Las provincias en silencio

Hay un mapa de la crisis del periodismo argentino que casi nunca se dibuja: el del interior. Mientras la pelea entre la Casa Rosada y la prensa se mide en los estudios porteños, en las provincias ocurre algo más silencioso y, por eso mismo, más peligroso. Los medios chicos cierran sin que nadie los vele, las redacciones se vacían sin cámaras y el cronista local queda, cada vez más, solo frente al poder de turno. Un relevamiento de lo ocurrido en los últimos tiempos permite ordenar ese cuadro en cuatro planos que se potencian entre sí: la censura y los aprietes, el cerco judicial, el repliegue del periodismo de investigación y los cierres de medios.

Por D.E.

Las decisiones judiciales en torno a los periodistas son situaciones que preocupan en las provincias argentinas. Más allá de que existen casos en que algunos hombres de la política -con escaso consenso social o prácticamente nulo- traten de colocarse algún traje de periodista, para de esa manera escudarse en las supuestas violaciones a la libertad de expresión y de esa manera engañar a la opinión pública. El caso testigo es Tucumán. En noviembre de 2025, el juez Lucas Taboada dictó una resolución que prohibía a una empresa periodística criticar a fiscales y jueces, a partir de una denuncia del jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, que alegó una campaña de hostigamiento en su contra. Es decir: un funcionario judicial usó la Justicia para blindarse del periodismo. Consultado, el gobernador Osvaldo Jaldo se lavó las manos: dijo respetar las decisiones de otro poder y remitió a las vías de apelación, como si amordazar a un medio fuera apenas un trámite revisable.

No es un caso aislado. En Córdoba, en septiembre de 2025, un juez civil condenó a una señal de televisión y a cinco periodistas a indemnizar a la familia de Nora Dalmasso, al entender que habían excedido el derecho a informar. Más allá del caso puntual, la sentencia fija un precedente sobre cuánto puede costar una cobertura. En La Rioja, FOPEA debió salir a rechazar una querella por calumnias e injurias contra la periodista Nadia Araya, y un detalle ilumina el mecanismo: la abogada de los querellantes es, a la vez, titular de la Unidad Ejecutora contra la Ciberdelincuencia de la provincia. El patrón se repite de norte a sur: se convierte una crítica en delito y se obliga al periodista a litigar, durante meses, para defender lo que dijo.

A esa ofensiva se suma una variante todavía más sutil: el ataque al secreto de las fuentes. El antecedente nacional lo dejó el caso de Daniel Santoro, cuando un juez llegó a ordenar a la telefónica que entregara el listado de sus llamadas entrantes y salientes. Esa lógica se replica, sin estruendo, en cada juzgado provincial que cita a un cronista para que revele de dónde sacó un documento, pese a los precedentes judiciales que existen y al hecho de que todo periodista está resguardado en sus fuentes por la Constitución Nacional, desde su sanción en Entre Ríos en 1994. No hace falta prohibir una nota si se logra que el periodista, por las dudas, ya no la escriba. El nombre de eso es autocensura, y en las provincias —donde el juez, el funcionario y el periodista se cruzan en el mismo café— rinde más que en ningún otro lado.

Lo perverso del cerco judicial es la asimetría. Del lado del poder hay equipos de abogados pagos con fondos públicos que nunca se declaran ni nadie quiere reconocer (porque salen de contratos legislativos, fundamentalmente y a nombre de personas que no tienen nada que ver con el andamiaje político) y tiempo de sobra. Del otro, un periodista o un medio chico que debe distraer dinero -que no lo tienen- y energía en defenderse. Como advirtió el jurista Ricardo Gil Lavedra, la vejación, la humillación y la amenaza funcionan como una forma de censura indirecta: tienden a inhibir la expresión sin necesidad de prohibirla. No importa tanto ganar el juicio como hacerlo durar, porque el castigo es el proceso en sí mismo. Y en una provincia, donde quien demanda suele ser el mismo que reparte políticamente la pauta y participa en la designación de los jueces, el desenlace muchas veces se intuye de antemano.

El tercer plano es el más difícil de medir, pero no menos grave: el repliegue del periodismo de investigación. Hubo una época en que el interior producía investigación de excelencia. Córdoba con La Voz del Interior, la Patagonia con el diario Río Negro, Rosario con La Capital, El Ciudadano y Rosario/12: plazas con redacciones robustas, archivo propio y, sobre todo, tiempo para investigar. Desde ANÁLISIS, muchas veces trabajábamos codo a codo algunas investigaciones. Intercambiábamos datos y hasta cada uno publicaba lo del otro, para potenciar los trabajos. Ese mundo se está apagando y fuimos quedando cada vez más pocos, con todas las limitaciones que existen día a día y se profundizan. La concentración hizo lo suyo -La Voz del Interior pertenece hoy al Grupo Clarín-, pero el golpe decisivo fue económico: según los especialistas Martín Becerra y Guillermo Mastrini, la pauta en los diarios impresos cayó a alrededor del 1% de lo que se facturaba en 2010. Y el pautado nacional (salvo YPF y Aerolíneas Argentinas, para algunos pocos medios de provincias) desapareció completamente, dejando un hueco demasiado importante en el presupuesto. Se achicó la publicidad nacional, también la provincial y comunal y cada día es menor el ingreso publicitario privado.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1171, del día 11 de junio de 2026)