Antonio Tardelli
En ese plano, es imposible el consenso. El gobierno nacional, cuyos exégetas aprecian por la revalorización de la política que supuestamente expresa, no podrá dialogar con la oposición parlamentaria si el desprecio es el lugar desde donde con ella se vincula. El kirchnerismo revaloriza sí una política, pero la de la imposición. Jamás la del acuerdo. La política es, qué duda cabe, disputa. Es conflicto. Pero también es convenio.
En un fenómeno similar al que experimentó un sector de la oposición, que acusada por el gobierno de haberse derechizado terminó nomás derechizándose, el oficialismo, por algunos sindicado como extremadamente autoritario, luce convencido de la necesidad de darle la razón. La parábola es sorprendente. El Poder Ejecutivo que promovió la renovación de la cabeza del Poder Judicial, conformando una Corte Suprema ejemplar, termina retando al tribunal, formulándole advertencias apenas disimuladas y, vía el ex Presidente Néstor Kirchner, reclamándole independencia (del poder económico) “de una buena vez”. Es extraño.
La Presidenta, desde la primera línea de la dirigencia política, admite sentir “una profunda vergüenza por lo que pasa en el Parlamento”, expresión representativa de la misma dirigencia de la que es parte. Dos monedas aparte constituye el hecho de que su declaración está en línea con la conjetura que, tras la derrota electoral de junio de 2009, asignaba al oficialismo la intención de denostar al Congreso, de desprestigiarlo, de mancillarlo, en tanto escenario que comenzaba a ser controlado por el antikirchnerismo. Pero la jefa de Estado fue más lejos. Le atribuyó a sus adversarios el rol de una marioneta, movilizada, según recalcó, por “lo que le imponen desde afuera”. El agente externo que desvela al gobierno es el Grupo Clarín, pero pudo haber sido cualquier otro. El punto es que el papel de mero seguidor de intereses particulares, que les atribuye, tributa a su intento de descalificación.
Es verdad que a un sector opositor le satisface el rol de defensor público de “Clarín”. Y también es verdad –sostener otra cosa sería una ingenuidad– que disímiles intereses privados hallan en los referentes políticos, a veces en parlamentarios, verdaderos gestores de sus deseos. Pero la referencia genérica absolutiza todo, quita espacio, resta márgenes. El gobierno, pretensioso, define un eje del mal y se pone lejos de él (¿quién razonaba así?). Si la defensa del honor personal gravitara más en el comportamiento de los protagonistas sería perfectamente lógico que un dirigente opositor clausurara automáticamente, tras semejante acusación, cualquier hipótesis de acercamiento. Del mismo modo, si la oposición considerara que todo lo que hace o deja de hacer la Presidenta responde a los intereses, por caso, de la Barrick Gold, empresa minera que saluda su decisión de vetar la Ley de Glaciares, se asistiría a un escenario de diálogo imposible. Todo el mundo descalificando a todo el mundo.
Todos enrostrando a todos la defensa de intereses espurios. Eso es más que un desacuerdo. Es, antes bien, un acuerdo en la imposibilidad de conversar. Es una proclama que expresa: “Prohibido negociar”. Es el reino de la intransigencia, actitud política muy estimable sólo cuando se trata de casos extremos o de la defensa urgente de principios irrenunciables. Una cosa es la intransigencia y otra la intolerancia.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
