La Cámara del Crimen de Gualeguay habìa condenado a Walter Martìnez en septiembre del 2008 por fraguar documentación para lograr la millonaria fortuna dejada por el hacendado José Alberto Reggiardo –oriundo de Victoria-, fallecido en julio de 1998, en un campo cercano a Paraná, días después de haber caído en su helicóptero. El abogado de Nogoyá, el escribano de Gualeguaychú, Luis Galli (de 75 años, quien ya tenía antecedentes) y la joven María Angélica Godoy, fueron sentenciados a cuatro años de prisión, según la sentencia, donde se dejó demostrado el fraude cometido. Dos de ellos cumplieron la sentencia de los camaristas Antonio Cirigliano, Edgardo Garibotti y Daniel Alle: Galli tuvo prisión domiciliaria en Gualeguaychú, por su edad, mientras que Godoy permaneció en la cárcel de mujeres de Paraná hasta poco después de mediados de este año y regresó a Nogoyá.

Martìnez quedò en libertad, pero dentro de unos dìas tendrà que comparecer ante la Justicia Federal de Paraná, donde serà indagado en una causa por la supuesta falsificación de documento público. El letrado y recluso presentó ante la Cámara del Crimen de Gualeguay -la que lo condenó en el 2008- supuestas copias autenticadas, por una escribana de Nogoyá, referidas a un dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la causa por la cual se encuentra condenado, después de presentarse un recurso judicial, con el patrocinio del letrado paranaense Marciano Martínez.

Mediante ese ardid, el condenado Martínez pretendía obtener su inmediata libertad, argumentando que el fallo de la Corte Suprema lo disponía de esa manera. De hecho, en el escrito presentado exigía la “inmediata libertad ambulatoria”; que debía dictarse “una nueva sentencia” e incluso recusó a fiscales y jueces que actuaron en diferentes instancias relacionadas a la causa.

Incluso, la maniobra del recluso llevó a su abogado a que así lo informara públicamente en diferentes medios de comunicación de la provincia, pese a que era erróneo. Por eso fue que la justicia gualeya -con Esteban Elal como presidente y Arturo Dumón como vocal-rechazó la excarcelación del preso, al interpretar correctamente que la Corte Suprema había confirmado la condena y solamente modificaba lo resuelto en primera instancia en relación a uno de los delitos cometidos. Pero, a su vez, envió la documentación fraguada de Walter Martínez al procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Jorge García, quien dispuso que sea derivado a la Justicia Federal, para iniciar una acción penal.

Según se pudo saber, el fiscal actuante, José Ignacio Candioti hizo lugar al planteo de García, lo que no solamente comprendería a Walter Martínez, sino también a la escribana María Josefina Lobbosco, de Nogoyá, quien declaró “haber tenido a la vista, en fecha 4/10/2011, los originales de los expedientes cuyas copias se adjuntaron, lo cual resulta imposible, según surge de las propias constancias”. Es decir: la Corte Suprema nunca entregó copias de su resolución sobre el caso Martínez.

De hecho, en menos de un año, es la segunda causa que se le inicia a Martínez en el Juzgado Federal de Paraná. La primera se registró a comienzos de 2011, cuando la justicia suiza envió exhortos a la Cancillería Argentina, para que se disponga la investigación de Walter Martínez y su hijo, por supuesto lavado de dinero, al encontrárseles cuentas bancarias en dicho país, por 6.300.000 dólares, que pertenecían al hacendado Reggiardo y fueron robadas por él, tal como lo había anticipado la revista ANALISIS en 2010, en una nota publicada en el mes de agosto.

Según se pudo saber, Candioti consideró que existían elementos suficientes para sospechar de la conducta de Walter Martínez y por ende se le inició una causa por falsificación de documento público, tipificado en el artículo 296 del Código Penal, que va hasta 6 años de prisión. Por ende, se requirió al Colegio de Escribanos de Nogoyá que se envíe un informe en relación a la escribana Lobbosco -domiciliada en Caseros 1087 de la mencionada ciudad-, como así también la emisión de otra documentación relacionada a los hechos. En ámbitos de la investigación existían algunas dudas en torno al accionar de la escribana, en cuanto al conocimiento que podía tener del objetivo final del recluso. A su vez, Candioti requirió la citación a indagatoria de Martínez. Las medidas del fiscal fueron avaladas por el juez federal subrogante, Gustavo Zonis, según lo dispuso en una resolución del 21 de noviembre de este año.