Por la ESI, en Santa Fe detectaron 1000 casos de abuso sexual y violencia familiar

ESI

La implementación de la ESI permite detectar casos de abuso y violencia familiar.

Durante el ciclo lectivo 2019 el Ministerio de Educación de Santa Fe detectó 493 situaciones de abuso sexual infantil y adolescente y 507 de violencia familiar. Los casos fueron relevados a partir del relato de niñas, niños y adolescentes y de la escucha de docentes, quienes ante la sospecha de abuso o violencia tienen la obligación de denunciar. Muchas de las denuncias surgieron gracias a los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) que se dan en clases y en jornadas especiales. La norma sancionada en 2006 a nivel nacional es aplicada en la provincia desde 2008, primero con capacitación a docentes y después a los centros de estudiantes, protagonistas en la demanda de ESI en las escuelas.

En 2018 y después del rechazo en el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley fue fuertemente cuestionada por grupos antiderechos como “Con mis hijos no te metas”. Estas corrientes vinculadas a la jerarquía de las iglesias católica y evangélica y a las derechas conservadoras crecieron los últimos años en Latinoamérica en contra de las políticas de Estado que garantizan derechos sexuales y el libre ejercicio de la identidad de género.

La ley nacional sancionada en 2006 fue pensada de manera integral para que atraviese a todas las materias desde el jardín hasta los estudios terciarios, aunque no todas las provincias la cumplen.

En las escuelas de Santa Fe se convirtió en una herramienta clave para detectar abusos sexuales y violencia familiar. No se reduce a clases de biología ni se trata sólo de que chicas y chicos sepan cómo prevenir un embarazo o cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Busca pensar y construir vínculos libres de todo tipo de violencia a partir del respeto a la diversidad sexual y a las mujeres. También sirve para que puedan diferenciar el cariño del abuso sexual y para que puedan denunciarlo. Los casos de abuso también son registrados ante la sospecha de docentes y directivos, que están obligados a denunciar, o de familiares y vecinos.

Durante el ciclo lectivo 2019 fueron detectados 1.000 casos: 493 de abuso sexual y 507 de violencia familiar. La mayoría fueron situaciones recientes, aunque también aparecieron casos en escuelas nocturnas y profesorados, donde adultos y adultas se dieron cuenta de que habían sido abusados en la infancia. En todos los casos detectados se activa un protocolo de acompañamiento y se da curso a la denuncia penal en la Justicia.

“La escuela siempre ha sido un lugar privilegiado para la escucha. En los últimos años las distintas líneas de actuación del Ministerio de Educación reforzaron ese lugar y generaron el ambiente para que las y los alumnos se animen a hablar. La ESI, las tertulias pedagógicas y literarias, la formación de centros de estudiantes y de docentes, las ruedas de convivencia, son todas herramientas que ayudan a que aparezca el primer relato, que es clave. Para nuestra gestión fue importante que en esa primera instancia haya personas preparadas para escuchar y seguir el protocolo con el fin de lograr el acompañamiento y denunciar en la Justicia”, explicó en diálogo con El Ciudadano el secretario de Gestión Territorial Educativa, Federico Paggi.

Según Paggi, a medida que creció el plantel formado en ESI fue más ágil la capacidad de escucha y de acción ante las situaciones de abuso y violencia. Año a año los números son estables, con un crecimiento al principio por la falta de registro que había. “La mayoría son situaciones recientes o del pasado muy reciente. En educación superior aparecieron situaciones lejanas en el tiempo, que también llegaron a denuncia”, agregó.

ESI para decidir

El gobierno de Santa Fe empezó a implementar la ESI en 2008 a través de la capacitación de docentes. En 2012 incluyó a integrantes de los centros de estudiantes, quienes fueron los principales demandantes de educación sexual en la escuela. La ESI se aplica desde el jardín hasta los institutos terciarios. En el caso de los profesorados funciona el ateneo, un espacio curricular dedicado exclusivamente a ESI. En el resto de los niveles la educación sexual debe atravesar todas las materias, además de las jornadas especiales que se hacen varias veces al año.

Más allá de la aplicación por parte del poder ejecutivo actual, la ESI en Santa Fe no está regulada por ley. En los últimos años hubo intentos de aprobar una ley propia en la Legislatura. En 2018 tuvo media sanción un proyecto que actualizaba la normativa nacional con las nuevas leyes de ampliación de derechos. El Senado nunca lo trató. Lo mismo pasó con la ley de educación provincial, que incluía ESI. Tuve media sanción en diputados pero la Cámara Alta no lo avanzó.

Lobby internacional en contra

Durante el debate por la legalización del aborto en el Congreso Nacional argentino las voces a favor y en contra coincidieron en que era importante avanzar en la implementación efectiva de la ESI porque, a 13 años de su sanción, la mayoría de las provincias no la aplican. Tras el rechazo en el Senado, un grupo de diputados y diputadas impulsó la modificación y actualización del texto. El principal cambio era que fuera declarada de orden público para que todas provincias la aplicasen de manera obligatoria en las escuelas públicas y privadas. También eliminaba el artículo 5 que dice que cada institución puede dar educación sexual según su ideario. Y actualizaba conceptos incluyendo las leyes de ampliación de derechos sancionadas en la última década.

La posible modificación de la ley generó la oposición y el lobby en contra de sectores religiosos evangelistas y católicos, bajo la campaña “Con mis hijos no te metas”. La cruzada con los colores celeste y rosa había surgido en Perú y desembarcó en Argentina en ese momento. Denunciaban que la ESI buscaba imponer la “ideología de género” y se oponían a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, como las leyes de identidad de género, matrimonio igualitario, violencia de género y protección integral de niños, niñas y adolescentes.

La organización que aparentó ser una campaña ciudadana funciona en distintos países y está vinculada a grupos evangélicos de toda la Latinoamérica. También fue relacionada financieramente a organizaciones de Estados Unidos. Apenas fue el golpe de Estado en Bolivia, desde las redes sociales de “Con mis hijos no te metas” celebraron la llegada al poder de la autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez.

En Santa Fe la campaña “Con mis hijos no te metas” fue promocionada y organizada por el sector evangélico y católico que acompañó a Amalia Granata en la lista de diputados provinciales, que este año consiguió 6 escaños. Antes de asumir, la mediática quedó involucrada en una denuncia de abuso sexual infantil de la hija de Andrea del Boca.

Aun con el lobby antiderechos en contra, el proyecto de modificación de la ley de ESI logró dictamen en septiembre de 2018. Iba a ser tratado en la sesión de noviembre pasado en la que se votaron las leyes de Góndolas y Alquileres, pero tras movilizaciones en contra en la puerta del Congreso, no se alcanzó la mayoría de 129 votos para tratarlo en el recinto. 101 diputados votaron a favor y 75 en contra.

Abuso sexual y violencia en números

En Argentina por cada 1.000 casos de abuso sexual sólo 100 son denunciados y apenas uno recibe condena judicial, de acuerdo con estadísticas elaboradas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses. El 75 por ciento de los abusadores están dentro de la familia y en el 60 por ciento de los casos son el padre o el padrastro de la víctima. Además, el 90 por ciento de los abusadores son varones y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres.

En octubre de 2018 el Congreso Nacional convirtió al abuso sexual infantil en un delito público. Lo hizo a través de la modificación del artículo 72 del Código Penal y significa que el Estado deberá investigar de oficio cualquier denuncia de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Antes de la ley, la madre, el padre o la persona a cargo tenían que ratificar los testimonios. Si bien la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes había avanzado en el mismo sentido, la modificación fue importante porque, según las estadísticas, la mayoría de los agresores está dentro de la casa.

En el caso de violencia familiar, en 2018 la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia recibió 15.791 consultas de personas afectadas por situaciones de violencia desatadas en el ámbito del hogar. Elaboraron 11.455 informes interdisciplinarios, que arrojaron datos estadísticos concretos: el 76 por ciento de las afectadas fueron mujeres (adultas 59 por ciento y niñas y adolescentes, 17 por ciento) y el 24 por ciento varones (adultos 9 por ciento y niños/adolescentes 15 por ciento).

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Es para los beneficiarios que no tienen tarjeta de débito o se les venció, y que incluye a unos dos millones de personas.

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