El exvocal de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Enrique Pita, se refirió al caso Castrillón, habló de los desafíos del gobierno provincial a la hora de designar a la reemplazante. En diálogo con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) volvió a cuestionar al Superior Tribunal de Justicia por su inacción cuando trató la denuncia inicial de la Asociación de Magistrados.

—En base a su experiencia, el gobierno tiene la oportunidad de proponer, y por la Ley de género tiene que ser una mujer ¿Cuánto de desafío tiene esta instancia para el gobierno después del episodio Castrillón?

—Yo creo que el desafío del gobierno es la integración del Superior Tribunal con abogados que tengan el perfil adecuado de lo que la sociedad pretende en cuanto a perfil de personas con formación jurídica, con honestidad personal, con conducta indiscutida, y toda estas circunstancias que a veces se obtienen por contraposición a lo que uno encuentra.

—El episodio Castrillón dejó planteada una necesidad de fortalecer la institución STJ, que no vuelva a pasar algo parecido. El propio Ejecutivo y el gobernador quedan muy expuestos a que la ficha que mueva tiene que ser importante.

—Coincido totalmente, esto es un desafío que sin dudas hay un reclamo social generalizado que las coberturas de estos cargos del Superior Tribunal se realicen a partir de elevar la mira, elevar el perfil en la selección de la persona, en este caso por la Ley de paridad de género y por la mismas circunstancias que tiene que ser claramente una mujer.

—¿Cuánto de autocrítica debería darse a su entender el seno del STJ después de todo lo que pasó? Está claro que hubo muchas falencias. Nadie le puso un parate o denunció, salvo Susana Medina.

—El episodio Castrillón produce una serie de consecuencias, una la exigencia que impone a la hora de la selección de la eventual persona que lo reemplace, y por otro lado me parece que también esto justifica que el Superior también revise o rectifique la toma de decisión frente a situaciones como esta. Yo señalé que en el primer episodio, de allá por el año 2007, incluso el Superior fue mucho más vehemente, que nos llamó la atención a los que habíamos denunciado porque decía que era injustificado e improcedente el planteo, y en este caso también. Cuando la Asociación de Magistrados formula la presentación respecto al último episodio el Superior también, si bien es una declaración mucho más atenuada que aquella declaración histórica, lo que yo puedo criticar o que corresponde observar, es que me parece que aún que hubieran hecho una declaración que no son competentes, cosa que es relativa, lo que cabía era decir al menos algún mensaje respecto a qué tipo de comportamiento objetivamente, más allá de no considerarlo aplicable a este caso, es exigible de quien integra una Corte provincial. Eso pudo faltar, sin perjuicio que hay una sensación en mis excolegas, en los que integran el Poder Judicial, jueces, camaristas, la percepción de que el Superior Tribunal se erige como diciendo “ellos sí están en condiciones de juzgar a todo el resto de la magistratura pero ellos no”, como ocurre con las monarquías en España, donde el rey tiene inmunidad y pudo salir a matar elefantes y hacer todo lo que hizo, tema que está en revisión incluso en esas democracias parlamentarias. Pareciera que el Superior está ajeno a la posibilidad de juzgar la propia conducta de sus integrantes, y en cambio está habilitado a juzgar la conducta del resto de la magistratura.

—¿Está faltando mayor debate, mayor intensidad de debate sobre lo que pasa en la Justicia de parte de los propios magistrados o la propia estructura de los colegios de abogados?

—Yo creo que sí, el debate se da permanentemente pero me parece que estos hechos son detonantes o son propicios para que ese revise el debate. Acá en la provincia tenemos cosas muy auspiciosas, cosas que relativamente funcionan y han generado un resultado positivo en el Poder Judicial, por ejemplo en el Consejo de la Magistratura, lo rescato, lo comparo con los otros y fundamentalmente si lo comparamos con el Consejo de la Magistratura nacional que está en una situación de colapso y de descrédito absoluto y de politización absoluta, Entre Ríos logró diseñar un modelo de Consejo de la Magistratura, con sus problemas, puede haber aspectos perfectibles, pero tiene una integración escasamente política, solo un representante del Poder Ejecutivo, no lo integran ni senadores ni diputados, no tiene una conformación política, a eso se ha unido que los sucesivos gobernadores desde que entró en vigencia prácticamente han respetado, salvo excepciones, los primeros nombres de la propuesta y el Consejo ha tenido una integración plural y un funcionamiento que es perfectible, reitero, pero creo que ha generado una renovación en la integración del Poder Judicial, por debajo del Superior Tribunal, una renovación, gene joven, gente formada, capacitada y que ha entrado por sus propios méritos, no ha tenido que ir a pedirle a un diputado, o a un senador, o a un tío, o a un pariente, sino que ha traído sus méritos, ha rendido su posición y ha terminado en cargos expectables incluso con independencia de sus orígenes o sus antecedentes políticos, familiares. Eso hay que rescatarlo y acá donde se está dando el problema, entre esa renovación del Poder Judicial, que lleva casi 20 años, desde el 2003 que arrancó el primer esquema del Consejo de la Magistratura a través de un sistema de decreto y lo consolida la Constitución en 2008. Entonces hay una situación que se ve clara entre esta integración en base a criterios objetivos, de idoneidad e independencia en general, y por el otro lado en el Superior Tribunal la no correspondencia entre la forma en que se seleccionan los integrantes del Superior Tribunal.