“Las usurpaciones en Entre Ríos siempre serán repelidas”, sostuvo en un documento la Comisión de Radicales por la Producción y el Trabajo, donde sostuvo que “el desalojo dispuesto y efectivizado por la Justicia del campo usurpado en el Departamento La Paz, denominado Cas2, por parte de ese espacio radical.

“Sin dudas, fue un hecho trascendente para todos los entrerrianos y para el país, pero especialmente, para el sector productivo rural”, agregó.

“En ese contexto, se pueden extraer las siguientes apreciaciones, valoraciones y conclusiones”, sostuvo, y detalló, en primer lugar: “El sector productivo, organizado en sus propias entidades, pero también los denominados autoconvocados, no se hicieron esperar, frente a lo que estaba ocurriendo con esta usurpación. Lo hicieron frente a la evidente violación de la propiedad privada, pero también en defensa de sus fuentes de trabajo, la libertad en el más amplio sentido de su expresión y esencialmente, en resguardo de los derechos y garantías que contemplan las Constituciones Nacional y Provincial. En definitiva, vieron amenazado el sistema republicano, y no sólo de gobierno, sino como sistema de vida. Respetuosa y responsablemente ratificaron que no están dispuestos a que se violen los principios esenciales del Estado de Derecho”.

Seguidamente, agregó: “La Policía provincial, que no pudo evitar la usurpación, porque cuando fue convocada, el hecho ya se había consumado. Se hizo presente y permaneció serena y firmemente en el lugar. Ello merece destacarse, aunque se la ha criticado en otras oportunidades. Esto quedó evidenciado en el desarrollo de la usurpación, en el trato dispensado a los productores rurales presentes, y también a la hora de producirse la restitución del inmueble a sus dueños”.

“El accionar de la Justicia mostró claramente dos niveles. En un primer momento, un lento accionar, seguido de un cuestionable desempeño de un Juez de Familia, a cargo del Juzgado de Garantías. No comprendió el conflicto jurídico que debía resolver No impuso su autoridad para resguardar el orden en la audiencia, y permitió la injerencia de funcionarios nacionales que nada tenían que ver con la cuestión. Todo terminó con una resolución que no se ajustaba a derecho. Afortunadamente, en un segundo momento, apelada su sentencia, una Jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones comprendió cabalmente la cuestión de la usurpación y resolvió el inmediato desalojo de los ilegítimos ocupantes del inmueble. Puso las cosas en su lugar. Resguardó plenamente la propiedad privada y nos permite confiar en la justicia, tal como esta Comisión lo expresara en un documento anterior. Tampoco puede soslayarse la actuación de los fiscales: actuaron conforme a derecho y supieron darle a esta usurpación el encuadramiento legal que correspondía. Es de esperar que actúen de la misma manera en el futuro, despejando así las críticas que se les suele hacer en su accionar”, prosiguió.

Y agregó: “Los protagonistas de la usurpación, cuyo accionar en este caso no fue muy diferente de lo que ocurre en diversos puntos del país, demostraron que no son delincuentes comunes. El fin político lo tienen muy claro: pretenden, con su discurso y accionar, no sólo violar las constituciones nacional y provincial, sino subestimar el trabajo y producción, pero, además, con el propósito claro de imponer un criterio productivo y filosófico que hace tiempo ha fracasado en el mundo”.

“Las víctimas de la usurpación, frente a la actitud solidaria del sector agrario provincial y nacional, que inmediatamente respondieron, nos parece, no debieron haber introducido una situación intrafamiliar. Eso no estaba en juego, sino la usurpación de su propiedad. También creemos poco feliz, cuando la cuestión estaba prácticamente resuelta, la presencia de personalidades políticas de nivel nacional”, continuó.

En sexto lugar, dijo: “Los gobiernos nacional y provincial tuvieron lo suyo. El primero, muy deplorable con su intervención activa en la usurpación a través de sus funcionarios. Nunca se escuchó su voz, respaldando el respeto a la propiedad privada. Pero lo más grave, con posterioridad al desalojo, el propio Presidente Fernández terminó justificando el accionar del ideólogo de la usurpación, es decir, de Grabois. El gobierno provincial jugó, en todo este proceso, un papel pasivo y hasta complaciente. No defendió enfáticamente la propiedad privada y no condenó claramente la usurpación. En todo este desgraciado acontecimiento, no respaldó al sector productivo rural, que es el más dinámico de la economía entrerriana”.

En séptimo lugar, sostuvo: “Como corolario de este conflictivo proceso de usurpación, queda en claro que los productores en particular y la ciudadanía en general de esta provincia y del país, no están dispuestos a permitir que se pisoteen sus derechos, que la propiedad privada sea violada, que el derecho al trabajo rural, se puedan desconocer o negar. En síntesis: que los derechos y garantías contenidas en las constituciones nacional y provincial se deben respetar. No están dispuestos, los que se manifestaron, como ya lo hicieron en el 2008 con la Resolución 125, a que sus derechos les sean violados, porque siempre estarán alertas para que ello no ocurra”.