La causa por la venta de dólares en el Senado entrerriano, entre 2012 y 2013, tuvo avances significativos en la Justicia Federal de Paraná. El fiscal Carlos García Escalada logró importantes testimonios de testigos de la negociación ilícita en oficinas del Estado y en próximos días citaría a indagatoria a algunos de los implicados en el caso, según se reveló anoche en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral). 

Entre 2012 y fines del 2013 funcionó una mesa de dinero en el Senado entrerriano, donde se movían unos 30 millones de pesos mensuales. O sea, cerca de 5 millones de dólares, porque el dólar en 2013 estaba a 6,10 pesos. Según los testimonios, se cambiaban miles de dólares por semana y de las operaciones participaban funcionarios, ministros, integrantes del Poder Judicial y conocidos empresarios. El encargado de las operaciones, que se ubicaba en una oficina lindante a la de Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera -que por esos días eran funcionarios del Senado provincial que conducía José Orlando Cáceres- se tuvo que fugar del país por las amenazas y atentados domiciliarios, después que se cayó el negocio.  

El empleado del Senado, Juan Sebastián Robledo, era uno más en la planta y había ingresado en la primera administración urribarrista junto a otros agentes de la capital entrerriana. Hay quienes dicen que la idea se le ocurrió a él a principios de 2012. Otros no dudan en afirmar que uno de los cajeros de la Cámara Baja fue el que tuvo la iniciativa para, con recursos del Estado, tratar de hacer negocios en medio del “cepo cambiario” impuesto por Cristina Fernández de Kirchner a partir de noviembre de 2011, ante el incremento en la llamada fuga de capitales. Es decir, la compra de dólares y otras divisas extranjeras por parte de familias y empresas. Las decisiones de los economistas de la expresidenta derivaron en una serie de medidas oficiales, restrictivas, con el objetivo, justamente, de evitar que compren dólares. La primera de ellas se tomó a partir del 1 de noviembre de 2011. Desde ese día, todos los argentinos tuvieron que pedir autorización a la AFIP, la agencia recaudadora de impuestos, antes de comprar divisas extranjeras. En la práctica, un gran porcentaje de la población quedó fuera de poder hacerlo, ya que la AFIP, sin más, decía que el ciudadano o la empresa presentaban supuestas "inconsistencias", por lo que se negaba la posibilidad de hacerlo. 

Robledo comenzó a ofrecer sus servicios a “amigos” de la política y la justicia. En pocos días, Robledo hizo un primer listado de 200 personas a los que atendía tres veces por semana en la oficina de la Secretaría de la Cámara Alta, ubicada junto al ascensor, en la planta baja de Casa de Gobierno. Era el escritorio de uno de los funcionarios de la Secretaría del Senado, comandada por Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera.  

Por esos días de principios de 2012 había dólar oficial; blue; paralelo; informal; celeste; green; soja; tarjeta; turista; bolsa; gris; cable y “contado con liqui”. Eran los diferentes tipos de cambio que aparecieron desde que el gobierno impuso controles y límites a la compra de divisas en octubre de 2011.

La moneda extranjera que manejaba la estructura oficial y que tenía a Robledo como “pagador”, provenía de diferentes vertientes. Conseguía dólares oficiales en el Contable del Senado, pero también ingresaba “dólar liqui”, por la cual una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda. O sea, desde los sectores ligados a la obra pública de la Nación y los negocios con Paraguay, de operadores urribarristas, eran una constante. Pero también hubo dólares provenientes de contactos con el narcotráfico y que llegaban de la misma zona. Cuando ingresaban esos dineros en pesos, había una semana o diez días para concretar el cambio. Mientras tanto, parte de esos montos -altas sumas de dinero-, iban también al financiamiento del narcotráfico.  

Estaba todo aceitado. Robledo tenía los dólares en bolsas de consorcio, que ubicaba en el suelo, abajo del escritorio. Y en otras bolsas idénticas iba guardando los pesos argentinos que le acercaban. Por lo general pedía una semana para traer los dólares y dárselos a cada cliente. Obviamente que había excepciones: algunas veces llegaba un cliente -que podía ser funcionario político o judicial o empresario- y exigía la entrega de 10 mil dólares porque lo necesitaba con urgencia. Robledo llamaba por teléfono y a los cinco minutos llegaba una persona con un sobre manila, conteniendo la cifra en dólares. 

Robledo vivía momentos de gloria. Ganaba entre 50 y 60 mil pesos por semana; tenía un buen auto y una lancha moderna. Tenía respuesta para todo. Si uno de esos clientes se ponía exigente por el pronto pago, adoptaba una modalidad más práctica. “A mí me llevó hasta el automóvil, un Fiat Punto cero kilómetro, me abría el baúl y me decía que agarrara las bolsas de consorcio. Cada bolsa tenía no menos de 500 mil pesos. Y había una mochila, repleta de dólares”, indicó un testigo del negociado. Algunas veces llegó a tener entre 600 y 700 mil dólares guardados, para cambiarle a la gente de ese listado, que comprendía a unos 350 clientes, donde además de ministros, funcionarios, conocidos abogados y gente de la justicia, también había conocidos empresarios.

Los más entendidos indican que el movimiento de dinero se fue haciendo insostenible para Robledo y la gente que lo asistía. De un día para el otro empezó a recibir llamados de empresarios chinos e importadores de negocios. El punto más álgido fue el ingreso de dineros del narcotráfico de bandas relacionadas a negocios turbios de Santa Fe. Había partidas de dinero de inversores ligados a Paraguay, pero estos de Santa Fe y Rosario se empezaron a sumar a mediados de 2013. Un inversor narco aportó casi un millón de pesos para cambiar a dólares y la operación no se terminó de concretar. Un familiar de Robledo tuvo que entregar un departamento de la zona de Los Pipos, para cubrir esa deuda, porque la situación se estaba poniendo violenta. Los damnificados comenzaron a caer uno tras otro, porque el flujo de dólares se fue achicando, hasta que se cortó. 

Cuando le dijeron que tenía que fugarse de Paraná, porque lo iban a matar, Juan Sebastián Robledo no creyó que fuera para tanto. Recién empezó a entenderlo cuando comenzaron a lloverle mensajes mafiosos a su celular. Y lo comprendió más aún ese segundo jueves de febrero de 2014 cuando le estalló una bomba molotov en la puerta de su casa, en calle Susini 95, a eso de las 3 de la madrugada. Días antes, un individuo había ingresado también a su domicilio, en horas de la noche, según reveló su esposa, madre de dos pequeños y docente.

Robledo no dudó en irse de la capital entrerriana y del país. Los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, a los que consultó por su situación, también avalaron su salida de Argentina. Terminó escondido en Porto Alegre, en un departamento de un conocido cuya identidad nunca se supo. 

Robledo retornó al país a principios de 2015. Estuvo un buen tiempo con licencia psiquiátrica en el Senado, pero algunos años después retornó a su trabajo, donde incluso fue ascendido.  

A partir de la publicación de la revista ANALISIS, se abrió una causa en el Juzgado Federal de Paraná, a fines de 2017. El primero que tomó el caso fue el exfiscal Mario Silva, aunque luego se acogió a su jubilación. La investigación está ahora en manos del fiscal Carlos García Escalada. 

García Escalada logró algunos pasos importantes. Fueron varios los empleados del Senado que en los últimos meses declararon ante el fiscal federal. De los 12 testigos que declararon, algunos decidieron mirar para otro lado o permanecer en el pacto de silencio que dispusieron algunos referentes del oficialismo. Pero hubo quienes ratificaron la totalidad del relato del que se informó en noviembre de 2016 e incluso ampliaron con más detalles. Algunos de ellos, fueron también víctimas del sistema financiero ilegal del Senado, en operaciones donde aportaron dinero y no obtuvieron los dólares prometidos. 

Fue tal la preocupación del exministro Mauro Urribarri, con el avance de la causa, que de inmediato mandó a constituirse a sus abogados defensores porteños, estrechamente ligados al exministro de Planificación, Julio De Vido, quienes viajaron a Paraná en varias oportunidades, para controlar el expediente. 

Todo indica que habrá novedades en los próximos días. Habrá más citaciones de empleados y pedidos de indagatoria de algunas personas involucradas, que tendrá que resolver el juez federal Leandro Ríos. Como para que no todo quede en la nada y la impunidad no vuelva a ganar otra batalla.