Daniel Enz
Tuvo que pasar más de una década para que se pusieran las cosas en claro en torno a los millones de dólares que desaparecieron del Senado provincial que comandó el vicegobernador Héctor Alanis, entre 1995 y 1999 y que fueran denunciados ante la Justicia, a fines del 2000. Esta vez, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, se plantó ante un grueso expediente en el que todo el tiempo se intentó desviar la investigación -con fiscales y jueces que miraron para otro lado, vaya a saber con qué intenciones- y elevó un escrito de 14 páginas a la fiscal Laura Cattáneo para que no dejara pasar esta instancia.
“Es una muestra de la lenidad, ligereza y falta de rigor analítico el que exhibe esta pieza y en general el curso de investigación instructoria, respecto de un hecho institucional gravísimo, cual es que un vicegobernador y altos funcionarios de uno de los máximos poderes del Estado provincial, el Senado, sustraigan fondos públicos mediante una cuenta fantasma, frente al ciego control de los funcionarios del Tribunal de Cuentas –que estuvieron pintados, según la lengua vulgar- y que con el simple y burdo hacer desaparecer los pocos papeles que habría, determinarían un non liquet de imposible esclarecimiento”, dice García, en el arranque de su pronunciamiento. El mismo funcionario judicial que alguna vez condenó al ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, por delitos de corrupción, no dudó en remarcar que “numerosas deducciones inexactas y un soslayo de la prueba documental hicieron que se concluyera en forma equivocada que no existió perjuicio fiscal”.
García no mencionó con nombre y apellido a los responsables, pero se refería claramente al ex asesor letrado del Senado, el ex juez Héctor Eduardo Toloy, como así también a su sucesor, Gustavo Maldonado, quien llegó a tener una particularidad a favor con respecto a cualquier otro magistrado: conocía perfectamente la denuncia presentada a fines del 2000 por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cuando asumió como juez, siguió el mismo itinerario de su ex jefe jubilado, en cuanto a mirar para otro lado o dejarla morir lentamente, seguramente, con algún guiño desde el poder político.
Según García, “se infirió en forma desacertada e incorrecta que la documentación que respaldaba la aplicación de fondos del Programa 18 del presupuesto de la Cámara de Senadores de la provincia se había extraviado y/o desaparecido, sin que se pudiera precisar el ámbito de la desaparición ni la fecha y sin poder individualizar sus responsables, porque en el fondo, a la luz de la documental remitida y luego de un exhaustivo análisis de ella, puede aún afirmarse que existió, sin que se torture el correcto entendimiento”. El procurador agregó: “las conjeturas sobre su existencia y pérdida no pueden ser la base para pensar que el delito no existió –o que no puede ser probado; por el contrario, su ausencia y la falta de explicación posible sobre las rendiciones del programa son las razones que guían a este Ministerio Público a considerar, precisamente, que existen delitos consumados, no prescriptos, necesitados de investigación y dilucidación sobre fondos públicos”.
El desvío
La denuncia siempre fue clara y contundente. Según el primer escrito –al que luego se fueron anexando otros- a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados, integrando las erogaciones destinadas a la Cámara de Senadores, el entonces vicegobernador Héctor Alanis con la participación y presuntamente con la previa concertación de José Maximiliano Crettón Pereyra y Maximiliano Alanis –sobrino del ahora ex funcionario provincial-, "realizaron maniobras consistentes principalmente en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente", por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares, ya que se estaba aún en el valor uno a uno. Además, el ex vicegobernador y Crettón Pereyra, dispusieron "en forma arbitraria e ilegal" de más de 5.200.000 dólares, que le fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de servicios no personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, "a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto justificada".
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