Luis María Serroels
Algunos hablan de tregua y otros de esperanza al definir el sentido del acta acuerdo suscripta entre el gobierno entrerriano y tres de las cuatro organizaciones sindicales docentes que venían sosteniendo un fuerte conflicto en los últimos meses.
Pero quizás lo más correcto sería otorgarle a esta salida un carácter de buena voluntad reconciliadora, para permitir que la caldera se vaya enfriando con vista a nuevos encuentros preparatorios de lo que, en el mes de octubre, deberá ser el punto de partida de un sistema de negociaciones a través de inéditas paritarias.
Aunque no es una solución en sí misma ni mucho menos, resultaría necio restarle trascendencia a este episodio, habida cuenta de que para ello fue necesario reducir las tensiones recíprocas que endurecieron las relaciones y comenzar a mirarse de otro modo atendiendo a los valores en juego.
Pero como el hombre propone y Dios dispone, a pocos días de sellado este punto de partida se produjo la presentación oficial del proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Presidente de la Nación que significó para nuestras autoridades un trago de ajenjo.
Es que al tomar conocimiento de la iniciativa, los gobernadores se hallaron ante una revelación incómoda por cierto, que les modificaba sustancialmente sus expectativas hacia abajo, pero con excepción hecha de la provincia de Buenos Aires a la que, una vez más, se le conceden privilegios (recuérdese aquel pacto que durante la gestión menemista y en épocas de dulzonas relaciones con Eduardo Duhalde le asignó al primer Estado argentino –con resignada anuencia de los demás- nada menos que 600 millones de pesos extras por año, por obra del Fondo de Reparación del Conurbano Bonaerense).
Frente a esta realidad, seguramente en el recinto colmado de importantes dirigentes, altos funcionarios y empinadas figuras de los más variados ámbitos, incluyendo nada menos que al escritor Ernesto Sábato y al Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se nos ocurre que convivieron varios minutos las dos carátulas del teatro: una con gesto alegre y la otra con la mueca dramática.
Es que la noticia sobre la distribución de aportes, que para nuestra provincia dentro de la masa financiera global para el año venidero (que se conformará con el 6 por ciento del Producto Bruto Interno) sólo será el 3,5 por ciento, es decir 1,5 por ciento menos que el índice de Coparticipación Federal de Impuestos, que es del 5 por ciento, instaló una lógica preocupación en el seno del gobierno provincial. Inquietud que debe ser compartida no solamente por el mundo educacional sino por toda la sociedad en su conjunto.
Es natural que ello suceda, habida cuenta de que cada vez que se procuraba morigerar los efectos de las demandas docentes, el lenguaje oficialista apostaba con visible optimismo al inminente tratamiento de la citada iniciativa parlamentaria.
A partir de que el paso ineludible a dar por nuestro mandatario provincial deberá centrarse en bajarles líneas precisas a nuestros representantes en el Congreso Nacional, para cuanto menos equiparar ambos porcentuales, ¿no hubiese sido más práctico y expeditivo que el doctor Néstor Kirchner, su ministro Daniel Filmus y el cuerpo de asesores proporcionasen previamente detalles del proyecto y no aguardar la solemnidad del encuentro del viernes para que se enteraran sus directos destinatarios?
No hacen falta mágicas elucubraciones para suponer que la disminución propuesta terminará sirviendo de soporte a la canalización del crecimiento de 16 o 17 puntos que recibirá Buenos Aires, con lo cual estaríamos ingresando en una suerte de neofederalismo, donde las necesidades de unos pasen a segundo plano en favor de intereses más poderosos (algunos parecieran más iguales que otros).
Menudo atolladero le aguarda al doctor Jorge Busti, porque deberá enfrentar dos opciones muy claras: por un lado, mantener el declarado alineamiento con las políticas y metodologías diseñadas y ejecutadas por el Presidente de la Nación, y por el otro, no renunciar a un reclamo que no ha de ser exclusivo de su condición de mandatario sino que lo forzará a ponerse a la cabeza de una protesta colectiva. Una lucha para la cual –y aquí podría darse una impensada ironía- deberá tarde o temprano apelar al acompañamiento de los gremios docentes con los que vino cruzando una fuerte artillería dialéctica durante el diferendo aún sin clausurar.
Pero no se puede descartar también la intervención en la protesta y en una causa común de los demás sindicatos estatales y hasta del resto de la sociedad entrerriana, porque ya se está hablando de que ese 3,5 por ciento de marras también se terminaría aplicando a la coparticipación de impuestos, con una reducción de una tercera parte y con catastróficas e indeseables consecuencias.
Ante el estado de cosas determinado por el nuevo escenario en el que se instalarán las relaciones con la administración central, es bueno recordar que la Nación se continúa rigiendo por el sistema de gobierno que establece y garantiza nuestra Ley Suprema (artículo 1°) y que la prédica en defensa de ese trípode insustituible no puede ni debe entenderse como un acto de rebeldía o desacato. Máxime partiendo del hecho de que el ocupante del principal sillón de la calle Balcarce 50 ha tenido oportunidad de desandar el muchas veces escabroso camino que une la búsqueda de respuestas desde las capitales de provincia hacia la Casa Rosada.
Sería importante conocer la postura que mantienen hoy nuestros legisladores nacionales respecto de estas dos grandes cuestiones que han de generar sin dudas agudos conflictos si no se las debate en forma perentoria, en tanto los estadistas tienen la obligación de anticiparse a los acontecimientos. Y, por supuesto, saber qué piensan y qué harán los actuales candidatos a sentarse en una banca de la cámara baja a la hora de enfrentarse con situaciones decididamente perjudiciales.
No debe pasarse por alto que una medida como la que se comenta en ciertos niveles políticos, trasladará sus efectos dañinos hacia los municipios, cuyos jefes planifican sus gastos, proyectan sus programas de ejecución de obras y organizan la prestación de servicios en función de las transferencias de recursos que les llegan vía coparticipación.
Si quienes nos gobiernan no aciertan con la opción correcta, su actitud aparecerá como un simple juego de disciplinamiento que responde a una indefinida forma de coexistencia con el poder central.
¿Qué sentido tendría ese orden de prioridades? ¿Para qué habrá servido entonces el compromiso con los intereses provinciales? ¿No sería acaso un buen molde para encarar relaciones equilibradas entre provincia y Nación hacia un firme entendimiento? ¿Quién dice que sostener los principios federalistas debe estar condicionado al humor del presidente de turno? ¿Qué es la Nación sino la unión indestructible pero de Estados también indestructibles?
Cuando reflexionamos que la responsabilidad y el compromiso ante una alternativa falto de equidad reside en nuestros representantes, surge con absoluta claridad que parte de esta perspectiva estará en nuestra conciencia y será puesta a prueba al momento de sufragar en el octubre que se viene, cuando debamos elegir correctamente.
¿Existe algo tan simple como determinante y contundente?
