La administración que conduce el gobernador Gustavo Bordet actualizó el Consejo de la Magistratura. El proceso comenzó y concluyó en poco más de cuatro meses, desde el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados hasta la jura de los últimos consejeros. En este informe, cronología de una renovación veloz en la institución que deberá concursar la Fiscalía Anticorrupción; ylas luces de alerta sobre una posible pérdida de autonomía.
La cuestión siempre fue la independencia del Gobierno. ¿Se busca que el Poder Judicial funcione de manera eficaz y superecualquier grieta? El Consejo de la Magistratura es un órgano fundamental para lograrlo y, durante sus casi 20 años de funcionamiento, pudo cumplir irreprochablemente con esa función.
Sin embargo, esa es una valoración que parece no compartir del todo el oficialismo en Entre Ríos, y el gobernador Gustavo Bordet propuso reformarlo. Para eso envió un proyecto a la Cámara de Diputados que ingresó el martes 5 de julio. El jueves 7 el tema estuvo en los medios de prensa y cosechó los primeros cuestionamientos.
La iniciativa planteó aumentar de 1 a 3 los representantes del Poder Ejecutivo en el organismo. Una de las primeras refutaciones llegó de la Asociación de la Magistratura, donde se advirtió que el Ejecutivo tiene su representante en el Consejo y, además, elige un candidato de tres seleccionados en los concursos.
De manera general, la reforma también propuso la creación de un banco de casos para estudio de quienes rinden exámenes; la salida de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el ingreso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); la posibilidad de resolver las impugnaciones y concursos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), algo que el Consejo siempre zanjó de modo autónomo; y la elevación de ternas sin orden de mérito.
“Buscamos unificar en un texto la legislación y adecuar la norma a los cambios de la sociedad, normativos y de contexto, además de mejorar el funcionamiento para elegir las mejores personas para impartir justicia”, defendió el presidente de la Cámara de Diputados, el concordiense Ángel Giano (por estos días impulsa una reforma electoral y la implementación de una ley de lemas).
En relación a las reformas del Consejo, hubo un tironeo público de posturas. En julio pasado todavía estaba fresca la destitución de la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, después de la condena al exgobernador Sergio Urribarri por delitos de corrupción. En la Legislatura también se propuso la creación de la Fiscalía Anticorrupción y se habló de un Consejo de la Magistratura reformado, promoviendo candidatos “a medida” para lugares sensibles.
Entonces la oposición política hizo su trabajo. Pero no fue el único espacio que rechazó el proyecto. También huboadvertenciasde profesionales identificados con el oficialismo en entidades como el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; hubo mensajes de alerta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER); y de la Asamblea de Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil dentro del Consejo de la Magistratura.Se preguntaron ¿por qué un proyecto de reforma si el organismo funciona bien y es ejemplo en el país?
(La nota completa en la edición 1136 de la revista ANALISIS del jueves 17 de noviembre de 2022)
