El Consejo de la Magistratura retiró el “lawfare” del examen para designar jueces

Tribunales de Comodoro Py

La presidenta de la comisión de Selección, la diputada Graciela Camaño, firmó la resolución en donde entiende que varios puntos del temario “excederían la especialidad propia de la vacante a cubrir”.

Era un escándalo. Por eso, aunque falta que el jueves próximo se vote en una reunión de comisión oficialmente, el Consejo de la Magistratura quitó del temario de examen la inclusión de “lawfare” como material de estudio de cara al concurso para cubrir los cargos de Claudio Bonadío y Rodolfo Canicoba Corral en Comodoro Py.

Fue la presidenta de la comisión de Selección, la diputada Graciela Camaño, quien firmó la resolución en donde entiende que varios puntos del temario “excederían la especialidad propia de la vacante a cubrir”. Ahí aparecen temas como “Criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero”, “La tipicidad conglobante de Zaffaroni”, “El llamado ‘lawfare’: noción y funcionamiento”, y “el modelo constitucional Chubutense”, entre otros.

El material de estudio propuesto había sido publicado el domingo en Infobae y provocó polémica en el mundo judicial, teniendo en cuenta que justo unos días antes la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner había asegurado que el “lawfare” seguía vigente en Comodoro Py al impugnar ante la Cámara Federal de Casación Penal que el caso dólar futuro, en donde está acusada, pueda llegar a juicio.

El Consejo de la Magistratura convocó al concurso 450, destinado a cubrir dos cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal números 6 y 11 de la Capital.

El Consejo de la Magistratura convocó al concurso 450, destinado a cubrir dos cargos de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal números 6 y 11 de la Capital.

Ayer mismo, los representantes de la oposición en el Consejo el diputado Pablo Tonelli, la senadora Silvia Giacoppo y los representantes de los abogados Diego Marías y Carlos Matterson presentaron una nota haciendo saber su preocupación por que “se incluyó como ejes de la evaluación a ciertas materias o cuestiones que no constituyen derecho vigente y no se ajustan a los términos del art. 31 del Reglamento de Concursos vigente”.

“Resulta claro y manifiesto que el llamado ‘lawfare’, o las implicancias jurídicas de un imaginado ‘totalitarismo financiero latinoamericano’ no constituyen ‘institutos’ del derecho vigente en nuestro país. Si se habilitara un examen sobre estas materias, la prueba de oposición dejaría de ser un test de idoneidad objetivo para transformarse en un filtro ideológico. Ello es tan evidente como que los tribunales de la Capital Federal no aplican Derecho Constitucional chubutense”, plantearon.

“En tales condiciones, en la medida en que el art. 31 del Reglamento de Concursos somete el temario elaborado por el jurado a la aprobación por parte de la presidencia de la Comisión de Selección, es que le solicitamos que, en uso de sus facultades: 1) suprima del temario del concurso los puntos aludidos y todos aquellos otros que no se ajusten a lo previsto en el art. 31 del Reglamento de Concursos; y 2) se lo haga saber al jurado para que omita presentar para el examen casos que contengan los temas cuestionados”, reclamaron.

Casi en paralelo, la diputada Graciela Camaño firmó una resolución en donde recordó el llamado a concurso, quiénes eran los que quedaban a cargo del jurado y cuándo se haría el examen escrito. También recordó que, de acuerdo al reglamento, era el jurado el encargado de “presentar al presidente de la Comisión un temario que indicará los institutos procesales y de fondo sobre los que versarán los casos, que será inmediatamente puesto en conocimiento de los candidatos a través de la página web del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura, con siete (7) días hábiles judiciales de antelación a la celebración de la prueba”

En la resolución, se le puso nombre al que envió el temario: Minatta, integrante de la Cámara Penal de Chubut, convocado a opinar en el Senado sobre la reforma judicial el año pasado. “Ahí cerró lo del derecho constitucional chubutense”, acotaron con ironía en el Consejo. Sin embargo, se aclaró, todos los convalidaron.

“El doctor Omar Florencio Minatta presentó el temario correspondiente con fecha 3 de marzo del corriente; al cual adhirieron los restantes miembros del jurado, doctores Roberto Atilio Falcone, Alejandra Marcela Lázzaro y Adriana Molina, haciendo saber que éste había sido elaborado de manera unánime por la totalidad de ellos”, dijo Camaño en su resolución. El temario fue publicado en tiempo y forma en cumplimiento de los plazos establecidos, añadió.

“Conforme fuera advertido, algunas de las cuestiones propuestas en el temario excederían la especialidad propia de la vacante a cubrir, previstas en el citado artículo 31 del Reglamento de Concursos aplicable. En virtud de ello, corresponde quitar del temario las siguientes cuestiones: ‘Criminología Latinoamericana: la criminología en tiempos de totalitarismo financiero’; ‘El llamado lawfare: noción y funcionamiento’; y, ‘El modelo constitucional Chubutense’”, escribió Camaño.

Y añadió “ante la proximidad de los distintos actos procedimentales que deben cumplirse antes de la prueba de oposición, resulta necesario adoptar esta decisión ad referéndum de la Comisión”. Es decir, la votación que se hará el jueves para confirmar esta decisión.

En medio de esta polémica, tal como reveló hoy Infobae, renunció al jurado la constitucionalista Alejandra Lázzaro, secretaria de la Cámara Electoral, quien adujo motivos personales. El suplente es otro constitucionalista, Adrián Ventura, que –además- es periodista en TN.

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