La Ley 27.447, sancionada por unanimidad el 4 de julio de 2018, más conocida como "Ley Justina", suprimió el requisito de certificación familiar de que la persona fallecida no hubiera expresado una "última voluntad" en la que se oponía a la donación.

A cinco años de su promulgación, el presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti anunció que se consiguió disminuir la tasa de interrupciones de procesos de donación por oposición familiar que antes se ubicaba en torno al 40% a nivel nacional hoy está en un 10%.

A modo de balance, Soratti destacó en una entrevista con Télam los principales logros de la ley, que permitió una reforma integral y analizó los desafíos para reducir los tiempos de espera en los procesos de trasplante. "Suprimir el requisito de certificación familiar hizo que en Argentina se incrementara el número de donantes de manera importante y se redujeran aquellas interrupciones por oposición familiar, como se llamaba entonces", indicó el médico con especialización en Terapia Intensiva.

En este sentido, Soratti explicó que antes de que sancionara la ley, "las causas de interrupción de procesos de donación que se atribuían a la oposición de la familia estaban entre el 30 y el 40% como media nacional".

"Hoy en día casi no llegan al 10%. Hubo una disminución muy importante. Ese fue uno de los impactos más inmediatos y notables de esa modificación de la ley", remarcó el funcionario.

Entre los principales cambios, la ley hace efectivo el consentimiento presunto, lo que implica que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes, salvo aquellas que manifiesten expresamente lo contrario.

Asimismo, se puede manifestar la voluntad afirmativa o negativa hacia la donación a través de la app Mi Argentina, firmando un acta de expresión en el Incucai o en los organismos provinciales de ablación e implante; solicitando que quede asentado en el DNI; o enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.