En un juicio conexo a la quiebra, los síndicos fueron imputados por adulteración del libro de actas y uso de instrumento público falsificado.
De ANÁLISIS
Cuatro miembros de la sindicatura que llevó la quiebra de Calimboy SA, en Concepción del Uruguay, irán a juicio en agosto próximo. El debate que está previsto para los días 24 y 25 de agosto a las 9, en el marco del legajo por supuesta falsificación de documentos públicos.
Se trata de Olga Raquel Amoroso; Oscar Alfredo Colombo; Haydee Liliana Villagra; y Mirta Liliana Giles, quienes fueron miembros de la Sindicatura que llevó adelante la quiebra de la empresa Calimboy en La Histórica. Los cuatro fueron acusados del delito de “adulteración de instrumento público, uso de instrumento público alterado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal”. Así se establece en el legajo N°1530 F°221L. I, (Leg. UFI 5063/17), que el juez de Garantías N°2 de Concepción del Uruguay, Gustavo Ariel Díaz, elevó en virtud de la remisión a juicio. Los cuatro aguardan la instancia en libertad.
A cargo del debate estará el doctor Rubén Chaia. Participará también el querellante Antonio Mainez en representación de Alberto Grané; y los defensores Sebastián Arrechea y Félix Pérez en representación de los imputados. Se indicó además que iniciado el debate, en primer término testimoniarán los testigos ofrecidos por la acusación; y seguirán los propuestos por la defensa.
La acusación consideró en la oportunidad la defensa pidió la suspensión del juicio a prueba de los imputados que se trata de “funcionarios de la Quiebra, han estafado al juez y han perjudicado al querellante”. “Es un metié propio que la ley asigna a los síndicos, y entiende la querella que conforme lo establece el Código Procesal Penal, la probation se da conforme lo que determina la ley, en referencia al Código Penal, y podríamos plantear que no procedería por los montos de la pena, y los concursos reales, ni por la existencia de pena de Inhabilitación, pero tampoco porque los síndicos son funcionarios públicos”.
“Este juicio se realiza para la primera imputación, llama la atención que el juez de la cusa Máximo Mir, donde se cometieron los ilícitos y la estafa procesal, no actuó ni antes ni después de que estuvieron los hechos denunciados”, acotó.
Pedro Báez y Sergio Urribarri. (Foto: ANÁLISIS)
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