Captura de video. Además de los allanamientos, un video registró cómo un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos descargó mercadería en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”.
Hay delitos que no solo violan la ley. Hay prácticas que erosionan algo más profundo: el pacto mínimo que sostiene a una sociedad. El desvío de alimentos destinados a los sectores más vulnerables no es apenas una irregularidad administrativa ni un desliz en la gestión; es una fractura moral. En Entre Ríos, una investigación judicial en curso comenzó a correr el velo sobre una operatoria que convierte al hambre en mercancía y a la política social en un instrumento de apropiación indebida.
La causa, impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul, derivó en una serie de allanamientos simultáneos que dejaron al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2025, pero sus consecuencias políticas, institucionales y éticas recién comienzan a desplegarse.
No se trató de un hallazgo fortuito ni de un episodio aislado. Los procedimientos judiciales alcanzaron al menos tres inmuebles -con un cuarto punto ya identificado- y permitieron secuestrar una cantidad significativa de alimentos, teléfonos celulares y anotaciones que ahora forman parte del cuerpo probatorio. La simultaneidad de las medidas y la diversidad de los lugares allanados ofrecen una primera certeza: la operatoria requería logística, coordinación y capacidad de acopio. Nada de eso sucede por azar.
Una red que no improvisa
Los allanamientos se realizaron en la ciudad de Paraná e involucraron a una propiedad ubicada en inmediaciones del numeral 2300 de calle Facundo; otro en la intersección de Virgen de Luján y Los Talas (esta propiedad estaría vinculada a Rosana Mabel Toso (concejal de Paraná e integra el bloque Juntos por Entre Ríos); y un tercero en Ceferino Namuncurá y Cortada 620. En todos los casos, el resultado fue ampliamente positivo para la investigación: se secuestraron alimentos pertenecientes al Estado provincial y material de interés para la causa.
La lista de productos incautados no deja lugar a dudas sobre su origen ni su destino original: leche en polvo, aceite, harina, fideos, polenta, cacao, mermelada, dulce de leche, lentejas, arroz, yerba, puré de tomate, azúcar y galletitas. Es decir, el núcleo duro de la asistencia alimentaria básica. Aquello que, en el diseño de la política pública, está destinado a garantizar la subsistencia mínima de quienes menos tienen y más necesitan. Pero, en este caso, fue manipulado para que lo usufructúe el funcionariado provincial y, en su caso, por algunos empleados contratados por el oficialismo en la Cámara de Diputados.
Entre los allanados fueron identificados Gabriel Jeremías Duré, una persona de apellido Larrea y Plácido Jesús Ledesma, entre otros. El grado de responsabilidad de cada uno será determinado por la Justicia, pero su presencia en el expediente confirma que la operatoria tenía actores concretos y roles definidos. Y esos nombres ya ha puesto nerviosos a varios altos funcionarios en la administración provincial como en la Legislatura.
El eslabón político y el video que incomoda
La investigación sumó un elemento de alto impacto institucional: una denuncia acompañada por un video que registra cómo un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos descarga mercadería en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”. La escena, registrada a plena luz del día, exhibe una naturalidad inquietante: no hay ocultamiento, no hay urgencia, no hay temor al control.
La fundación mencionada es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Este dato no implica, por sí mismo, una responsabilidad penal automática, pero sí introduce una dimensión política ineludible. Cuando recursos públicos aparecen asociados a estructuras vinculadas al oficialismo, la pregunta deja de ser meramente judicial y se vuelve institucional.
El lema de la fundación (“Somos lo que hacemos”) adquiere, en este contexto, una resonancia incómoda. Porque lo que se investiga no es un error administrativo ni una falla logística, sino la posible apropiación de bienes públicos destinados a la emergencia social para objetivos ajenos a esa finalidad. Ahora vendrán las excusas, el “yo no sabía”, el “se hizo a mis espaldas”. Pero, el daño claramente ya ha sido perpetrado no solo contra los que menos tienen sino al conjunto de la sociedad.
Una política de transparencia bajo tensión
El Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Verónica Berisso, queda inevitablemente bajo escrutinio. No porque el expediente le adjudique en esta etapa de la investigación una responsabilidad directa, sino porque los hechos investigados ponen en jaque los mecanismos de control, trazabilidad y supervisión de una de las áreas más sensibles del Estado.
La pregunta que subyace es tan simple como inquietante: ¿cómo es posible que mercadería oficial sea desviada, transportada y descargada en múltiples puntos sin que se activen alertas internas? La magnitud de la operatoria sugiere fallas sistémicas que exceden a individuos aislados y obligan a revisar los circuitos completos de la política alimentaria. En otras palabras, sin cobertura política las maniobras hubieran sido imposibles de ejecutar.
La confianza social en los programas de asistencia no se construye solo con discursos o consignas de transparencia. Se sostiene, sobre todo, con controles eficaces y con la certeza de que cada bolsa de alimentos llega a destino. Cuando esa confianza se quiebra, el daño es profundo y duradero.
Logística, acopio e impunidad
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el patrón que comienza a delinearse. La investigación no describe un hecho puntual, sino una dinámica reiterada: uso de camiones oficiales, descargas en distintos locales, acopio de mercadería y una operatoria que, según surge del expediente, se realizaba sin mayores recaudos.
La impunidad percibida es un dato clave. Las maniobras se habrían ejecutado a la vista de todos, con vehículos identificados, bajo la presunción de que nadie preguntaría ni intervendría. Ese clima de “normalidad” es, en sí mismo, un síntoma alarmante. Revela una naturalización de prácticas que deberían activar de inmediato los resortes del control estatal.
La causa también investiga si parte de la mercadería fue comercializada o utilizada como moneda de intercambio. Este extremo aún debe ser probado judicialmente, y corresponde mantener la prudencia. Pero incluso sin confirmar esas hipótesis, el solo hecho del desvío ya configura una violación grave del interés público.
El impacto en los más vulnerables
Detrás de cada paquete de fideos secuestrado hay una ausencia concreta: una familia que no recibió ese alimento. El desvío de mercadería no es una abstracción contable; es una sustracción directa de derechos básicos. En una provincia donde la asistencia alimentaria es, para muchos, la última red de contención, estas prácticas adquieren una gravedad extrema.
Por eso el reproche no es solo jurídico. Es ético. Hacer política -o negocios- con el hambre implica cruzar un límite elemental. Supone utilizar la necesidad ajena como recurso propio, y utilizar la pobreza para fines espurios no es otra cosa que degradar el sentido mismo de la función pública.
Una prueba para la democracia provincial
Este caso constituye una prueba para las instituciones entrerrianas. La Justicia tiene la responsabilidad de avanzar hasta las últimas consecuencias, sin excepciones ni atajos. Los bloques legislativos por lo menos pedir interpelaciones y colaborar con la investigación.
El Poder Ejecutivo debe revisar sus mecanismos de control y asumir el costo político de las fallas. Y el sistema político, en su conjunto, está obligado a tomar nota.
La corrupción en políticas sociales no solo desvía recursos: erosiona la legitimidad del Estado. Cuando los alimentos destinados a los más desposeídos se convierten en botín, lo que se pone en juego es la credibilidad de la democracia misma.
No hay anestesia posible para decirlo: aprovecharse del hambre de quienes menos tienen es una de las formas más crueles de corrupción. No admite relativizaciones ni excusas. La sociedad entrerriana merece saber la verdad, y los responsables -sean quienes sean- deben rendir cuentas.
Porque allí donde el hambre se transforma en negocio, la política deja de ser herramienta de transformación y se convierte en su caricatura más oscura.
