El Luna Park, uno de los espacios culturales más destacados de Argentina, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la reciente aprobación de su demolición. La empresa DF Entertainment de la cual es dueño Diego Finkelstein, con el aval de la Comisión Nacional de Monumentos y el Arzobispado de Buenos Aires, impulsa un proyecto que prevé la reconstrucción del estadio con una capacidad ampliada de 8.400 a 13.000 espectadores. Sin embargo, la medida generó indignación en amplios sectores de la sociedad que denuncian la destrucción de un sitio con un alto valor histórico y cultural.

El Luna Park fue declarado "Monumento Histórico Nacional" en 2007, lo que en principio debería impedir cualquier iniciativa de demolición. No obstante, el proyecto avanzó de manera acelerada, logrando su aprobación en un tiempo récord de dos meses, algo inusual para este tipo de trámites. Diversos sectores críticos señalaron que la decisión se tomó durante el receso vacacional, lo que alimenta las sospechas sobre una posible falta de transparencia en el proceso. Habitualmente, permisos de esta magnitud tardan meses o incluso años en resolverse.

El último evento que se realizó en el recinto fue el 29 de diciembre de 2024, cuando Abel Pintos y Luciano Pereyra brindaron un recital multitudinario. Desde entonces, el Luna Park quedó inactivo a la espera de definiciones sobre su futuro. Ahora, la decisión final sobre la demolición recae en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Papa Francisco, quien según el contrato de concesión debe otorgar su visto bueno para proceder con la obra.

Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler manifestaron su rechazo al proyecto y acceso al expediente y al acta de aprobación, sin obtener respuestas por parte de las autoridades correspondientes. Desde estps sectores aseguran que el estadio podría modernizarse sin necesidad de destruir su estructura original, respetando su categoría de Monumento Histórico Nacional.

Otro punto que genera cuestionamientos es el papel del gobierno porteño en la aprobación del proyecto. En un principio, la administración de la Ciudad de Buenos Aires había rechazado la viabilidad de la demolición. Sin embargo, en la votación realizada dentro de la Comisión Nacional de Monumentos, el funcionario Juan Vacas, representante del gobierno porteño, respaldó la iniciativa, lo que desató una ola de críticas y acusaciones.

El proyecto inicial de remodelación estaba a cargo del estudio Enrique Lombardi y Asociados. No obstante, antes de su presentación ante la Comisión Nacional de Monumentos, se incorporó el estudio BMA, una firma con fuerte presencia en el gobierno porteño. En los últimos años, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y el primer año de Jorge Macri, BMA logró obtener numerosas excepciones al Código Urbano, lo que genera dudas sobre la transparencia en la adjudicación del proyecto.

Detrás del negocio también se encuentran los empresarios Finkelstein y la multinacional Live Nation, quienes adquirieron la concesión del Luna Park con el compromiso de invertir 34 millones de dólares en la nueva estructura. Además, la firma pagará una suma de un millón de dólares a los propietarios del estadio y garantizará un canon mínimo anual de otro millón de dólares, aunque el monto podría elevarse dependiendo de la cantidad de espectáculos que se realicen en el futuro recinto.