“Como tenemos la franca decisión de defender el patrimonio público y a la vez la firme de decisión de poner en valor productivo las islas, proponemos volver la situación al punto inicial, derogando la Ley Nº 10.092”, se indicó.

Igualmente, en el texto firmado por Urribarri, se sostiene: "La otra cuestión es que no dejaremos sumido en el abandono uno de los territorios más fértiles de la República Argentina, como ha ocurrido hasta ahora. Hacerlo, sería un atentado contra los intereses de la provincia, contra la oportunidad y la obligación moral de producir más alimentos para el mundo”.

El Ejecutivo se encargó de dejar en claro que “nunca se postuló ninguna privatización como interesadamente se ha dicho. Tampoco concesiones sobre todo el delta, como ridículamente se ha expuesto y menos aún llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la cuestión ambiental, como maliciosamente lo han expresado sectores que hacen todo lo contrario”, según detalló APF.

En este marco, el Ejecutivo provincial encomienda la elaboración de un registro de inmuebles que pertenecen al dominio público y al dominio privado del Estado, profundizar las acciones penales y civiles contra los ocupantes ilegales de bienes del dominio público provincial y la revisión de la situación dominial de la totalidad de las tierras que componen el delta entrerriano.

En el proyecto aprobado, se destacaba que “el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ha propuesto, desde la gestión iniciada el 10 de diciembre de 2007, poner fin a una historia de despojo para ejercer la defensa y recuperación de las islas fiscales que pertenecen a su dominio público”.

“Sin embargo, la ley Nº 10092 ha sido blanco de toda clase de críticas. Muchas de ellas maliciosas y otras infundadas o peor aún, fundadas en conjeturas que sólo caben en la mente de quienes las elaboran”, se remarcó desde el Ejecutivo.

“Finalmente, Entre Ríos no necesita que nadie le recuerde que tiene jurisdicción sobre parte importante de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y ello, más la obligación de poner en valor productivo al menos parte de ese territorio insular, es lo que funda nuestra política de hacer las islas cada vez más públicas y más entrerrianas. Por los motivos expuestos el Poder Ejecutivo propicia la derogación de la referida ley”, se señaló en el proyecto.