Ríos volvió a investigarse la causa Área Paraná que involucra a 10 militares responsables del terrorismo de Estado en la provincia por delitos de lesa humanidad cometidos contra 52 víctimas. Este proceso se encuentra aún en ejecución, y se tramita bajo la ley procesal penal vieja, un código escrito y cerrado que carece de juicio oral.

También, a partir de una denuncia realizada por el entonces director del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, en 2005 comenzó a investigarse el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura.

La causa Hospital Militar llegó a sentencia y encontró culpables a cinco de los seis imputados. También dejó como resultado la confirmación del funcionamiento de esta maternidad clandestina que reconfiguró el mapa de la red tendida por la dictadura en el marco de su plan sistemático de apropiación de bebés, supresión y sustitución de identidad.

Gracias a las investigaciones desarrolladas en esta causa, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, hija de los detenidos desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, recuperó su identidad, y ahora enfrenta la búsqueda de su hermano mellizo, que al igual que ella fue apropiado al nacer.

Además, llegó a sentencia la causa que investigó al ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay. La sentencia, que fue condenatoria, confirmó que esos delitos fueron en el marco del genocidio perpetrado por la dictadura.

Sumado a la reapertura de las causas y a las nuevas investigaciones, Entre Ríos creó el Registro Único de la Verdad, espacio que cumple un rol activo en la promoción de las causas, proveyendo abogados a las victimas para que se constituyan en querellantes; y puso en funcionamiento un Programa de Protección a Testigos.

Campaña

En ese marco, para la conmemoración del Mes de la Memoria, el gobierno de Entre Ríos viene desplegando una campaña de búsqueda de los hijos de entrerrianos desaparecidos, entre los que se encuentra el hermano de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, “el melli”, que nació con ella en 1978 en el Hospital Militar de Paraná.

También se encuentra la búsqueda de los hijos mellizos de Graciela Susana Capocetti y Guillermo Ángel López Torres, nacidos en el Hospital Militar de Paraná entre noviembre y septiembre de 1977. Así como el hijo de Marta Bugnone y Jorge Ayastuy, que pudo haber nacido entre marzo y agosto de 1978. Ellos fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977 en Buenos Aires.

A ello se suma el hijo de Blanca Estela Angerosa, secuestrada el 3 de marzo de 1978 cuando estaba embarazada de 4 meses. Angerosa fue vista en el Centro Clandestino de Detención conocido como El Vesubio y tuvo su hijo en cautiverio en agosto de 1978.

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