Daniel Tirso Fiorotto
Especial para ANÁLISIS
Las líneas de transporte de media y larga distancia fueron absorbidas en Entre Ríos por una empresa con vínculos en el poder político que mantiene serias disputas con sus obreros y con pymes familiares de la zona.
Esta semana se concretó un nuevo avance acaparador que demuestra cómo los gobiernos optan por el monopolio y la burocracia sindical, y cierran oídos a los reclamos de los obreros y los derechos de los usuarios.
La noticia fue presentada como un logro: la obtención de fondos con ayuda del Estado para construir carrocerías en Colón, con lo cual se generarían 300 puestos de trabajo.
Los obreros, gremialistas y entendidos en el transporte de pasajeros consultados por ANALISIS señalaron la incómoda posición en que se los coloca. Y es que por un lado reconocen la necesidad de crear trabajo y por otra parte aseguran que el Estado no debe facilitar la expansión del monopolio en un rubro, sino todo lo contrario: controlar, promover a las pymes y proteger a los usuarios y los obreros.
Cada sector brinda un dato más o menos aislado sobre el monopolio del transporte de larga y media distancia. Así se puede dibujar un mapa de los peligros que enfrenta la comunidad por la concentración de la propiedad y los servicios en manos de los hermanos Derudder. Al mismo tiempo, se presenta nítida la razón de esta expansión, a costas de una veintena de empresas medianas y pequeñas, y de la libertad de los usuarios.
Esas razones están resumidas en una mesa de cuatro patas que simboliza la confluencia necesaria de los gobiernos nacional y provincial con el monopolio y la burocracia sindical, expresada en este caso en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyos popes fueron protagonistas de más de un escándalo por su enriquecimiento. Ese cóctel ya provocó en otros rubros situaciones explosivas y es el mejor caldo para la corrupción, con subsidios millonarios en el medio.
(Más información en la edición impresa número 969 de la revista ANALISIS)
