La causa que investiga supuestos hechos de espionaje ilegal realizados desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe –bajo la gestión de Marcelo Sain – sigue profundizando la crisis institucional por en la provincia. En las últimas horas, se conocieron novedades en el marco de la investigación que llevan adelante los fiscales de la división de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

Versiones periodísticas publicadas este lunes dan cuenta de un listado de presuntas víctimas de espionaje ilegal. Ante ese escenario, Aire Digital pudo confirmar que algunas de ellas harán una presentación ante el MPA para que se informe formalmente si fueron objeto de espionaje y, en tal caso, se dé a conocer el contenido de la información obtenida. La presentación judicial se concretará este martes por la mañana. En diálogo Aire, el diputado de la UCR y exministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro (uno de los “espiados”), reconoció que la información difundida hasta el momento no lo sorprende y afirmó que la causa por espionaje ilegal “es un hecho de una gravedad institucional que no tiene antecedentes en el período democrático de la provincia de Santa Fe”. “Éstas son prácticas de los servicios de inteligencia de la dictadura”, sostuvo el legislador, uno de los primeros en advertir sobre las prácticas ilegales que supuestamente se llevaban a cabo en la órbita de la cartera de Seguridad durante la gestión Sain.

Aire Digital pudo confirmar que algunas de las víctimas de espionaje harán una presentación ante el MPA para que se informe formalmente si fueron objeto de espionaje y se dé a conocer el contenido de la información obtenida.

Aire Digital pudo confirmar que algunas de las víctimas de espionaje harán una presentación ante el MPA para que se informe formalmente si fueron objeto de espionaje y se dé a conocer el contenido de la información obtenida.

"Alcahuetes"

En cuanto a la responsabilidad de otros funcionarios del Ejecutivo en la causa, Pullaro aseguró que “los que hicieron esto son alcahuetes que querían llevarle algún tipo de resultados al gobernador. Yo saco al gobernador de todo esto”, y agregó: “Ante los resultados lamentables de la gestión en materia de seguridad, Sain espiaba a propios y a extraños para ver si podía llevarle algo a Perotti”. Si bien hasta el momento reina el hermetismo en torno a los fiscales que encabezan la investigación, Pullaro aseguró que el accionar de quienes realizaron las tareas de espionaje o perfilamientos “responde a la lógica del funcionamiento de los servicios de inteligencia. Primero se espía a los propios para mantener un equilibrio interno de poder y luego se espía a los adversarios. Si se encuentra algo, se usa como material de extorsión”.

Presentación legal

Quien también habría sido víctima del espionaje es el ex director de Asuntos Penitenciarios de la gestión socialista y actual asesor del diputado Pullaro, Pablo Cococcioni. En contacto con Aire Digital, Cococcioni confirmó que este martes hará una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación para que se informe si hubo actividad de espionaje o "perfilamiento" en el Ministerio de Seguridad de la que haya sido objeto. En caso de que se confirme, solicita que se dé a conocer qué tipo de información se obtuvo. Una de las posibilidades que es analizada por estos momentos es que la presentación que se realice ante el MPA sea colectiva, es decir, que junto con Cococcioni, varias de las supuestas víctimas de espionaje realicen el mismo pedido. En ese listado podrían incluirse los diputados Pullaro y Julián Galdeano, otra de las supuestas víctimas de los "carpetazos" de Sain.

También a funcionarios propios

Uno de los puntos que sorprendió es que entre los “espiados” hay funcionarios del gabinete del propio gobernador Omar Perotti. Uno de ellos es el director de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo. En un breve diálogo con este medio, Aymo reconoció estar “totalmente sorprendido. No me lo esperaba. No salgo de mi asombro”. Según comentó el funcionario, no advirtió ningún indicio que lo hiciera sospechar que era objeto de espionaje ilegal.

Los presuntos hechos de espionaje ilegal se habrían llevado a cabo mientras Marcelo Sain estaba al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Los presuntos hechos de espionaje ilegal se habrían llevado a cabo mientras Marcelo Sain estaba al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Más nombres

El listado de dirigentes políticos que habrían sido víctimas de espionaje no distingue colores partidarios: hay políticos y funcionarios tanto del oficialismo como de la oposición. Figuran el ex senador y actual diputado nacional Roberto Mirabella y su hijo Santino, funcionario de la Justicia Federal; la vicegobernadora y ex jueza Alejandra Rodenas y su marido Jorge Llonch, ministro de Cultura. También están el ex director del Servicio Penitenciario de la actual gestión, Héctor Acuña, y Walter Gálvez, actual funcionario del área. Además, figura Jorge Bortolozzi, ahora secretario de Seguridad Pública. Sorpresivamente, aparecen los intendentes Luis Castellano (Rafaela) y Pablo Corsalini (Pérez), el concejal Javier Minetti (Granadero Baigorria) y los dirigentes peronistas Ángel Baltuzzi y Carlos Carranza.

Asimismo, los diputados provinciales opositores Maximiliano Pullaro, Julián Galdeano, Francisco "Paco" Garibaldi y Walter Ghione. Antonio Bonfatti es otra de las presuntas víctimas, como el exministro de Desarrollo Social provincial Jorge Mario Álvarez, la ex secretaria de Delitos Complejos Ana Viglione y Santiago Boggione, exintegrante de la Cenap y asesor de diputados socialistas.

Allanamientos

El pasado 26 de noviembre y por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe se realizaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En el operativo –ejecutado por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios. Tras los operativos, una decena de funcionarios de la cartera de Seguridad de la provincia renunciaron a sus cargos.