Antonio Tardelli
Una desgracia persigue al pueblo entrerriano. Son inoportunos los arrebatos federales que inflaman el pecho de sus dirigentes: afloran generalmente cuando son oposición. Los mandatos de Artigas o Ramírez, inscriptos en su memoria genética, se dejan ver cuando el federal de turno está alejado del Poder Ejecutivo. Cuando se administra, en cambio, aparecen las respuestas conformistas. Sin la responsabilidad de la gestión, las posiciones políticas se acercan a los principios de justicia. Las (pretendidas) convicciones ganan la partida y relegan a las imposibilidades. Fueron los peronistas disidentes y los radicales –amén de la diputada Ana D’Ángelo, del Encuentro Amplio Entrerriano– quienes denunciaron esta semana en la cámara baja la ficción del federalismo. Pero unos y otros acusan al Poder Ejecutivo de lo mismo por lo que en su momento fueron criticados: de defeccionar ante el poder central o de convalidar sus exacciones.
Con la coartada de que personalmente no suscribió pacto fiscal alguno, Jorge Busti reclamó al Poder Ejecutivo que a través de la Fiscalía de Estado procure recuperar el 15 por ciento de la coparticipación detraído durante los noventa con el objeto de solventar el déficit del privatizado sistema provisional. El fundamento, en sí mismo correcto, es que con la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones, y con una Ansés superavitaria, no se justifica la prolongación de aquel recorte. En rigor, el manotazo sobre los recursos del interior es (fue) injusto en sí mismo. Las provincias, particularmente, pagaron los platos rotos de algo que, se sabía desde el comienzo, sería un pésimo negocio para la inmensa mayoría de los argentinos.
Sucede que, aunque corresponda recurrir a la vía judicial, como lo han hecho otras provincias, el conflicto es esencialmente político. En esa dimensión del problema es que flaquean los argumentos del bustismo, e incluso los de los radicales, que también entre 1999 y 2003 congelaron una situación institucional desventajosa en materia de vínculo con el Estado Nacional. En ese plano se diluyen las diferencias entre quienes han debido gestionar. Los límites se desdibujan más de lo que ellos mismos pretenderían. Al final, con legisladores tramitando beneficios para sus departamentos, o sea, replicando la actitud de los gobernadores ante la Presidenta y sus funcionarios, el oficialismo se alzó en Diputados con la aprobación de su proyecto de presupuesto.
Así saldó el gobierno uno de los frentes que debía cerrar. Al mismo tiempo, recitando virtud, el gobernador abrió otro. Tuvo un encontronazo con Carlos Chiara Díaz, vocal del Superior Tribunal de Justicia, quien se molestó con una alusión de Urribarri a las suplencias en la Justicia. La idea de que “un juez suplente no es un juez independiente” generó la reacción del Chiara Díaz. Se trata de una pelea estéril. Los procedimientos de designación están claramente establecidos y no hay irregularidad alguna en las situaciones reales, lo que no quita que, efectivamente, pierde autonomía un magistrado nombrado en forma precaria. Su situación se torna vulnerable. A propósito del asunto, el abogado Enrique Pita, integrante del Consejo de la Magistratura, recordó el episodio del que terminó siendo víctima el ex juez Civil y Comercial, Roberto Parajón, metido en un embrollo en el que el magistrado Germán Carlomagno, colega de Chiara Díaz en el Superior, actuó no se sabe bien si movido por intereses institucionales o familiares.
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